El caso contra la familia Pujol Ferrusola llega a juicio en la Audiencia Nacional después de trece años de investigación legal y quince de ilegal. Ofrecemos una guía de los nombres de quienes serán los principales protagonistas de este juicio, histórico para Catalunya por su significado y por la imputación hecha al que fue presidente de Catalunya de 1980 a 2003, Jordi Pujol i Soley. También de los principales hechos imputados. Son 19 personas procesadas y 254 testigos admitidos.
El tribunal
El tribunal que juzgará a los Pujol y a una decena de empresarios es la sección 1ª de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional. Ha habido dos cambios en la composición del tribunal, que, al final, está formado por los magistrados: José Ricardo de Prada Solaesa, un veterano magistrado progresista y especialista en Derecho Internacional de Derechos Humanos; Ana Mercedes del Molino Romera, también de talante progresista, y María Fernanda García Pérez, que será la ponente, es decir la que redactará la sentencia. La magistrada García Pérez fue ponente en la sentencia de la caja B del Partido Popular, y en 2022 ocupó la vacante en la Audiencia Nacional, que dejaba la magistrada Concepción Espejel, ahora en el bloque conservador del Tribunal Constitucional (TC).
Las acusaciones
Fernando Bermejo es el fiscal que conducirá la acusación en nombre de la Fiscalía Anticorrupción. Es un veterano fiscal, que primero ejerció en Catalunya, y con el fiscal José Grinda, registró la sede de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) en el caso 3%, coetáneo al caso Pujol y pendiente de juzgarse. También se le adjudicó la causa de la fortuna de los Pujol en Andorra en 2014, cuando una jueza de Barcelona investigaba a toda la familia. No obstante, cuando todo se unificó en la Audiencia Nacional, la fiscal Belen Suárez -ahora ascendida a la Fiscalía del Supremo- se lo quedó ella. Bermejo tiene un papel difícil. La defensa de los acusados está trufada de primeras espadas de penalistas catalanes.
En la acusación también está la Abogacía del Estado, que no acusa al presidente Pujol y centra la acusación en delitos fiscales. Grand Tibidabo se personó como acusación popular contra Jordi Pujol Ferrusola, a pesar de que la sociedad fue disuelta y liquidada en diciembre de 2019. Finalmente, el partido Podemos había ejercido de acusación popular y pedía 20 años de prisión para Pujol. Se retiró del procedimiento, en noviembre de 2024, al asegurar que el juicio a la familia Pujol Ferrusola estaba encarrilado.
Los acusados y hechos imputados
La Fiscalía y la Abogacía del Estado sostienen que, aprovechando la figura de Jordi Pujol como president de la Generalitat de 1980 a 2003 y presidente de CDC hasta marzo de 2012, la familia se aprovechó de “contrataciones ficticias”, que eran pagadas por empresarios, no por adjudicaciones concretas, sino por estar bien posicionados. Un razonamiento que recoge la sentencia de la Audiencia de Barcelona del caso Palau de la Música, donde fue condenada CDC por recibir unos 6,6 millones de euros en comisiones de Ferrovial, a través de los ladrones confesos del Palau, Fèlix Millet y Jordi Montull. En el caso de los Pujol, las acusaciones afirman que las comisiones se habrían ocultado en cuentas en Andorra, primero en Banca Reig, después Andbank en 2010, y que se traspasa a la BPA, hasta que a finales de 2014 la madre y algunos de los hijos cierran las cuentas y las declaran a Hacienda española (como permite la ley y con la correspondiente multa), y se acusa al hijo mayor de transferir su patrimonio a México para no ser localizado.
La Fiscalía también sostiene que la cuenta inicial i unificada en Andorra es del president Pujol, a raíz de un manuscrito encontrado, y no de su hijo, del cual se le hace el gestor y fiduciario.
La defensa, por contra, sostiene que el dinero de Andorra es del legado que les dejó el padre de Pujol, a su mujer y los siete hijos. Florenci Pujol Brugat, fallecido el 30 de septiembre de 1980, y a qui se define como gran emprendedor, al obtener la titularidad de los Laboratorios Martín Cuatrecasas (después, Laboratorios Fides) ya adquirir la Banca Dorca, que después sería Banca Catalana. Pujol Brugat hizo fortuna con el intercambio de divisas.
