El Ayuntamiento de Tortosa ha convocado un pleno extraordinario este viernes para aprobar la modificación puntual del POUM y retirar el monumento franquista del río Ebro del catálogo de edificios y conjuntos históricos y artísticos. "Por parte del Ayuntamiento, ya estarán finalizados los trámites", ha apuntado a la alcaldesa Meritxell Roigé, que sólo faltará la Generalitat ejecute el proyecto para retirar finalmente el monumento.

El informe de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) que faltaba para poder hacer el trámite llegó al consistorio días después de la celebración del último pleno ordinario y la comisión de Servicios en el Territorio decidió sacar adelante la descatalogación del monolito como Bien de Interés Cultural en una sesión extraordinaria. La aprobación definitiva corresponderá a la Comisión de Urbanismo de las Tierras del Ebro (CUTE).

Justicia asume la retirada del movimiento ante la inacción española

El Departamento de Justicia asumirá tanto el coste como la ejecución del proyecto para retirar el monumento franquista de Tortosa a raíz de la inacción del Gobierno para llevar a cabo la ley de la memoria histórica aprobada durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, que obligaba a retirar todos los monumentos franquistas de España.

La |consellera de Justicia, Ester Capella, aseguró a principios de octubre que el Departamento "quiere, puede y sabe como hacerlo después de que el Gobierno se haya vuelto a desentender de la propiedad del monolito. "Ellos han desistido", remachó Capella en una entrevista en Catalunya Radio.

El gobierno de Sánchez niega la responsabilidad

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, afirmó la semana pasada que el ejecutivo de Pedro Sánchez no tiene ninguna objeción a la retirada del monumento franquista de Tortosa y ha defendido que el "retraso en años" para sacarlo "no puede ser responsabilidad en absoluto de la administración general del Estado". En respuesta a una pregunta de la diputada de ERC en el Congreso Carolina Telechea durante la sesión de control del pasado miércoles, Calvo remarcó que todas las administraciones tienen la facultad de retirar simbología franquista, según la ley de memoria histórica del 2007, y ha instado a los republicanos a dar apoyo a la nueva ley para que estas retiradas sean "más ágiles".

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