Ya hace prácticamente dos semanas que el desacuerdo entre PSOE y Junts dejó la ley de amnistía atascada en el Congreso de los Diputados. Ahora tienen hasta el 21 de febrero para llegar a un acuerdo, aunque pueden prorrogar 15 días más este plazo. Hay, sin embargo, una fecha señalada en el calendario que mantiene todavía más discretas las conversaciones entre las dos partes: los socialistas tienen elecciones gallegas el 18 de febrero. Y hablar de la amnistía implica, para el PSOE, desgaste. Han dejado, pues, la ley de amnistía en dique seco. "Estamos en un momento de calma, de bajar la pelota", reconocen fuentes de la Moncloa, que explican que se ha decidido dejar trabajar tranquilamente a las pocas personas conocedoras de las negociaciones con Junts.
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Esta semana, un ministro de la máxima confianza de Pedro Sánchez chutaba muy lejos, en una conversación informal con periodistas, la pelota de las negociaciones con Carles Puigdemont. "Junts está midiendo ahora mismo si hizo bien" dejando en el congelador la ley de amnistía, afirmaba. Demostraba que en el Gobierno hay la idea de que la formación independentista, según su opinión, se equivocó, y que de aquí al 21 de febrero bajarán las posiciones de máximos. Este ministro abría la puerta, sin contemplaciones, a prorrogar el tiempo que tienen para llegar a un acuerdo definitivo sobre la versión final del texto. "Contactos hay siempre, pero ahora tenemos margen de tiempo", apuntan a ElNacional.cat otras fuentes de la Moncloa. Sean como sean estos contactos, todo indica que como mínimo una de las dos partes tendrá que ceder, porque a estas alturas las posiciones son antagónicas. Junts reivindica la modificación en las excepciones de terrorismo y traición. Mientras que desde el Gobierno, en público y en privado, insisten en que el texto no se toca.
Pedro Sánchez estrenaba la semana planteando una iniciativa que, siete días después, ha tenido más aspecto de globo sonda que de una propuesta real para convencer a Junts per Catalunya de votar a favor del redactado actual de la amnistía: reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para acortar el tiempo de las instrucciones de los jueces. La formación capitaneada en Madrid por Míriam Nogueras pide no abrir "nuevos frentes", y reivindica que su exigencia sigue siendo la misma: modificar del redactado actual de la norma las excepciones de los delitos de terrorismo y de traición; las dos nuevas rendijas de los jueces españoles para perseguir al movimiento político. Concretamente, a Carles Puigdemont.
Pero la idea no ha cuajado. También desde las altas instancias del Gobierno se admitía esta semana con los micrófonos apagados el poco convencimiento de que la idea sirviera como contraprestación para "contentar" a Junts. Además, se trata de una medida que ni PSOE ni Gobierno han acabado de defender mucho durante la semana. Pilar Alegría, portavoz del ejecutivo, desviaba rápidamente el tema cuando se le preguntaba en rueda de prensa sobre esta cuestión. Decía que la propuesta está sobre la mesa y que "todos somos conscientes de que las instrucciones se alargan". No ha sido una propuesta sólida.
Incluso la vicepresidenta segunda del Gobierno salió a criticar la medida. Yolanda Díaz, a pesar de querer reivindicar ser "prudente" porque desconocía la totalidad de la propuesta, afirmó este miércoles que la propuesta "no va en la dirección correcta". Solo se limitó a decir, en favor de la idea, que cualquier ciudadano necesita tener un juicio justo y con garantías y, por lo tanto, no estar pendiente eternamente de la investigación de un juez, porque eso puede convertirse en un calvario para un procesado. Recordó, sin embargo, que hay causas que son muy "complejas" y que "necesitan unos ritmos" más largos.
Sea como sea, Sánchez planteaba la opción de reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal en una entrevista en LaSexta justo después de haber cerrado la puerta a modificar el delito de terrorismo en el Código Penal. Lo hacía también días después de haber hecho un gesto hacia Junts: recordar a los jueces que todos los independentistas tienen que ser amnistiados, porque el movimiento no ha recurrido nunca al terrorismo durante el Procés. No hay sobre la mesa, sin embargo, ninguna propuesta sólida, todavía.
Elecciones gallegas el 18 de febrero y primer plazo para la amnistía el día 21
Así pues, Junts tiene sobre la mesa un calendario con una fecha señalada: la del 21 de febrero, cuando acaba el primer plazo fijado por la Mesa del Congreso para ponerse de acuerdo con los socialistas y elaborar un nuevo dictamen en la Comisión de Justicia de la cámara baja. El PSOE tiene otra: las elecciones gallegas del 18 de febrero. Lo más probable, a estas alturas, es que el PP revalide su mayoría absoluta. Pero no parece que para los populares esté chupado. Algunas encuestas señalan que la mayoría absoluta de Alfonso Rueda peligra. Es por eso que para los socialistas aquellos comicios son imprescindibles. Puede haber una remontada de la izquierda y tener una Xunta gobernada por el BNG de la mano del PSdeG.
Elecciones aparte, el plazo del día 21 para la ley de amnistía se puede ampliar quince días más si así lo considera y lo necesita la comisión. Si la Comisión de Justicia volviera a aprobar el dictamen antes de que venciera este primer plazo (una fecha que hay sobre la mesa es el lunes 19 de febrero, el día siguiente de las elecciones gallegas), el pleno podría dar luz verde a la amnistía y remitirla al Senado el jueves 29 de febrero. En caso de que el plazo se prorrogara, habría que esperar al 14 o al 21 de marzo (la primera semana de marzo no hay Pleno).