Así, los acusados son:
Jordi Pujol i Soley (Barcelona, 9 de junio 1930)
La Fiscalía sostiene que “aprovechó su posición política para tejer una red de clientelismo conforme a la cual él mismo y determinados empresarios afines al partido que lideraba, Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), se repartían los abundantes beneficios procedentes de concursos públicos cuya resolución dependía de las diferentes Administraciones catalanas bajo el control de CDC”. Por ello, le pide 9 años de prisión por los delitos de asociación ilícita (4 años), del que le hace director, y de blanqueo de capitales (5 años).
Por el contrario, la defensa -ejercida por el penalista Cristóbal Martell, junto con Pau Ferrer y Albert Carrillo- pide su absolución al no haberse probado que haya intercedido en ninguna ilegalidad durante su mandato. “Jamás en el ejercicio de su alta función pública Jordi Pujol i Soley torció su recto y digno ejercicio, sin que resolviera o indujera por influjo a que otros lo hicieran, desoyendo el interés general por motivaciones económicas que favorecieran el interés particular o de sus hijos”, manifiesta en el escrito de defensa.
El primer día del juicio, el 24 de noviembre, la Audiencia Nacional ha acordado examinar el estado de salud de Jordi Pujol, de 95 años, del cual los forenses adscritos al juzgado han concluido que “no se puede defender” ante las deficiencias físicas y cognitivas que padece. Es probable que el tribunal en la misma vista lo exima de ser juzgado, como permite la ley. O le permita seguir el juicio desde Barcelona, tal como había pedido su defensa.
Jordi Pujol Ferrusola (Barcelona, 5 de junio de 1958)
El hijo mayor del president Pujol afronta las penas más altas, ya que además se le acusa de otros delitos, como contra la Hacienda española. Por esta causa, Pujol Jr. estuvo en prisión provisional durante ocho meses, hasta el 28 de diciembre de 2017, y quedó en libertad tras depositar una fianza de 500.000 euros. La Fiscalía le pide un total de 29 años de prisión por los delitos: asociación ilícita (4 años); blanqueo de capitales (5 años); falsificación de documento mercantil (3 años) y cinco delitos contra Hacienda de los ejercicios 2007 al 2012 (3 años por cada uno y 6,5 millones en multas), y frustración de la ejecución (2 años).
La defensa del primogénito, ejercida por Cristóbal Martell, pide su absolución porque sostiene que no ha cometido ninguna ilegalidad, que gestionó y repartió el legado familiar (unos 8 millones de euros), y el resto son negocios suyos. La Fiscalía sostiene que obtuvo contratos públicos a través de las mercantiles Iniciativas Marketing Inversiones, Project Marketing CAT y Active Translation. Su defensa, sin embargo, reitera que “no los obtuvo bajo ninguna influencia” y que “no se identifica ningún funcionario o cargo influenciado”.
Además, destaca que la facturación de servicios se produjo en un periodo en el que “el gobierno de la Generalitat estaba ocupado por el tripartito (SOC, ICV y ERC) de Pasqual Maragall y después por el segundo tripartito de José Montilla”. También descarta cualquier irregularidad en la facturación girada a las empresas EMTE, COPISA, ISOLUX CORSAN y CVC Consultors.
Martell es contundente en el escrito: “La acusación, después de siete años de profusa, exhaustiva y hasta extenuante investigación, con aparatoso despliegue de abrumadores medios policiales, ha conseguido singularizar diez expedientes administrativos en los que, sin embargo, no se ha evidenciado retorcimiento del derecho, ni en su trámite ni en su resolución y, menos aún, intervención directa o indirecta del president de la Generalitat de Catalunya ejerciendo influjo por prevalimiento o de Jordi Pujol Ferrusola interviniendo o induciendo la resolución en determinada dirección y beneficio propio o de tercero por él favorecido. Tampoco se ha evidenciado ni una sola conducta de esta naturaleza de inducción o influjo del resto de hermanos de la familia, Marta, Josep, Pere, Oleguer y Mireia Pujol Ferrusola.”
