"Sólo la ley, pero toda la ley". Es el arma que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy piensa utilizar para frenar y desactivar cualquier acción relacionada con la secesión de Catalunya. El Estado ha comenzado a aplicarse a la tarea esta misma semana. Pero no todos los escollos al proyecto de "un estado catalán en forma de república", según la resolución aprobada el lunes por el Parlament con los votos de Junts pel Sí y la CUP, son externos al denominado procés o a sus actores.
1. Sin president ni Govern
Catalunya llega a este punto de ruptura con un presidente y un gobierno en funciones, es decir, con un liderazgo provisional que no puede tomar más medidas que las necesarias para mantener la continuidad de la administración y de los servicios públicos. Salir de este callejón sin salida depende de componer una mayoría en el Parlament que invista a un presidente para que forme gobierno. Eso no ocurrió en la primera sesión de investidura, este martes. Todos pendientes, pues, del "vuelva usted el jueves" que lanzó Antonio Baños a Artur Mas porque, sin Govern, difícilmente el procés se puede gestionar.
2. Suspensión legal
El Tribunal Constitucional (TC) admitirá el recurso contra la resolución de ruptura y su anexo, acto con el que una y otro quedan automáticamente suspendidos, como también quedan todas las iniciativas legislativas y políticas que se puedan derivar.
El desacato de esta medida cautelar del TC comportaría graves consecuencias personales para los incumplidores, singularmente para el presidente y los consellers en funciones, la presidenta, la mesa y el secretario general del Parlament: la suspensión en sus funciones y la imputación del delito de desobediencia de los mandatos judiciales. La medida cautelar se comunicará personalmente a todos estos 21 representantes y cargos, que son nombrados y advertidos uno a uno en el texto. El procés soberanista está pues, legalmente frenado.
Es en este contexto que opera la controvertida reforma de la ley orgánica del TC que le atribuye capacidades de policía, es decir, de multar y/o suspender de sus funciones a los cargos y funcionarios que no cumplan sus resoluciones. La reforma, aprobada por el PP en solitario y de manera exprés, está hecha pensando en el presidente Mas.
La cuestión aquí es si los partidos independentistas desobedecerán (y cómo), aduciendo el "mandato democrático" otorgado por la victoria electoral del 27S con el 47,74% de los votos (1.957.348 sufragios) y la mayoría absoluta (72) de escaños de la Cámara.
3. La Audiencia y la policia vigilan
Los soberanistas se la tienen que jugar. El fiscal jefe de la Audiencia Nacional (AN), Javier Zaragoza, ha ordenado a los Mossos, la Policía y la Guardia Civil que actúen si se produjera un “delito de sedición”. Según la instrucción, las fuerzas de seguridad tendrán que actuar desde el momento en que el TC invalide la resolución. Se entiende aquí por sedición cualquier acto que se proponga “cambiar ilegalmente la organización territorial del Estado y declarar la independencia de una parte del territorio nacional, en el caso en cuestión de la Comunidad Autónoma de Cataluña”, según la instrucción. El delito de sedición se castiga con entre 10 y 15 años de prisión para las autoridades (4 a 8 años para el resto de personas), además de la inhabilitación absoluta por el mismo tiempo. El fiscal avisa, además, que se podría acusar a los presuntos sediciosos de los delitos de prevaricación, desobediencia, usurpación de funciones y de uso indebido de fondo públicos, como delitos conexos. Es decir, que la AN es competente para actuar contra las personas no aforadas (son aforados los advertidos por el TC y los diputados, que serían investigados por el TSJC y, en su caso, por el Supremo). En resumen: quedan bajo el punto de mira de la justicia y la policía los principales representantes políticos y también se vigila cualquier actuación “sediciosa” de cualquier otro ciudadano: “otras autoridades, funcionarios públicos o particulares”, como los denomina la instrucción. Si los independentistas quieren seguir adelante, hará falta mucha creatividad legal y política.
