Los grupos parlamentarios del Partido Popular y de Vox han cerrado un acuerdo para aprobar los presupuestos autonómicos de las Illes Balears para el 2025. Este pacto incluye modificaciones en la ley educativa para establecer como lenguas vehiculares tanto el catalán como el castellano, así como la derogación de la ley de memoria democrática. Según el documento firmado por los portavoces parlamentarios Sebastià Sagreras (PP) y Manuela Cañadas (Vox), después de que el Consejo de Gobierno haya aprobado el proyecto de presupuestos, se prevé la reforma de la ley educativa balear para garantizar la presencia de las dos lenguas en la enseñanza y promover las modalidades lingüísticas propias de cada isla.

Además, se impulsará un plan piloto voluntario que permita a las familias escoger la lengua de escolarización de sus hijos, con recursos suficientes para su aplicación a la educación primaria y la extensión a la secundaria durante el curso 2025-2026. El objetivo es que al menos un centro educativo de cada comarca participe en este plan|plano antes de finalizar la legislatura.

Con respecto a la función pública, el acuerdo contempla que todos los formularios y trámites administrativos estén disponibles tanto en catalán como en castellano, y que los ciudadanos puedan escoger la lengua que prefieran. También se revisarán las exigencias de conocimiento del catalán para determinadas plazas públicas, especialmente aquellas de difícil cobertura o que no impliquen atención directa al público, permitiendo la acreditación del nivel lingüístico una vez obtenida la plaza.

No acogerán a más menores no acompañados

En materia migratoria, PP y Vox han acordado no acoger a más menores migrantes no acompañados procedentes de otras comunidades autónomas ni financiar nuevos centros de acogida para este colectivo. También se prevé realizar pruebas de edad más fiables e iniciar los trámites de expulsión para aquellos que no las superen, de acuerdo con la legislación de extranjería. Además, se propone colaborar con los consejos insulares en la elaboración de planes|planos de retorno de los menores migrantes a sus países de origen. Finalmente, se limitarán las ayudas de cooperación con países que no colaboren en el retorno de migrantes, así como con organizaciones islamistas y asociaciones u ONG que, según el acuerdo, colaboren con el tráfico de personas y la inmigración irregular.

La ruptura PP y Vox

Aunque las dos formaciones firmaron un pacto de gobernabilidad al inicio de legislatura, Vox lo dio por roto en julio del año pasado, desvinculándose del PP en varias comunidades donde compartían poder o acuerdos estables. Aquella ruptura bloqueó la aprobación de los presupuestos baleares para 2024. A pesar de todo, Vox sí que facilitó la aprobación del techo de gasto para este año, valorado en 6.562 millones de euros, con su abstención. Esta cifra será la base sobre la cual se construirá el nuevo proyecto presupuestario para 2025.

La presidenta Marga Prohens ha comparecido en rueda de prensa acompañada del conseller d'Economia, Hisenda i Innovació, Antoni Costa, y ha reconocido que la negociación con la tercera fuerza política ha sido “compleja y global”. A grandes rasgos, el Ejecutivo autonómico atiende varias reclamaciones consideradas por Vox en materia lingüística, de inmigración irregular y sobre el Pacto Verde Europeo. Prohens se ha comprometido a impulsar medidas concretas, en el marco de las competencias autonómicas, contra la inmigración irregular y en defensa del sector primario. En materia de lengua, la líder del Ejecutivo ha afirmado que PP y Vox han encontrado puntos de acuerdo sin renunciar cada formación “a sus líneas rojas”.

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