Los grupos parlamentarios de PSC, Esquerra Republicana y los Comuns impulsan una proposición de ley para mejorar la atención de la administración pública a la ciudadanía, que incluye "por primera vez" el derecho de las personas a rectificar errores ante la administración y elimina la obligatoriedad de pedir cita para trámites presenciales. La propuesta se registrará en la cámara legislativa catalana entre este miércoles y mañana el jueves, según han informado los republicanos en una nota.
El texto que han acordado los de Salvador Illa y sus socios parlamentarios habituales fija también que los errores cometidos por trabajadores públicos no serán sancionados si se ha actuado de buena fe y sin fraude. Así, los grupos que proponen la ley defienden que poder enmendar sin consecuencias el error sin la amenaza de una sanción, tal como permitiría la ley, agilizará las tramitaciones con la administración.
La proposición de ley que ultiman los tres grupos establece asimismo que un error de la administración o una mala praxis en la gestión pública no pueda perjudicar a la ciudadanía. Una medida que evitaría, por ejemplo, el retorno de ayudas económicas a personas vulnerables prestadas por error administrativo.
Ya no sería obligatorio pedir cita para los trámites presenciales
El texto también elimina la obligatoriedad de pedir cita para trámites presenciales con la administración. Establece, pues, que la cita solo se puede utilizar como una medida para mejorar la atención, y suprime la barrera de acceso que a menudo supone, especialmente, para las personas con menos habilidades digitales, tal como recoge el texto. Desde Esquerra Republicana defienden que esta ya es una mejora que hizo posible al Govern del president Pere Aragonès, pero que la nueva propuesta permitirá "elevarlo y blindarlo" a través de una ley.
Una administración pública "más próxima y accesible"
Para complementar el objetivo de hacer "más próxima y accesible" la administración a la ciudadanía, la proposición de ley recoge el llamado derecho a la claridad y comprensibilidad de la administración. Es decir, la necesidad de hacer más sencillo, sencillo y claro el lenguaje de la administración. "La proposición de ley, pues, permitirá agilizar los trámites administrativos; defender a los empleados públicos; proteger a la ciudadanía delante la administración; y garantizar un acceso a las tramitaciones administrativas mejor y más rápido", sostienen los de Oriol Junqueras.