4. La gestión del día a día, intervenida
El Departament d'Economia espera desde principios de año que el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) extraordinario del 2015 se active para financiar el déficit de 2014. La cantidad pendiente, ya autorizada por el Ministerio de Hacienda, suma 2.600 millones de euros. Pero no llega. Este retraso causa serias dificultades de tesorería a la Generalitat, para pagar funcionarios y proveedores y hacer política fuera del procés. El "día a día". Las consecuencias de todo son serias. Una entre otras: el pasado 30 de octubre, el Servei Català de Salut comunicó al Col·legi de Farmacèutics que ya no dispone de dinero para pagar los medicamentos que la Seguridad Social receta. La deuda de CatSalut con las farmacias suma más de 330 millones. El peor retraso es el del modelo de financiación, pendiente de revisión desde el 2014. Mientras no llega, la política financiera del Estado se basa en unos objetivos de déficit para Catalunya “draconianos”, se queja la Generalitat. Como no los puede cumplir, tiene que pedir dinero al Gobierno central vía el FLA. El problema político es que el dinero que la Administración central presta a la Generalitat es el mismo que los catalanes han ganado y por el que han pagado impuestos y el Estado se lo devuelve... con intereses, excepto este año. El año que viene este interés será del 0,8% y los anteriores todavía era más caro. Además, es el FLA quien paga a los proveedores que la Generalitat le indica, previa aprobación de las facturas que presenta la administración catalana. En fin, el proceso soberanista está parado pero, además, la gestión del día a día también está controlada e intervenida.
5. Investigaciones judiciales
Los casos judiciales que afectan a la familia Pujol Ferrusola o el de las presuntas comisiones para CDC a cambio de adjudicaciones de obra pública son un ruido de fondo continuo para el proceso soberanista desde que arrancó. A menudo coinciden en el tiempo los pasos adelante del proceso y la activación de esos casos, se quiera ver relación o no entre una cosa y otra. Los últimos registros a los Pujol, con un despliegue policial y mediático espectacular, se sucedieron el mismo día que el presidente Mas firmaba el decreto de constitución del actual Parlament, el 21 de octubre.
Sobre todo eso planean las querellas de la Fiscalía del Estado por la convocatoria del proceso participativo del 9N del 2014. Los querellados son el presidente Artur Mas, la exvicepresidenta Joana Ortega y la consellera de Ensenyament, Irene Rigau. El independentismo político y civil organizó un gran acto de apoyo a los tres el día que tenían que declarar ante el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
Unos casos y otros cuelgan sobre el proceso, y son usados mediáticamente para desprestigiar al soberanismo e incluso enrarecer las relaciones internas en el espacio independentista, donde confluyen varias sensibilidades políticas y modelos de sociedad que se ha hecho patentes muchas veces, singularmente en las dificultades para construir una candidatura unitaria y plebiscitaria. Mientras continúa la instrucción y no se resuelven los casos, la corrupción sigue sonando como ruido de fondo.
6. La batalla por el relato
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se ha reunido con los dirigentes de los partidos de la oposición y los agentes sociales para escenificar la unidad contra la secesión de Catalunya.
El relato que ha generado la Moncloa es que no hay un "caso catalán", sino que se trata de un problema creado artificialmente por las fuerzas independentistas, que personalizan en Artur Mas, para esconder el mal gobierno, la corrupción y la insolidaridad. Es "un golpe de Estado" o "un golpe al Estado" que quiere liquidar "las normas de convivencia que hemos creado entre todos" y sustraer la "soberanía nacional del pueblo español", que es "sagrada". Una resquicio en este relato es que no lo aceptan el PNV, Podemos ni Izquierda Unida.
El independentismo se encuentra, por primera vez en los últimos cinco años, en el punto en que el relato rival puede superar el suyo, el del proyecto positivo "transversal, pacífico y democrático" ("la revolución de las sonrisas") que se ha demostrado de hecho cada Onze de Setembre.