Nuevo escándalo en el principal centro español de investigación del cáncer, por el presunto robo de 25 millones de euros en 18 años. Según ha publicado El Mundo este lunes, un alto directivo del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) ha presentado una denuncia de 120 páginas en la Fiscalía Anticorrupción por la supuesta malversación de fondos públicos. Todo, cuando hace casi un año que estalló una crisis en la institución por la gestión de la directora científica, Maria Blasco, y que ya salpicó al Gobierno. La crisis se volvió total cuando el patronato destituyó a Blasco y al gerente del centro, Juan Arroyo, que también había recibido ataques. Pero ahora la situación parece más grave que entonces.
El denunciante, que ocupó cargos como el de director de Compras (2022-2025) y de Operaciones (2024-2025), ha acusado a empresas afines a exdirectivos del CNIO de inflar contratos, fraccionar pagos y cobrar por servicios ficticios en áreas administrativas, logísticas e informáticas. La denuncia cuenta con el apoyo del jefe de Cumplimiento Normativo y cuatro técnicos, e incluye 500 documentos como contratos, correos y audios. Asimismo, señala al mencionado Arroyo como protector del esquema. Si bien fue destituido en enero de este año como gerente, es verdad que continuó como vicedirector de Asuntos Económicos.
Sobrecostes y contratos manipulados
La querella fue presentada el 27 de junio de 2025 y revela un presunto "torrente de microcorrupción" mediante adjudicaciones irregulares que habrían beneficiado principalmente a tres empresas con vínculos personales. Las irregularidades denunciadas incluyen fraccionamientos de pagos, que están prohibidos en la ley de contratos del sector público; servicios inexistentes, como 3.000 euros por digitalizar un expediente simple en el año 2007; y adjudicaciones directas sin concurrencia. Cabe añadir que los denunciantes fueron destituidos el 31 de agosto de 2025, unos días antes de un cambio de dirección impuesto por el Ministerio de Ciencia. Los denunciantes habían descubierto "cosas sospechosas" al implementar nuevos controles de gastos, enfrontándose supuestamente a "presiones expresas del gerente" para adjudicar a la empresa Gedosol y a gritos por cuestionar contratos.
La primera de las empresas señaladas es Gedosol SL, que fue fundada en 2007 por la pareja del ex jefe de Personal y que cobró 15,1 millones de euros como único cliente por desarrollos ficticios tanto en SAP como en gestión de personal. Los supuestos sobrecostes calculados son de 3,3 millones de euros, incluyendo 4,5 millones en personal inflado —como el caso de los 142.000 euros destinados a un trabajador valorado en 30.000—. Por otro lado, Zeus SL, creada por el exdirector técnico (y amigo íntimo de Arroyo) y que ganó los quince contratos de SAP por 5,2 millones de euros a pesar de su presunta inexperiencia. Asimismo, se han calculado 1,4 millones de euros en sobrecostes y "tratos de favor". Finalmente, Alaos ITL SL, vinculada a excompañeros y que obtuvo contratos tanto de almacenamiento como de esterilización con 1,3 millones en sobreprecios.
Impacto en la investigación oncológica
En definitiva, el hecho es que el presunto fraude habría desviado recursos clave de la lucha contra el cáncer, generando millones de euros en sobrecostes que podrían haber financiado avances científicos. Ahora, la Fiscalía de Madrid evaluará la denuncia —que incluye testimonios sobre prácticas "que no se hacen en ningún otro centro de Europa"—. Por su parte, el CNIO se ha limitado a "respetar los procedimientos judiciales", a pesar de las dudas que generan las destituciones de los denunciantes. La realidad es que el caso podría erosionar la confianza en el principal centro español de investigación contra el cáncer y afectar su financiación, sobre todo en un contexto en el que han salido a la luz irregularidades en otras instituciones —como es el caso de Manel Esteller, que dejó el Instituto Josep Carreras tras una auditoría—.
Ya hemos dicho que este nuevo escándalo llega casi un año después de una primera crisis, que afectó a la directora científica, María Blasco, y al gerente, Juan Arroyo. Mientras que Blasco fue acusada de malversación, autoritarismo y deterioro de la investigación —con buena parte de los jefes científicos pidiendo su salida—, la directora científica denunció acoso y apuntó directamente contra Arroyo. Ahora, el nombre de Arroyo vuelve a estar sobre la mesa.