La Unidad Central Operativa (UCO) se ha presentado en los ministerios de Hacienda y Transición Ecológica por la trama de Leire Díez, con el objetivo de requerir documentación relativa a presuntas irregularidades en contrataciones públicas. Concretamente, los agentes de la Guardia Civil se han personado este viernes en sedes de organismos dependientes de los Ministerios de Hacienda y Transición Ecológica, fundamentalmente direcciones generales, así como en la sede de Correos. También han requerido expedientes a Patrimonio del Estado y al Tribunal de Recursos Contractuales.

Se trata de actuaciones que corresponden a la investigación abierta en la Audiencia Nacional en la que fueron detenidos este miércoles la misma Díez, conocida como la fontanera del PSOE, así como el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso, socio en la compañía Servinabar del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán. La previsión es que los tres detenidos pasen a disposición judicial este sábado a partir de las 10:00 horas ante el juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña, que decidirá si los deja en libertad o si los envía a prisión provisional tras tomarles declaración.

Operación en marcha

El juzgado central número 6 de la Audiencia Nacional ordenó 19 registros y requerimientos de información este miércoles, y se conocieron algunos de ellos, como los que tuvieron lugar en las sedes de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y de Enusa, empresa pública en la que trabajó la fontanera durante una temporada —igual que en Correos—. Las detenciones, los registros y los requerimientos de información forman parte de una operación en marcha que mantienen los agentes de la UCO por orden del juez Piña, en el marco de una causa que permanece bajo secreto de sumario, que ha sido impulsada por la Fiscalía Anticorrupción y en la que se investigan los presuntos delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal.

A las detenciones de Díez, Fernández y Alonso, hay que sumarles las del propietario de Plus Ultra, Julio Martínez, y el del director ejecutivo de la aerolínea, Roberto Roselli, después de que la policía española accediera este jueves a la sede de la compañía. En el caso de Plus Ultra, lo que se investiga es el supuesto uso del rescate de la SEPI para blanquear el negocio del oro venezolano. En cualquier caso, esta semana ha habido hasta cinco detenciones por corrupción, en una semana horribilis para el PSOE, en la que no hay que olvidarse ni de las dimisiones por las acusaciones de acoso sexual del senador Javier Izquierdo y del presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, además de las últimas informaciones de la UCO sobre José Luis Ábalos —a quien el Tribunal Supremo ya ha enviado a juicio—.