El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha celebrado la segunda vista sobre la aplicación de la amnistía, en este caso a los 12 CDR de la operación Judas, acusados de terrorismo, este martes por la tarde. La Audiencia Nacional detuvo la aplicación de su amnistía al considerar que se vulneraba la directiva europea sobre terrorismo, dictada en el 2017, y que el Estado español traspuso el 20 de febrero de 2019, días después de los hechos imputados, entre el octubre de 2018 i el 1 de febrero de 2019. En la vista, los abogados defensores de Alerta Solidaria han asegurado que la norma del olvido penal del procés es respetuosa con la norma europea. En concreto, los penalistas han afirmado que la amnistía no pone en riesgo la lucha antiterrorista ni en España ni en Europa, y que no discrimina, porque también se ha aplicado a policías y personas no independentistas.
Esta segunda vista, iniciada a las dos y media del mediodía, se ha alargado más que la de la mañana y ha acabado pasadas las siete de la tarde. Nuevamente, el tribunal de Luxemburgo ha centrado sus preguntas en la abogada del Estado español y al de la Comisión Europea -como en la causa del 1-O con la situación de tener una sentencia del Tribunal Constitucional, que avala la ley de amnistía-, pero en este caso, el interrogatorio ha durado más de una hora.
Sin provocar daños
La Fiscalía y la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas (ACVOT) acusaron a los 12 vecinos de pertenencia a organización terrorista, y a ocho de ellos de tenencia, depósito, así como fabricación de sustancia o aparatos explosivos e inflamables de carácter terrorista en grado de tentativa. Se movilizaron contra la prisión de los líderes catalanes, pero no provocaron estragos, ni heridos, ni muertos, delitos graves excluidos de amnistiar en la ley del procés. La Fiscalía, que pedía entre 8 y 27 años de prisión para ellos, ya solicitó que se les aplique la amnistía.
Sin discriminación
Los abogados defensores que han intervenido son Xavier Monge, Montserrat Vinyets, Carles Perdiguero y David Aranda (los dos en la foto principal) y Eva Pous, mientras que el de la ACVOT es el penalista Josep Maria Fuster-Fabra, que se ha opuesto a aplicarles la norma del olvido penal.
El tribunal también les planteó preguntas previas y ha limitado el tiempo de su intervención, como en la vista del 1-O, donde los defensores han asegurado que la ley no vulnera el derecho de la Unión y que es hecha para dar una respuesta a un conflicto político. Así, el penalista Xavier Monge ha manifestado que el debate en el TJUE no es sobre la oportunidad política de la ley de amnistía o su efectividad para resolver el conflicto político catalán, sino simplemente sobre si jurídicamente es legítima, y él considera que sí.
Además, Monge ha replicado el abogado Fuster-Fabra y ha asegurado que la norma del olvido penal “no discrimina”, porque han sido amnistiados muchos policías y guardias civiles que "no parece que fueran catalanes o independentistas". Y, le ha recordado que la Audiencia de Barcelona ha amnistiado a agentes de la Guardia Civil, acusados de vejar, precisamente, a los 12 CDR.
El abogado Fuster-Fabra ha alertado añ TJUE que la amnistía del procés puede beneficiar a yihadistas que no hayan acabado de cometer atentados. Y ha añadido que si la Guardia Civil no hubiera detenido a los CDR el 2019, habrían "vulnerado derechos humanos".
Por su parte, David Aranda ha remarcado que la Comisión Europea no inició ningún procedimiento contra la amnistía por posible incumplimiento de la normativa europea antiterrorista. Para este letrado, la amnistía "es una decisión política"
Carles Perdiguero, ha declarado que "el efecto útil de la directiva europea no se ve afectado por la amnistía", puesto que la ley antiterrorista sigue en vigor. Según el abogado, la amnistía es una "ley singular, no una regulación general, y no tiene efectos transfronterizos, que, además, reivindica la directiva europea".
La penalista Eva Pous ha asegurado que la Comisión de Venecia no ha afirmado rotundamente que esta ley de amnistía sea una autoamnistía, como sostiene la Comisión Europea. Y Montserrat Vinyets ha remachado: "No existe el derecho fundamental en una condena penal, como pide la acusación popular." Además, ha recordado que la ley de amnistía del procés sí que preserva la reclamación por la vía civil en casos de lesiones y daños.