Primera respuesta. El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Dean Spielmann, se pronunciará sobre la ley de amnistía este jueves a las nueve y media de la mañana. Sus conclusiones no son vinculantes para el tribunal con sede en Luxemburgo, pero mostrarán por dónde va el debate europeo. La ley del olvido penal -aprobada el 11 de junio de 2024- no permite el perdón de causas que afecten los derechos financieros de la UE. En esta comparecencia, Spielmann debe presentar las conclusiones sobre dos causas: el gasto del 1-O, prejudicial presentada por el Tribunal de Cuentas (TCu); y la de los 12 CDR de la operación Judas, acusados de terrorismo, consulta de la Audiencia Nacional. ¿Aplicarles la ley de amnistía es compatible con el derecho de la Unión? Es la pregunta a responder en ambos casos.
La sentencia del TJUE se espera para finales de año. Si resuelve que no afecta al derecho de la Unión, los dos tribunales españoles deberán aplicar a los investigados la amnistía; si no, deberán juzgarlos. La primera respuesta del TJUE llega una semana después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) se haya puesto del lado de los tribunales españoles y haya negado que estos vulneraran los derechos políticos de los independentistas catalanes al mantenerlos en prisión preventiva en 2017 y 2018. El TEDH tiene pendiente la sentencia sobre si el Supremo les vulneró derechos -como el juez predeterminado por la ley- al juzgarlos y condenarlos por sedición.
Dos consultas paralelas
La primera consulta al TJUE la hizo el Tribunal de Cuentas (TCu), que suspendió el juicio por responsabilidad contable a los presidentes Carles Puigdemont y Artur Mas, además de una veintena de exconsellers y excargos, por el gasto del 1-O del 2017 y la promoción de Catalunya en el exterior de la época 2011 al 2017, cifrada en unos 5 millones de euros. El TCu no quiso aplicarles la ley de amnistía, frente al criterio de la Fiscalía y la Abogacía del Estado: tiene dudas sobre la compatibilidad de ciertos aspectos de la ley de amnistía con el Derecho de la Unión, por lo que ha planteado diversas preguntas sobre este tema al TJUE. La entidad Sociedad Civil Catalana es acusación y rechaza, también, que se les aplique la amnistía.
En la misma comparecencia de este jueves, el luxemburgués Spielmann presentará sus conclusiones sobre un segundo asunto prejudicial sobre la ley de amnistía, también examinado por la gran sala del TJUE en verano: los 12 vecinos acusados del delito de integración en una organización terrorista y ocho de ellos, también son acusados de fabricar y estar en posesión de explosivos y de haber intentado causar estragos de carácter terrorista. La Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas (ACVOT) ejerce de acusación y reclama que se les juzgue. Por contra, los abogados de Alerta Solidària -que llevan a la mayoría de acusados- piden que se les aplique la amnistía y que se archive la causa contra ellos. La Fiscalía, que pedía 27 años de prisión para ocho acusados y 8 años de prisión para el resto, finalmente apostó por su amnistía, porque no provocaron heridos ni daños en las acciones de protesta que protagonizaron el 2019, y porque tenían precursores, no explosivos.
La malversación, pendiente
El abogado general del TJUE no debería pronunciarse sobre el delito de malversación del 1-O, del que se acusa a Puigdemont y Oriol Junqueras, además de los exconsellers Toni Comín, Lluís Puig, Dolors Bassa y Raül Romeva. Precisamente, ahora está pendiente que el Tribunal Constitucional (TC) resuelva si se les debe conceder la amnistía porque no se enriquecieron, a pesar de que el Tribunal Supremo ha hecho una interpretación forzada en contra.
Un hecho evidente es que con el 1-O no se afectaron fondos de la UE, sino la Fiscalía de la UE ya hubiera reclamado la causa al Tribunal Supremo. Han pasado ocho años de la celebración del Referéndum d'Autodeterminación de Catalunya y no se ha exigido nada, ni hay ninguna factura pagada con fondos europeos.
Vistas complejas y politizadas
La gran sala del TJUE celebró en Luxemburgo el pasado julio dos vistas, en las cuales los abogados de los políticos y de los activistas defendieron que la ley de amnistía abarcaba sus casos. Fueron dos vistas técnicas, y de forma muy excepcional con intervenciones políticas por parte del abogado de la Comisión Europea, Carlos Urraca, que admitió que no se habían afectado fondos de la UE, pero al mismo tiempo decía que esta norma era una "autoamnistía", y que había nacido del pacto de Pedro Sánchez con los grupos de Junts y ERC, para garantizarle su investidura; aunque el hecho de obtener prerrogativas o mejoras es habitual en la negociación política.
Por su parte, la abogada del Estado, Andrea Gavela, replicó a la CE que la amnistía es “legítima” y recordó que la sentencia del Tribunal Constitucional de finales de junio la ve “justificada” para “superar el conflicto político”. Precisamente, el abogado general del TJUE reprochó a Urraca que no citara en ninguna ocasión que el TC ha avalado la ley del olvido penal.
Los abogados Gonzalo Boye, en nombre del president Puigdemont y otros investigados de Junts, y Marc Marsal, en nombre de Junqueras y ex altos cargos de ERC, insistieron también en que no había ningún perjuicio a la UE en la causa del 1-O.
La vista contra los CDR fue más larga, y el tribunal preguntó bastante a los abogados del Estado y de la Comisión sobre si la ley de amnistía permitía el perdón de casos de terrorismo. Las defensas insistieron en que el redactado de la norma se basa en tratados europeos, no en el Código Penal español. El abogado de la CE expuso que “carece de certeza, precisión y previsibilidad” el texto de la ley.
Tras las conclusiones del abogado general, se espera la sentencia del TJUE, que será redactada por el vicepresidente del tribunal, Thomas von Danwitz. Por ahora no hay ninguna fecha anunciada aunqyue se espera que sea a finales de año, y podría coincidir con la sentencia del TC sobre la acusación de malversación del 1-O.
Paralelamente a las dos causas, el TJUE también debe pronunciarse sobre la consulta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por la amnistía de los republicanos Josep Maria Jové y Lluís Salvadó por la organización del 1-O, y de un juez de Vilanova por acusado de desobediencia por llevar un lazo amarillo en ser miembro de una mesa electoral.