“Estamos ante una auténtica anomalía jurídica, revestida de normalidad legislativa. Un claro ejemplo de sometimiento del derecho por la política, de la razón por el poder”. La magistrada conservadora Concepción Espejel estalla contra la ley de amnistía después de la sentencia del Tribunal Constitucional avalando la norma del olvido penal. “La amnistía no responde a un objetivo legítimo, sino que, formando parte de una dinámica transaccional, es expresión de cómo la voluntad del pueblo soberano, materializada en ley, se manipula para revestir de formalidad jurídica un descarado pacto de impunidad a cambio de poder”, alega. En su voto particular, argumenta que la amnistía es “arbitraria” porque su “verdadera finalidad” era “obtener el apoyo de los siete diputados de Junts per Catalunya en la sesión de investidura del presidente del Gobierno”. Además, reprocha a la mayoría progresista que el hecho de que la ley “se promulgó para obtener los votos necesarios para una investidura” sea “irrelevante” en el control que el Constitucional hace de la ley. “No hay velo que levantar, los acuerdos mencionados y los debates parlamentarios explicitan sin complejos los motivos y la finalidad de la ley”, apostilla.

📝 El TC avala la amnistía: es constitucional y respeta la separación de poderes y la igualdad ante la ley

 

Asimismo, expresa la "impotencia de no haber logrado convencer" a sus compañeros de que la ley representa la "mayor regresión institucional habida en la historia constitucional reciente y consolida una desigualdad entre iguales” y esgrime que “constituye, salvedad hecha de las afectantes al derecho a la vida, la más injusta de cuantas leyes han sido sometidas al escrutinio” del Constitucional. No las menciona, pero alude a las leyes sobre el aborto y sobre la eutanasia. Además, lamenta que el TC haya validado una ley “contraria al ideal de justicia, arbitraria y discriminatoria” y haya obviado que en la tramitación parlamentaria de la ley “se llegó a afirmar que con su aprobación se producía la primera derrota del régimen del 78”. Lo dijo el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, el 30 de mayo de 2024 cuando el Congreso aprobó definitivamente la ley.

La argumentación de Concepción Espejel es la esperada y va en la línea de sus tres compañeros en la rama conservadora del TC. “No es discutible que una ley de amnistía supone, por su propia naturaleza, una excepción a la vigencia y aplicación de la Constitución. […] Dejar de aplicar la Constitución, o sus principios y valores esenciales, solo puede ser posible porque la propia Constitución así lo haya previsto”, argumenta para justificar que la norma del olvido penal “no tiene cobertura” en la Carta Magna. Y alega que la amnistía “no responde a la idea de justicia”, es “lesiva del principio de igualdad”, representa una “expresión de la potestad legislativa sumamente arbitraria” e introduce un trato diferenciador “claramente discriminatorio” porque establece diferenciaciones que “carecen de justificación objetivamente razonable”.

¿Quién es Concepción Espejel? Su nombre puede resultar familiar porque, como presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, presidió el tribunal que juzgó a Josep Lluís Trapero por su papel durante el referéndum el 1 de octubre de 2017. Por mayoría, el tribunal absolvió de sedición y desobediencia al major de los Mossos d’Esquadra, pero Espejel emitió un voto particular de 461 páginas mostrándose partidaria de condenar a Trapero y a Pere Soler (director de los Mossos) por sedición. Acusó a Trapero de diseñar unas “pautas de actuación para el teórico cumplimiento de la interlocutoria del TSJC” sabiendo que eran “claramente ineficaces para impedir el referéndum” y de querer “orientar la actividad de los Mossos con el propósito de que ejecutaran el mínimo imprescindible”. “Su conducta se orientó a dar apariencia de cumplimiento, amparándose en la literalidad de las resoluciones, sin extremar medidas que eran obviamente imprescindibles para lograr el cumplimiento efectivo del mandato expreso y esencial del TC”, sostuvo.

“Un régimen jurídico paralelo al marco constitucional común dirigido a un conjunto selecto de privilegiados”

Volviendo a la amnistía, Concepció Espejel también expresa su “temor” de que esta sentencia, avalada por una “estrecha mayoría”, pueda “inaugurar un régimen jurídico excepcional paralelo al marco constitucional común” y “dirigido a un conjunto selecto de privilegiados que, a diferencia del conjunto de la ciudadanía, queda eximido de cumplir las responsabilidades derivadas de sus actos, incurriendo por ello en una flagrante violación del mandato constitucional de igualdad en la aplicación de la ley”. Y muestra su “preocupación” por el hecho de que la sentencia pueda contribuir a “minar la confianza ciudadana en las instituciones, ya que la percepción de que las leyes se aprueban para satisfacer acuerdos políticos encaminados a colmar meras voluntades particulares, en lugar de servir al bien común, alimenta la desafección”.

Las filtraciones han “minado la serenidad y discreción” del debate

Más allá de la dura crítica contra la amnistía, Concepción Espejel también es muy dura contra la tramitación del recurso del PP y el procedimiento que se ha seguido en el Constitucional. “Las irregularidades en la tramitación han sido continuas hasta el lamentable hecho de que el 1 de junio se tuvo conocimiento, por los medios de comunicación, tanto de los días en los que se pretendía deliberar la ponencia, como de su contenido”, lamenta. Y denuncia que la filtración de la ponencia ha supuesto un “desprestigio” para el TC y ha provocado un “debate paralelo, minando la serenidad y discreción que debe regir la labor de los magistrados”. Además, sostiene que Cándido Conde-Pumpido, “sobrepasando el límite” de sus funciones, “predeterminó el momento en que se tenía que aprobar la sentencia, independientemente de las necesidades de estudio y deliberación”.

“Prisas por un fundado temor a una censura europea”

También argumenta que ella era partidaria de plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea o esperar a la resolución de las cuestiones prejudiciales que se han planteado antes de deliberar, cosa que los magistrados progresistas rechazaron. “Sobran argumentos jurídicos para ello, pero, además, concurre un incontrovertible principio de prudencia, virtud lastimosamente ajena últimamente en la forma de proceder del Tribunal”, apunta. Y justifica que “esperar a la opinión proveniente del máximo intérprete” del Derecho de la Unión Europea debería ser el “mínimo estándar de prudencia exigible”. “Las prisas solo pueden estar justificadas por un fundado temor a una censura europea de la norma avalada ahora por la mayoría”, remacha.

La relación de la “querida Concha” con el PP: propuesta para el CGPJ y el TC y condecorada por Cospedal

La realidad es que en los últimos años se ha hecho patente una afinidad de Concepción Espejel con el PP. Los populares la propusieron como vocal del Consejo General del Poder Judicial en 2008 y como magistrada del Tribunal Constitucional en 2021. De hecho, fue apartada del caso Gürtel y del caso Bárcenas por su supuesta afinidad ideológica con el PP. Además, en 2014, como presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal (que era secretaria general del PP) le otorgó la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort y se refirió a ella como “querida Concha”.