Los diez expedientes bajo sospecha citados son:
Una operación inmobiliaria en Diagonal Mar, con la recalificación de unos terrenos; el vertedero de Tivissa (Tarragona); la autorización ambiental del vertedero de Vacamorta, aprobada en 2003 y al final cerrado en 2023; el proyecto de instalación de un parque de almacenamiento de productos petrolíferos en el puerto de Tarragona; La venta de una finca recalificada de rústica a urbanizable a la sociedad Promopalamó, en 2006 por 4,8 millones; relaciones con diferentes mercantiles con hoteles que “no llegaron a ninguna contratación o licitación pública”, según la defensa, en la plaza Europa de l'Hospitalet de Llobregat; una factura girada a Entorn, Enginyeria i Serveis S.L. por 13.197 euros en 2003 y relacionada con tres contratos ambientales que obtuvo entre los años 2000 y 2001; un supuesto asesoramiento a la empresa Focio S.L. / Novensauro Immobles S.L., por un solar en L'Hospitalet, y finalmente la sociedad Grand Tibidabo, que había sido acusación popular y que fue liquidada en 2019, acusa a Jordi Pujol Ferrusola de tener allí alguna actividad relacionada con la sociedad, negada por la defensa.
Mercè Gironès Riera
La exmujer de Jordi Pujol Ferrusola tiene la segunda petición de condena más alta. Son 17 años de prisión por los delitos de asociación ilícita (4 años de prisión), blanqueo de capitales (5 años), falsificación documental (3 años), un delito contra la Hacienda del ejercicio 2012 (3 años de prisión y multa de 410.000 euros) y uno de frustración de la ejecución (2 años). El abogado de Gironès, el penalista Oriol Rusca, pide su absolución.
Josep Pujol Ferrusola (Barcelona, 1963)
La Fiscalía pide para Josep Pujol 14 años de prisión: por asociación ilícita (3 años); por blanqueo de capital, (5 años); por el delito de falsificación documental, (3 años de prisión), y por el delito contra Hacienda por el ejercicio de 2010, (3 años de prisión y multa de 800.000 euros).
Oriol Pujol Ferrusola (Barcelona, 20 de diciembre de 1966)
Oriol Pujol es el único de los siete hijos que se ha dedicado a la política. El que fue presidente del grupo parlamentario de CiU y secretario general de Convergència hasta marzo de 2013, tuvo que dejar su carrera al aceptar una condena por tráfico de influencias en el caso ITV y dejar fuera a su mujer.
En la causa por la fortuna en Andorra, la Fiscalía le pide 8 años de prisión, como al resto de hermanos (Pere, Marta, Mireia i Oleguer) por los delitos de asociación ilícita (3 años de prisión) y blanqueo de capitales (5 años).
Además, Oriol tiene una defensa diferente a la del resto de la familia: inicialmente fue defendido por el penalista Xavier Melero y, ahora, por Francesc Sánchez. Comparte con sus hermanos que el origen del dinero de Andorra era una donación del abuelo Florenci, de la que fue informado en los años 90. No obstante, en 2009 y ante su dedicación política “renunció a los fondos que tenía en Andbank” y el dinero fue traspasado a la cuenta de su hermano Jordi, según expone su defensa.
Mireia Pujol Ferrusola (Barcelona, 1969)
Fisioterapeuta de profesión. El 1990 conoció de sus padres que el abuelo paterno les había dejado un depósito en dólares en Andorra por “contingencias” si había una inestabilidad política. El fondo estaba unificado y en 2012, y por asesoramiento bancario de la BPA -según las defensas- los hijos pusieron el dinero en una estructura (Doral Internacional, en el caso de Mireia) con titularidad jurídica, pero “sin ocultar los beneficiarios a las autoridades fiscales”. Además, se precisa que Mireia presentó declaración complementaria de los ejercicios 2010, 2011, 2012 y 2013, efectuando ingresos de cuota, desde 478.225 euros el 2010 a 9.458 euros el 2013, así como declaraciones extemporáneas por Impuesto de Patrimonio. El 18 de julio del 2014 Mireia canceló las cuentas en BPA, cuentas que había dejado sin fondos para transferir su total saldo de 1.072.077 euros a la cuenta abierta en Banco de Madrid desde la cual pagó a Hacienda.
Su hermana Marta (Barcelona, 1959), arquitecta de profesión, hizo el mismo y traspasó en el banco español 898.000 euros. También Pere (Barcelona, 1965), que traspasó de la BPA 701.341 euros. Finalmente, Oleguer (Barcelona, 1972), licenciado en Ciencias Empresariales, hizo una primera regularización tributaria de unos 4,5 millones de euros el 2012, una segunda en 2013 e invirtió el resto, como a la sociedad Dragó Real Estate Partners LID.
Los diez empresarios procesados
Por otro lado, para cada uno de los diez empresarios que se sentarán en el banquillo de los acusados con los Pujol, Anticorrupción pide cinco años de prisión por los delitos de blanqueo (3 años) y falsedad documental (2 años). Son:
Francesc Robert Ribes
Exdirector de la televisión de Andorra, acusado de compartir negocios y cuentas bancarias con Jordi Pujol Ferrusola para supuestamente ayudarle a blanquear dinero. Es defendido por el penalista Fermín Morales.
