Nueva semana clave en Madrid. El miércoles finalizará el plazo que tienen PSOE y Junts per Catalunya para llegar a un acuerdo sobre la ley de amnistía. Es el primer deadline. Si antes de este 21 de febrero no consiguen un pacto a fin de que la Comisión de Justicia salga con un nuevo dictamen, el plazo es prorrogable por  15 días más. Y ya; porque el artículo 131.2 de la cámara no permite que el plazo se alargue más de un mes. Todo, porque Junts llevó al PSOE a renegociar la ley el pasado 30 de enero, después de que los socialistas se negaran a modificar los delitos de terrorismo y de traición que pedía la formación de Míriam Nogueras a través de sus enmiendas. Llegará, todo, después de que se celebren las elecciones gallegas, que han servido como telón para silenciar las conversaciones entre PSOE y Junts.

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Las dos formaciones se reunieron este miércoles en Barcelona, aunque las conversaciones no se han detenido en ningún momento. Los puntos de partida están, hoy por hoy, diametralmente opuestos. Unos quieren mantener la versión actual del texto y los otros quieren eliminar las excepciones de los delitos de terrorismo y de traición. Con respecto a soluciones a medio camino, reformar el Código Penal para retocar el delito de terrorismo no es una opción; así lo descartó Pedro Sánchez hace un par de semanas. La propuesta que hacía entonces el líder socialista era reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con el fin de acortar el tiempo que pueden tener los jueces para sus instrucciones. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que Manuel García-Castellón hace ya cuatro años que instruye el caso Tsunami Democràtic. Y es ahora, cuando se está tramitando la ley de amnistía, que busca las cosquillas a sus negociadores acusando a Carles Puigdemont de un delito de terrorismo que incluso el Gobierno niega que haya cometido nunca.

Porque hasta ahora, el PSOE se niega a dar nombres sobre quién sí y quién no entraría en la ley de amnistía. Preguntado este miércoles en una entrevista en Rac1 por los nombres de Carles Puigdemont y Marta Rovira, el ministro de la Presidencia y de Justicia no entraba en ello. Sí que apuntaba, sin embargo, que durante el procés nunca se han vivido actos de terrorismo como los que existen en el imaginario de los ciudadanos de este Estado: el yihadismo o ETA, principalmente. "Nadie se quedará fuera de la ley", aseveró Félix Bolaños. Pero al mismo tiempo, los socialistas temen que aceptar las modificaciones que exige Junts haga peligrar pasar los filtros del Tribunal Constitucional y de la justicia europea.

En el Gobierno hay el honesto convencimiento de que la ley es lo bastante buena para amnistiar a cualquier independentista. Al fin y al cabo, con el actual redactado de la ley, un juez tendría que probar que Carles Puigdemont, con intención directa y de forma grave, atentó durante el procés contra la vida de personas. Por eso Pedro Sánchez empuja a Junts a un acto de fe con la justicia española. Pero la formación independentista, con la hemeroteca en la mano, no se fía de ningún juez. Y, todo sea dicho, algunas declaraciones de ERC en los últimos días podrían llegar a dar la razón a los juntaires.

ERC insiste en tapar los agujeros de la amnistía con más indultos

Esquerra Republicana se afana por convencer a Junts de que vote la ley tal como está. Los republicanos ya votaron a favor de la versión actual de la norma a finales de enero, con el argumento de que el problema no está en el texto, sino en los jueces. Y señalan que los agujeros que pueda tener esta ley de amnistía se pueden tapar con la concesión de más indultos a independentistas por parte del Gobierno. Lo decía el jueves de la semana pasada el viceconseller de Comunicació i Estratègia del Govern, Sergi Sabrià, y el jueves de la actual semana el conseller de Drets Socials, Carles Campuzano.

El primero espetaba a Junts que "no siempre se tienen dos oportunidades" y apuntaba que hay que asumir que harán falta nuevos indultos en el futuro, en tanto que la represión del estado español contra el independentismo no se detendrá una vez se apruebe esta ley. Campuzano, por su parte, aseguró que el Gobierno está "abierto" a indultar a más independentistas si los jueces españoles intentan esquivar la norma que tiene que reparar, precisamente, la persecución judicial a un movimiento político.

"Eso lo sabe todo el mundo", apuntaba el conseller, porque el ejecutivo de Pedro Sánchez "por convicción o por necesidad, ha decidido cerrar la carpeta de la represión de manera definitiva". También esta semana, de hecho, la secretaria general de ERC, Marta Rovira, señala que, en caso de que aparezcan "obstáculos" ante la amnistía, "estamos preparados con muchas opciones". Pero también este jueves, Jordi Turull contraatacaba el argumentario de Campuzano y lo acusaba de "apoyar más al PSOE que al independentismo, señalando que, con su estrategia, no se hubiera celebrado nunca el referéndum del 1-O.

Los indultos, también en boca del PP

Quien también ha pronunciado la palabra 'indulto' estos últimos días ha sido Alberto Núñez Feijóo. Ha generado un escándalo en la política española, un regalo que ha caído en manos del PSOE de forma imprevista. El líder del PP reconoció, en una conversación informal con periodistas en Galicia, que estaría dispuesto a conceder un indulto condicionado a Carles Puigdemont. Admitió que, también a cambio de ser investido presidente del Gobierno, su partido estudió durante 24 horas la posibilidad de pactar con Junts per Catalunya una ley de amnistía. Finalmente, determinó que ve difícil que los jueces españoles puedan probar que Puigdemont incurrió en un delito de terrorismo durante el procés.

 

La confesión de Feijóo detiene el desgaste del PSOE con la amnistía

La confesión de Feijóo sobre Puigdemont ha sido un regalo para el PSOE. Porque, hasta el sábado pasado, fuentes del Gobierno reconocían que pasaban por un momento "de bajar la pelota" y de descanso informativo en torno a la amnistía. Los socialistas sufrían hasta entonces desgaste a causa de la negociación inacabable de la norma, sobre todo por el varapalo por parte de Junts, negándose a votar a favor de un texto que podría tener agujeros por donde se colaran los jueces españoles. Pero, de golpe, la amnistía se convirtió en algo que desgastaba más al PP que al PSOE.

Porque los socialistas aprovecharon las confesiones de Feijóo contra él, denunciando la poca honestidad del líder popular. El PSOE ha estirado esta semana el chicle de aquellas declaraciones, con la esperanza de que la noticia pueda perjudicar el PP en las elecciones gallegas. Y durante esta semana ha disparado toneladas de munición contra Feijóo, hasta el punto de informar de su cambio de posición sobre Puigdemont a la Comisión Europea en forma de carta. Este domingo, precisamente, el liderazgo de Feijóo está en juego a las elecciones gallegas.