Leopoldo Puente da el paso y propone juzgar a José Luis Ábalos (exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE), Koldo García (que era su asesor en el Ministerio) y Víctor de Aldama (el presunto conseguidor del caso Koldo). Es la pieza principal, que ha investigado los contratos irregulares de mascarillas durante la pandemia de coronavirus por unos presuntos delitos de cohecho, pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. Hace un mes y medio, el magistrado decidió dividir la causa para poder acelerar el juicio de la compra de mascarillas mientras sigue la instrucción relativa a las presuntas mordidas por adjudicaciones de obras públicas, la pieza en la que Santos Cerdán está investigado. Y así ha sido. “Existen muy consistentes indicios de que el señor Aldama hizo entregas de sucesivas cantidades de dinero a José Luis Ábalos y Koldo García, al fin y con el propósito de que se efectuaran actos contrarios a los deberes inherentes a sus respectivos cargos públicos”, concluye el instructor. “Igualmente robustos son los indicios de que éstos recibieron dichas retribuciones económicas, en ejecución del proyecto delictivo que a todos les unía, y como contraprestación a dichas conductas desleales”, añade.

“Las repetidas entregas de dinero que el señor Aldama podría haber venido realizando tenían también por objeto que facilitaran la ágil práctica de cuantas gestiones pudiera convenirle realizar con diferentes departamentos de la Administración Pública, desplegando la influencia del ministro, tanto en beneficio propio como de los terceros”, señala. El juez considera que “no se trata de un concierto o acuerdo convenido entre los tres investigados para la comisión de un concreto hecho delictivo”, sino que fue un “acuerdo que tenía por objeto, con el correspondiente reparto de papeles entre los integrantes de la organización así surgida, la futura comisión de delitos, inicialmente indefinidos en sus concretas particularidades, conforme las oportunidades de cometerlos se fueran presentando”. Leopoldo Puente considera que la organización tenía una “innegable vocación de permanencia en el tiempo”, dado que estuvo operando durante varios años y proyectando su actuación delictiva en distintas esferas o conductas ilícitas que partían de una misma estructura”.

Así pues, Aldama se encargaba de la “localización de las empresas o particulares que estuvieran dispuestas a satisfacer los pagos correspondientes para contratar con la Administración”, Koldo aprovechaba la “confianza absoluta” de Ábalos en él para “realizar las gestiones ordinarias oportunas” y se reservaba la “intervención personal” del ministro “cuando su firma o su directa influencia fueran indispensables”. El auto relata que, fruto de las “relaciones personales” entre los tres, después de la llegada de José Luis Ábalos al Ministerio de Transportes, “pronto vieron la oportunidad de obtener un beneficio económico” y “convinieron que, aprovechando el cargo que ostentaba el señor Ábalos, podrían favorecer la contratación con la Administración Pública, en cuantas ocasiones hubiera oportunidad, por empresas cuyos intereses captaría y promovería el señor Aldama”.

Asimismo, pone de relieve los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la situación económica de Ábalos y Koldo. Durante el período que Ábalos fue ministro, Koldo García “presentaba en sus cuentas bancarias un significativo incremento de ingresos en metálico” y Ábalos también incrementó “sensiblemente los ingresos que se hacían en metálico en sus cuentas”. Además, llama la atención que había una “muy estrecha y extraordinariamente inusual conexión” entre los patrimonios de los dos.

 

Una “indebida compensación económica” a cambio del contrato de mascarillas

En relación con la compra de mascarillas, el juez relata que José Luis Ábalos “podría haber determinado la adquisición” por parte de Puertos del Estado y Adif de las partidas de mascarillas “a cambio de recibir” tanto él como Koldo una “indebida compensación económica” de Aldama, que “se beneficiaba también en términos económicos de las comisiones que le reportaba la realización del ilícito negocio”. Así pues, el auto relata que Víctor de Aldama, “aprovechando la relación personal que le unía” con  Ábalos y Koldo, “pudo haber obtenido información previa y privilegiada sobre las necesidades derivadas de la urgencia”, cosa que “le habría permitido articular una oferta, con la aquiescencia de uno y otro y el compromiso de que los contratos le serían adjudicados, para asegurar la perfección del contrato de suministro” para Soluciones de Gestión.

El juez reconoce que en la mayoría de los hechos “se ha tomado en cuenta” lo que ha declarado al largo de la instrucción Víctor de Aldama, que “acepta de forma inequívoca que él mismo entregaba el dinero, tanto las cantidades periódicas como los premios relativos a concretas contrataciones” y asume su “propia responsabilidad en los hechos y en el desarrollo de un acuerdo general que le permitiría defender sus intereses y los de los terceros que representaba de forma preferente y privilegiada ante la Administración Pública”. Como contrapartida, Aldama “obtenía, naturalmente, el correspondiente e ilícito beneficio económico personal”. El magistrado añade que las “declaraciones incriminatorias” de Aldama “aparecen, en cada uno de sus aspectos esenciales, indiciariamente corroboradas por otros resultados de la investigación”.

El rescate de Air Europa, las contrataciones de Jessica Rodríguez y Claudia Montes y una licencia de hidrocarburos

El auto relata todos los hechos que se incluyen en la investigación. Uno de ellos es el relativo al rescate de Air Europa. Señala que Víctor de Aldama “pudo promover la publicación de una nota de prensa” por parte de José Luis Ábalos en agosto de 2020 “mostrándose partidario y expresando el progreso de las gestiones” para que Air Europa “obtuviera la correspondiente financiación pública”, un comunicado que “naturalmente beneficiaba a Air Europa, tranquilizando a sus acreedores al transmitir que iba a obtener determinado respaldo financiero público”. A cambio de ello, Ábalos “podría haber obtenido el gratuito disfrute de un chalet vacacional en Marbella para sí mismo y para su familia durante varios días” por un valor de 8.900 euros.

Por otro lado, alude a la contratación de dos mujeres (que tenían una relación con Ábalos) en empresas públicas. La primera fue Jessica Rodríguez, que fichó por INECO y por TRAGSATEC sin que tuviera que “superar ninguna clase de proceso de selección relevante” y “sin que acudiera ni un solo día a sus respectivos centros de trabajo ni prestara actividad profesional de ninguna naturaleza”. La segunda fue Claudia Montes, que fue contratada por LOGIRAIL, donde trabajó de 2019 a 2022 y “sí acudió regularmente a su puesto de trabajo”. Además, señala que, con el “propósito de obtener del ministro un trato preferente para sí mismo y para las empresas cuyos intereses promovía”, Víctor de Aldama se habría hecho cargo de ciertos gastos, como el alquiler de la Torre de Madrid, un piso ubicado en la Plaza de España en el que vivió Jessica Rodríguez entre marzo de 2019 y marzo de 2022 por un importe mensual de 2.700 euros (y un total de más de 80.000 euros).

También apunta que Víctor de Aldama se reunió con Carlos Moreno, el jefe de gabinete de María Jesús Montero (vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda y Función Pública) para “procurar el aplazamiento de una deuda tributaria” de una de las empresas de Aldama. Finalmente, Koldo García “pudo haber influido también para que se concertara una entrevista entre Claudio Rivas y Carmen Pano, interesados en obtener una licencia de operador de hidrocarburos para la mercantil Villafuel, con Juan Ignacio Díaz, jefe del gabinete de la ministra de Industria, Reyes Maroto”.