El nuevo modelo de financiación apenas ha dado esta semana su primer paso: primero con el pacto entre el Gobierno y Esquerra Republicana y después con su presentación a cargo de la ministra y vicepresidenta María Jesús Montero, que ha querido subrayar que este no es un modelo hecho a medida para Catalunya. Mientras tanto, des de Barcelona, todo el mundo quiere trasladar el peso sobre Junts per Catalunya, a quien presionan para votar a favor de una eventual ley en el Congreso de los Diputados, ya que sus siete diputados son imprescindibles para que salga adelante. Los de Carles Puigdemont, sin embargo, ya se plantean una enmienda con texto alternativo, reclamando, como siempre, un concierto económico. Por todo ello, parece difícil que este nuevo modelo acabe viendo la luz ("hay mucho trabajo por hacer", ha dicho Oriol Junqueras desde la sede de Esquerra Republicana) pero los barones autonómicos del PP ya se ponen en lo que para ellos, que rechazan este nuevo modelo pactado con un partido independentista, sería el peor de los escenarios posibles: que el Congreso validara la ley y el plan de Montero, que entonces ya habrá abandonado el Gobierno, triunfe. Ante este escenario, diversas autonomías gobernadas por el PP se plantean llevar al Tribunal Constitucional el nuevo modelo de financiación si este es avalado, siguiendo la línea de la respuesta jurídica contra la ley de amnistía. 

Según explica el diario El Mundo, la Comunidad de Madrid, con Isabel Díaz Ayuso al frente, Castilla y León, la Región de Murcia y Aragón, ya estudian esta vía legal, mientras que otras, como Andalucía, todavía se lo están pensando y no se pronuncian. Hay que tener en cuenta que, según el modelo presentado por Montero, candidata del PSOE a las elecciones a los Junts, la autonomía más poblada del Estado, sería la que vería más incrementados sus recursos, con 4.846 millones más, por delante de Catalunya (4.686) y el País Valencià (3.669). Este gobierno autonómico, de momento, no se ha pronunciado al respecto. 

El aviso de Ayuso en julio: "Sentencia de muerte contra España"

Por ejemplo, en el caso de Aragón, con el conflicto abierto con Catalunya por el caso de las pinturas de Sijena y con el director del MNAC en el foco de la polémica, este medio recoge que el gobierno de Jorge Azcón, en plena precampaña para las elecciones de febrero, irá "100%" al Tribunal Constitucional en el caso de que el nuevo modelo se apruebe, al considerar que se rompe la igualdad y el concepto de solidaridad entre los territorios del Estado, con el único objetivo, dicen, de beneficiar al país. Si hubo alguien que se adelantó en este posible escenario es Isabel Díaz Ayuso, de gira por América Latina, donde es recibida por Javier Milei. Ya en verano, después de la Comisión Bilateral entre el Estado y la Generalitat para tratar este tema, la madrileña advertía: "Tenemos que revertir todo este desastre. Iremos a la Audiencia Nacional, al Tribunal Constitucional, a la unidad de todas las autonomías, donde sea que tengamos que ir... para decir que Madrid se niega a firmar esta sentencia de muerte contra España". Una posición que no ha cambiado.