Vox ha incrementado el ataque contra el catalán en la escuela balear y ahora quiere tumbar el decreto de mínimos. El partido de extrema derecha ha registrado este lunes en el Parlament una proposición de ley para modificar la ley educativa de las Illes Balears, con el fin de incluir el castellano como lengua vehicular. En las palabras del grupo ultra, el objetivo es "empezar a devolver al sistema educativo balear la libertad, el equilibrio y la igualdad entre las dos lenguas oficiales". La iniciativa es fruto del acuerdo alcanzado con el PP para aprobar los presupuestos de 2025, aunque los populares ya han adelantado que rechazarán la reforma educativa de Vox.
La formación de extrema derecha ha asegurado que la propuesta responde a una supuesta "demanda histórica" de unos determinados sectores sociales y educativos "que han sido marginados y silenciados durante décadas por políticas lingüísticas excluyentes y sectarias", y que pretende revertir el modelo de inmersión en catalán "impuesto por los gobiernos nacionalistas, y garantizar la presencia del castellano como lengua vehicular en condiciones de igualdad". "No se puede hablar de igualdad mientras se excluye el castellano de las aulas. No se puede hablar de libertad mientras se margina la lengua que es conjuraba a todos los españoles. Esta ley marca el camino hacia el objetivo final, la libre elección de lengua", ha afirmado la portavoz ultra en el Parlament, Manuela Cañadas.
¿Qué es el decreto de mínimos?
Antes de continuar, hay que recordar que el decreto de mínimos es la ley que regula el uso y la enseñanza de la lengua catalana a los centros docentes no universitarios de las Balears. Fue aprobado el 4 de julio de 1997 por el primer gobierno del popular Jaume Matas, y estableció que un mínimo del 50% de la escolarización se tiene que cursar en catalán. Los artículos clave son el 16, el 17, el 18 y el 19: el decimosexto dice que, en la educación infantil, "el uso de la lengua catalana, propia de las Illes Balears, como lengua de comunicación y de enseñanza, será como mínimo igual en el de la lengua castellana", sin especificar una distribución horaria concreta para cada idioma; el decimoséptimo concreta que, en la educación primaria, como mínimo la mitad de las horas de clase se tienen que hacer en catalán y que conocimiento del medio natural, social y cultural será obligatoriamente en catalán; el decimoctavo insiste en el mínimo del 50% en catalán a la educación secundaria obligatoria, y especifica que las asignaturas de ciencias sociales, geografía, historia y ciencias de la naturaleza tienen que ser en catalán; y el decimonoveno, en referencia a la educación secundaria postobligatoria, no concreta las materias en catalán, pero sí que mantiene el mínimo del 50%.
Lo que reclama ahora Vox son cambios en el redactado de la ley 1/2022 de educación de Balears, y propone que los centros puedan organizar agrupamientos flexibles en función de la lengua elegida por las familias, a la vez que promueve el uso y difusión de las modalidades insulares de la lengua catalana. Según los cambios propuestos, "la lengua castellana y la lengua catalana serán las lenguas de enseñanza y aprendizaje" y "con el objetivo de garantizar la competencia comunicativa llena y equivalente en las dos lenguas oficiales al acabar las enseñanzas obligatorias, ambas lenguas estarán en una proporción de equilibrio e igualdad, quedando reflejado en cada centro educativo mediante la aprobación de su proyecto lingüístico.
El 'no' del PP a la propuesta de Vox
El redactado propuesto también señala que "las condiciones de uso de las lenguas en los centros educativos se desarrollarán de acuerdo con un bilingüismo marcado por la cooficialidad de las dos lenguas". Al mismo tiempo, se propone que los padres, las madres y los tutores legales que quieran hacer efectivo el derecho a recibir la primera enseñanza en su lengua (catalán o castellano) puedan ejercer el derecho en el momento que se hace la matrícula en cuarto de educación infantil o, excepcionalmente, en el primer ciclo de la educación primaria, siempre que no se haya matriculado antes en la educación infantil.
Ante este texto, el portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, ha adelantado que rechazarán la reforma educativa de Vox para introducir el castellano como lengua vehicular. "Se acordó que llevaríamos una modificación de la ley para que las dos lenguas sean vehiculares. Y punto. La hemos leído rápidamente, pero la proposición no tiene nada que ver con los acuerdos y se carga el decreto de mínimos", ha señalado Sagreras en rueda de prensa, a la vez que ha señalado que los ultras han presentado la reforma de manera "unilateral". Finalmente, ha insistido en que la propuesta de Vox sobrepasa "algunas líneas rojas", aunque no ha avanzado cuando los populares presenten su propuesta para cumplir con los acuerdos con la extrema derecha e introducir el castellano como lengua vehicular. Antes de la rueda de Sagreras, el conseller de Educació, Antoni Vera (PP), ha respondido a las preguntas de IB3 y ha garantizado el cumplimiento de los acuerdos con Vox, aunque se ha referido a los proyectos lingüísticos de centro como principios rectores que no tienen por qué cambiar.
La oposición culpa el PP
Pero ni las palabras de Sagreras ni las de Vera han evitado que la oposición culpe el PP del intento de Vox para fulminar el decreto de mínimos. La diputada del PSIB Amanda Fernández ha pedido a los populares que no blanqueen la reforma planteada por la extrema derecha, y ha recordado que la propuesta va en contra de las leyes ya consensuadas y que tienen el aval del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (TSJIB).
En la misma línea, el portavoz de los ecosoberanistas de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha afirmado que le hace "pereza y vergüenza" lo que proponen los socios de la presidenta Marga Prohens. "Lo que han pactado el PP y Vox no es lo que se ha presentado hoy. Se han cargado absolutamente todo el decreto de mínimos. La pregunta es qué hará el PP. ¿Aprobará cargarse el decreto de mínimos? Que reflexionen sobre los socios que han elegido", ha dicho, criticando los populares por su seguidismo respecto de los ultras.