Las pulseras antimaltrato, que es como se conocen coloquialmente a los dispositivos telemáticos con GPS que llevan la mujer y su maltratador y que lanza una señal de alarma cuando este último inflige la orden de alejamiento, están en el centro de la polémica desde la alerta que lanzó en enero de 2024 el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, a la actual ministra de Igualdad, Ana Redondo, sobre el riesgo que comportaban estos dispositivos de protección para las víctimas de violencia de género y agresión sexual. La expresidenta de este observatorio, un órgano adscrito al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), María Ángeles Carmona denunció públicamente que los dispositivos tenían fallos técnicos, no ofrecían garantías, carecían de fiabilidad y a veces se quedaban sin cobertura, lo que ponía en riesgo a las víctimas. El Sindicato Unificado de Policía y algunos jueces también alertaron de problemas en la operatividad de las pulseras a lo largo del primer semestre de 2024. La alarma social y jurídica creció por la repercusión de las denuncias en medios y en redes sociales, cuando se empezaron a registrar sobreseimientos y absoluciones de agresores por falta de registros previos a marzo de 2024. Ahora, la publicación de la memoria anual de la Fiscalía General del Estado, en la que se ha reconocido oficialmente el alcance de los errores informáticos y la pérdida de registros de seguimiento sobre maltratadores, ha vuelto a poner las pulseras en el centro de la diana. Carmona ha vuelto a reiterar su denuncia sobre la falta de fiabilidad de estas pulseras, e incluso ha afirmado que "comprobó personalmente" que algunas "se habían comprado a AliExpress".
Un cambio de proveedor, el origen de la polémica
A raiz de la publicación de la memoria de la Fiscalía, se han sucedido las críticas a la anterior ministra de Igualdad, Irene Montero, que, antes de su destitución, impulsó el cambio de proveedor de las pulseras encargado de gestionar el sistema de seguimiento telemático de agresores con orden de alejamiento en España, que es al origen de la polémica que se arrastra desde hace meses y que ahora ha vuelto a resucitar. El cambio de proveedor del servicio de pulseras antimaltrato en España se produjo oficialmente el 8 de marzo de 2024, después de la migración del sistema tecnológico a finales del 2023 desde Telefónica (con el suyo subcontrata Securitas Direct) a la nueva Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Vodafone y Securitas Seguridad Espanya. La licitación de este nuevo contrato, se hizo por unos 42 millones de euros para tres años. Telefónica, que había gestionado el servicio hasta entonces, no se presentó al concurso. "Lo advertimos. Advertimos que este servicio no tenía las garantías", explicó Carmona a El Confidencial.
Vacío de información por la migración de los datos
Carmona sostiene que los fallos se han repetido desde entonces y que han tenido un impacto directo en las víctimas. Según sus declaraciones, el error en la migración de datos al pasar de una compañía a otra provocó un vacío de información en los primeros meses de 2024. La expresidenta del Observatorio para la Violencia Doméstica y de Género denunció a El Confidencial que las nuevas pulseras presentan tres problemas graves: las alertas fallan a veces, el sistema no siempre comunica a tiempo cuándo un dispositivo ha sido manipulado o abandonado y, el más grave, los agresores pueden quitárselas con facilidad. Según el rotativo, el error informático, que se produjo durante el cambio de empresa gestora, dejó accesible solo la información posterior a marzo de 2024, provocando sobreseimientos y absoluciones de agresores para no poder demostrar incumplimientos de las órdenes de alejamiento. En julio de 2024, cerca de 5.000 mujeres tuvieron que extremar la precaución porque el sistema estuvo inoperativo durante días.
La Fiscalía tranquiliza a las víctimas
La Unidad de Violencia sobre la Mujer de la Fiscalía General del Estado ha salido al paso de la polémica por los fallos en las pulseras antimaltrato, buscando tranquilizar a las víctimas. En un comunicado, el organismo "lamenta profundamente la inquietud" que la información sobre este tema ha podido causar. La Fiscalía asegura de manera categórica que "las víctimas estuvieron protegidas en todo momento, porque los dispositivos funcionaron." La Fiscalía y el Ministerio de Igualdad han calificado los fallos de "puntuales" y aseguran que la protección se mantuvo en todo momento. El Ministerio Público ha explicado que los fallos que se reflejaron en la Memoria de 2024 se debieron a "problemas puntuales debidos a la migración de datos que afectaban procesos penales". Según su versión, la información requerida por los juzgados no se pudo obtener en un periodo concreto, pero el dispositivo "funcionaba correctamente". La Fiscalía destaca que la coordinación entre las diferentes fiscalías permitió detectar el problema de manera inmediata y ponerlo en conocimiento de las autoridades.
