La Policía Nacional ha detenido al propietario de la aerolínea Plus Ultra, Julio Martínez, y al director ejecutivo, Roberto Roselli, después de acceder este jueves a la sede de esta compañía para buscar documentación en el marco de una investigación abierta por un presunto delito de blanqueo de capitales. Ambos arrestos se enmarcan en una causa dirigida por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid y aunque coincide en el tiempo se trata de una investigación diferente con la operación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que, hasta este jueves por la mañana, se ha saldado con varios registros y tres detenciones: la de Leire Díez, fontanera del PSOE; Vicente Fernández, expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI, dependiente del Ministerio de Hacienda); y Antxon Alonso, empresario de Servinabar y socio de Santos Cerdán.
El juzgado que instruye y dirige esta operación investigó el rescate de 53 millones de euros de la aerolínea con la implicación de la SEPI y del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE). El polémico rescate se aprobó en marzo de 2021, en plena pandemia, como parte del programa gubernamental para salvar empresas afectadas por la crisis sanitaria, argumentando su "condición estratégica" para conectar el Estado español con América Latina y mantener empleos tanto directos como indirectos. Sin embargo, la aerolínea operaba solo con dos aviones, tenía una cuota de mercado del 0,1% en la aviación comercial y arrastraba pérdidas millonarias desde antes de la covid-19. La Fiscalía sostenía que Plus Ultra habría utilizado parte del rescate para devolver supuestos préstamos a cuentas en el extranjero que pertenecían a sociedades vinculadas a una presunta organización criminal, que estaría implicada en actividades ilícitas, como la venta de oro procedente del Banco Central de Venezuela, que habrían servido para blanquear grandes sumas de dinero procedentes de actos de malversación cometidos por funcionarios de este país
El mismo juzgado había archivado la causa en 2023
El enero de 2023, sin embargo, el mismo Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid archivó la causa sobre las presuntas irregularidades en el rescate. En aquel momento, la jueza Esperanza Collazos señaló en un auto que el rescate de la aerolínea fue aprobado por el Consejo de Ministros, por lo que los imputados "no tenían capacidad de decisión", después de que la Audiencia de Madrid diera la razón a la aerolínea y estableciera que no se podía acordar la declaración como investigado de su representante legal para "agotar el plazo de 12 meses previstos" para el desarrollo de las indagaciones.