Bernardo Domínguez Cerecedes
Ciudadano mexicano. Su padre, Bernardo Domínguez Moreno (fallecido en 2011), concedió contratos de préstamos con interés variable a Jordi Pujol Ferrusola, que fueron “ficticios”, según la Fiscalía. Le concedió 6 millones de euros en 2007, entre otros. La defensa sostiene que los negocios jurídicos se liquidaron con el hijo, procesado en esta causa.
Jorge Barrigón Lafita
Empresario catalán, propietario de la empresa Helicòpters CAT. La Fiscalía le acusa de elaborar contratos de préstamo en 2009 con Josep Pujol por supuestamente blanquear capitales.
Gustavo Buesa Ibáñez y Josep Mayola Comadira
Empresarios relacionados con la sociedad Servitransfer y el vertedero de Tivissa que hicieron negocios con el hijo mayor de Pujol. Son defendidos por los penalistas José Mª Fuster-Fabra Torrellas y Carles Monguilod
Alejandro Guerrero Kandler
Intermediario en la comercialización del futuro edificio que debía construir FCC en dos fincas de la plaza Europa de L'Hospitalet, operación en la que se acordaron pagos de comisiones (unos 1,3 millones de euros) entre empresas privadas, relacionadas con Jordi Pujol Ferrusola.
Luis Delso Heras
Directivo del grupo Isolux, que se relaciona con pagos a Jordi Pujol Ferrusola por su asesoramiento en proyectos en México y Gabón, entre los años 2002 y 2006.
Carles Sumarroca Claverol
Empresario catalán y vicepresidente de la sociedad Comsa-Emte , acusado de pagar comisiones sin cobertura a Pujol Ferrusola. El instructor de la Audiencia Nacional archivó la causa contra su padre, Carles Sumarroca Coixet -uno de los fundadores de CDC- en 2021. Es defendido por el abogado Diego Artacho.
Josep Cornadó Mateu
Cargo de COPISA, que habría realizado pagos a empresas del primogénito del president Pujol, en 2009.
Carles Vilarrubí Carrió
Empresario catalán que habría pagado dos facturas a empresas de Pujol Ferrusola por asesoramiento. Una de ellas por importe de 10.000 euros por asesoramiento hípico en 2011. Es defendido por el penalista Emilio Zegrí.
Testigos no admitidos
El tribunal ha admitido que declaren en el juicio unos 254 testigos solicitados por las acusaciones y defensas. No obstante, ha rechazado citar a agentes de la policía patriótica, pedidos por la defensa de los Pujol, que los que acusa de hacer una “actividad exorbitante e ilegal” contra ellos. En todos los escritos de defensa de los Pujol, menos los de Oriol, se citan estos agentes, solo investigados por la justicia andorrana.
Son:
El comisario jubilado José Manuel Villarejo Pérez, el cual ha admitido este espionaje ilegal a los Pujol y políticos catalanes, “con el auxilio del abogado Rafael Redondo Rodríguez”. La defensa añade que la investigación fue coordinada por el entonces Director Adjunto Operativo (DAO) de la policía española, Eugenio Pino, el único condenado, a 1 año de prisión ,por intentar introducir información de los Pujol con un pendrive, obtenido ilegalmente, sin aval judicial, en la causa de la Audiencia Nacional.
También cita a los ejecutores: Bonifacio Diez Sevillano, entonces inspector jefe destinado en Andorra; Celestino Barroso Sánchez, entonces inspector jefe agregado de seguridad en la Embajada de España en Andorra, y Marcelino Martín-Blas Aranda, comisario jefe de Asuntos Internos del CNP, que acosaron a los titulares y empleados de la Banca Privada de Andorra (BPA) para obtener información de los Pujol.
Lo consiguieron el verano de 2014 con el pantallazo del traspaso de cuentas publicado por El Mundo y la confesión del president Pujol sobre el dinero no declarado a Hacienda española que la familia tenía en Andorra desde 1980, que gestiona el hijo mayor de los Pujol desde 1990 y que se cierran en 2014. Ninguno de ellos será interrogado, ni Alicia Sánchez-Camacho, la líder del PP que creó listas negras contra rivales políticos nacionalistas, especialmente de Convergència.