Con respecto a las consecuencias judiciales, el organismo subraya que "la mayoría de los casos" que se vieron afectados se resolvieron favorablemente. "Los sobreseimientos provisionales se reabrieron una vez recuperados los datos", afirman. Además, la Fiscalía insiste en que estos procedimientos se referían al delito de "ruptura" de la medida de alejamiento y no a agresiones físicas o de otro tipo. En este sentido, recuerdan que el informe técnico no es la única prueba inculpatoria, ya que "pudo haber otros elementos probatorios". No obstante, sindicatos policiales, jueces e insisten en que el sistema telemático "no es fiable", y que su uso ha disminuido sensiblemente porque algunos jueces prefieren medidas como el ingreso en la prisión antes que confiar en las pulseras.
El PP se ha lanzado contra el Gobierno después de la polémica. Alberto Núñez Feijóo ha exigido la dimisión de la ministra de Igualdad, Ana Redondo. Además, la portavoz popular en el Senado, Alicia García, ha reclamado que Redondo dé explicaciones en el próximo Pleno de septiembre, advirtiendo que "ignorar durante tanto tiempo un aviso tan grave no es incompetencia, es irresponsabilidad criminal". El ministro Grande-Marlaska insiste en que existen medios suficientes y animó a denunciar, pero el mismo Sindicato Unificado de Policía exige más medios y mayor formación especializada.
¿Cómo funcionan las pulseras de control telemático?
Las pulseras antimaltrato de control telemático permiten conocer la ubicación exacta de los agresores machistas con órdenes de alejamiento de sus víctimas, de manera que sirven para proteger a las mujeres y documentar posibles rupturas de estas órdenes. Son más de 4.500 los hombres que las llevan| puestas, según informa Efe. Estos dispositivos se utilizan en España desde el 2009 (Telefónica gestionó el servicio desde su inicio hasta el 2023, cuando se hizo el cambio de proveedor a Vodafone) y desde que funciona el servicio no ha sido asesinada ninguna víctima que la llevara. Cuando un juzgado lo decreta, se instala una pulsera en la muñeca o el tobillo del agresor que tiene orden de alejamiento. A la víctima se le proporciona un teléfono inteligente que alertará cuando el hombre se acerca a ella a pesar de la prohibición de aproximación.
Seguridad, documentar y disuadir
Su instalación persigue un triple objetivo: garantizar la seguridad de la mujer, documentar una posible ruptura del orden de alejamiento y disuadir al agresor del incumplimiento de las prohibiciones impuestas judicialmente. Inicialmente, las pulseras se instalaban para proteger víctimas de violencia de género, pero gracias a la ley del solo sí que es sí también se puede utilizar para controlar la localización de agresores sexuales. Ya no funcionan solo por parejas (un agresor, una víctima), sino que la pulsera de uno investigado o condenado se puede sincronizar con el terminal de varias víctimas y también una víctima puede estar protegida enfrente de varios agresores.
Una vida útil de 12 meses
La pulsera de geolocalización tiene una correa que detecta roturas y manipulaciones, una vida útil de 12 meses y se puede cargar de manera sencilla. La víctima puede recibir notificaciones en su teléfono y hacer videollamadas, enviar imágenes y lanzar un mensaje de alerta en el centro de control. Además, el terminal puede detectar una caída y enviar una alerta que hará que el Centro de Control de Medidas Telemáticas de Alejamiento (Cometa) se ponga en contacto con ella para verificar su estado. El teléfono de la víctima puede emitir alertas visuales, sonoras y de vibración cuando el dispositivo del investigado está cerca. También cuenta con un botón de emergencia para alertar de una situación de peligro. Si el agresor se acerca a la mujer o a la zona de exclusión fija (a la cual no puede ir por orden judicial), la pulsera sufre daños o pierde la cobertura, el sistema lanza alerta en el centro Cometa y este actúa en función de la situación: llamando al agresor, contactando con las fuerzas y cuerpos de seguridad y/o hablando con la víctima.