El Tribunal Supremo ha citado a José Luis Ábalos y Koldo García para revisar si los envía a prisión, después de la petición de la Fiscalía Anticorrupción y la acusación popular, encabezada por el PP. En un auto de este viernes, el magistrado de la Sala Penal Leopoldo Puente ha convocado al exministro y a quien fuera su asesor a comparecer el próximo 27 de noviembre para "resolver sobre la modificación de las medidas cautelares" solicitadas tanto por la Fiscalía como por la acusación popular. La solicitud del ministerio público llegó después de pedir 24 años de prisión para Ábalos por las comisiones en el caso Mascarillas.
Concretamente, el magistrado los ha convocado para la celebración de la comparecencia prevista en el artículo 505 de la ley de enjuiciamiento criminal después de haberlo solicitado tanto la Fiscalía como las acusaciones populares en sus escritos de acusación. Ambos deberán acudir personalmente y asistidos por su defensa, según han informado fuentes del Supremo. En cuanto al escrito de acusación, ya hemos dicho que Anticorrupción pide 24 años de prisión para Ábalos, y 19 años y medio para Koldo; la acusación popular, coordinada por el PP, solicita 30 para ambos por diferentes delitos.
La situación de Víctor de Aldama
Por ahora, los dos procesados tienen la obligación de comparecer cada quince días en el juzgado, la prohibición de salir del Estado y el pasaporte retirado. Ábalos y Koldo ya comparecieron ante el juez en junio, que los dejó en libertad con estas medidas cautelares —de acuerdo con el criterio de la Fiscalía y en contra de las acusaciones populares—. Sin embargo, es verdad que el magistrado instructor ya advirtió que les mantenía la libertad "de momento", ya que el riesgo de fuga puede aumentar según avanza el procedimiento... y es por eso que ahora Anticorrupción le pide la revisión de las medidas, cuando se encuentran procesados y a las puertas del juicio oral.
La Fiscalía acusa a Ábalos y Koldo de seis delitos: organización criminal, cohecho, uso de información privilegiada, dos de tráfico de influencias y malversación. Y no nos olvidemos de Víctor de Aldama, a quien el ministerio público le atribuye los tres primeros delitos; en cuanto a la prisión, le piden siete años —una pena más leve, motivo por el cual no se reclama la revisión de sus medidas cautelares. El fiscal comparte con el juez la tesis del "reparto de funciones" de los tres investigados en la presunta organización criminal, tras ver "la oportunidad de obtener un común beneficio económico" aprovechando el cargo de Ábalos tanto en el gobierno español como en el PSOE. En el caso de la acusación popular, considera al exministro y al asesor como autores de casi una docena de delitos, entre los que se encuentran el de organización criminal, tráfico de influencias, cohecho, falsedad en documento oficial, malversación y prevaricación; en el caso del empresario, queda excluido de la malversación.