Juan Carlos Peinado celebrará su cumpleaños al lado de Begoña Gómez. Después de un año y medio de instrucción, el juez que investiga a la mujer de Pedro Sánchez da un paso cualitativo para abonar el terreno de cara a un futuro (y presumible) juicio. Hace tres días, a primera hora, el magistrado sorprendió a todo el mundo con una providencia que anunciaba su decisión de que (en caso de llegar a juicio) sea un jurado popular, formado por nueve madrileños elegidos por sorteo, el que dicte un veredicto sobre la presunta malversación por la contratación de la asesora de Begoña Gómez en la Moncloa, Cristina Álvarez. Con la finalidad de informarla sobre este movimiento, y aprovechando que el sábado estaba de guardia (aunque lo podría haber dejado para la semana que viene), el juez decidió citar a Gómez i Álvarez, junto con Francisco Martín (el delegado del Gobierno en Madrid), que también está investigado, el sábado 27 de septiembre a las seis de la tarde. Es el mismo día que Peinado cumple 71 años y empieza la cuenta atrás hasta la jubilación, que será dentro de 365 días.
📝 El juez Peinado informa a Begoña Gómez de que el juicio por malversación sería con un jurado popular
🔎 ¿Qué es y cómo funciona el jurado popular que podría juzgar a Begoña Gómez?
Será la quinta vez que Begoña Gómez pisa los Juzgados de Plaza de Castilla y, como en todos los precedentes, accederá a las instalaciones judiciales desde el garaje. En un acuerdo emitido treinta horas antes de la cita, la jueza decana de Madrid, María Jesús del Barco, que también es la presidenta de la asociación conservadora de jueces (mayoritaria a la carrera), accedió a la petición del servicio de seguridad de la Moncloa con el objetivo de “prevenir incidentes que pongan en riesgo la integridad física de la investigada”, dado que el “ambiente hostil y de rechazo social evidente” puede dar lugar a “interpelaciones o insultos a través de megafonía y exhibiciones de varias pancartas”. De hecho, como es habitual, Hazte Oír ha convocado una protesta a las puertas de los juzgados.
Las cuatro otras veces que la esposa de Pedro Sánchez se ha tenido que desplazar hasta allí ha sido para declarar como investigada: el 5 de julio de 2024 se acabó posponiendo por un defecto formal del juez, el 19 de julio mantuvo silencio, el 20 de diciembre negó irregularidades y el 10 de septiembre de 2025 reconoció que su asesora la ayudó excepcionalmente en su actividad profesional. Ahora, el objetivo de la cita es que el juez pueda “concretar la imputación”. En la comparecencia, primero tomará la palabra la Fiscalía y, posteriormente, las acusaciones populares y los abogados de los investigados, que manifestarán “lo que estimen oportuno en su defensa y podrán instar el sobreseimiento”. Además, las partes “podrán solicitar las diligencias de investigación que estimen oportunas”. Todo ello queda regulado en el artículo 25 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado.
El juez da el paso viendo que las declaraciones de Begoña Gómez y Cristina Álvarez no tienen “sentido exculpatorio”
Para justificar que la pieza sobre la malversación (que avanza en paralelo a al principal, donde se investigan cuatro delitos más) continúe adelante (con el jurado popular en el horizonte), el juez Juan Carlos Peinado se remitió a las declaraciones de Begoña Gómez y Cristina Álvarez del 10 de septiembre: “Ninguna de las dos contestó ninguna pregunta” que le hubiera podido formular el instructor, las acusaciones populares, la Fiscalía o los abogados de los otros investigados. La asesora se negó a declarar y la mujer de Pedro Sánchez, solo contestó a tres o cuatro preguntas que le planteó su abogado, Antonio Camacho, y dio respuestas que “no permiten ser tenidas en cuenta en sentido exculpatorio”. Se dedicó a definir y describir las funciones de la figura de la asesora de la mujer del presidente del Gobierno y reconoció que Cristina Álvarez la ayudó excepcionalmente en cuestiones vinculadas a su actividad profesional.
📝 Begoña Gómez reconoce que su asesora la ayudó excepcionalmente en la actividad profesional
En el caso de Cristina Álvarez, era la tercera vez que declaraba. Como testigo, relató que la contrataron en julio de 2018 (después de la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa) y expuso que sus funciones eran confeccionar la agenda institucional y privada de Begoña Gómez e informar al servicio de seguridad de la Moncloa de sus actividades. Como investigada, negó que influyera a la Complutense o a ningún patrocinador antes de la creación de la cátedra para beneficiar a la esposa del presidente del Gobierno y aseguró que no se prevaleció de su cargo para ninguna solicitud. Por su parte, a mediados de mayo declaró Francisco Martín, que está investigado porque el juez considera que era el “responsable y superior jerárquico” de Cristina Álvarez (lo fue de 2021 a 2023). “En ningún momento participé en este nombramiento. Consideramos incomprensible esta cita. Estamos tranquilos, todo acabará en nada porque no hay nada”, verbalizó a la salida.
Como hemos llegado hasta aquí: cronología de la investigación en torno a Cristina Álvarez
El camino que ha llevado a Begoña Gómez y Cristina Álvarez a estar investigadas se remonta a finales de 2024, cuando Juan Carlos Peinado citó como testigo a Cristina Álvarez, que tenía la obligación de decir la verdad. Desde entonces, la causa ha ido evolucionando y, a pesar del revés que le dio el Supremo, que rechazó las pretensiones del magistrado y se negó a abrir una causa contra Félix Bolaños, ha dejado a Begoña Gómez y a su asesora cada vez más cerca del banquillo de los acusados.
- 20 de diciembre de 2024 | Cristina Álvarez declara como testigo y relata que la contrataron en 2018 para asistir a Begoña Gómez.
- 9 de enero de 2025 | Después de la declaración como testigo, el juez rechaza darle la condición de investigada como pedía una de las acusaciones populares.
- 4 de febrero | Menos de un mes después de descartarlo, el juez imputa a Cristina Álvarez por tráfico de influencias y corrupción a los negocios. Ella acusa al juez de tenderle una “trampa”.
- 26 de febrero | Cristina Álvarez declara como investigada y niega que se prevaleciera de su cargo para ninguna solicitud.
- 10 de marzo | El juez cita como testigo al ministro Félix Bolaños, que era secretario general de la Presidencia cuando se contrató a Cristina Álvarez. Y apunta al delito de malversación.
- 16 de abril | Félix Bolaños se desvincula de la contratación y dice que fue conforme a la ley.
- 18 de agosto | Por primera vez, el juez Peinado cita a Begoña Gómez y a Cristina Álvarez como investigadas por malversación.
- 10 de septiembre | Begoña Gómez reconoce que Cristina Álvarez la ayudó puntualmente en la actividad profesional y ella se acoge al derecho de no declarar.
Una querella de Vox, un pronunciamiento de la Audiencia de Madrid y una autoenmienda de Peinado
Uno de los momentos clave de la investigación fue el 5 de mayo. Peinado tenía encima de la mesa una querella de Vox por malversación. Y decidió investigar a Francisco Martín, que actualmente es delegado del Gobierno en Madrid y entre 2021 y 2023 fue secretario general de la Presidencia. Ahora bien, en el auto original, el juez cerraba la puerta a imputar por malversación tanto a Begoña Gómez como a Cristina Álvarez. De la primera decía que, “sin indicios de participar en el nombramiento, ni en el pago de los emolumentos, limitándose a hacer uso de sus servicios profesionales, aunque para fines personales, no se llega a percibir ninguna responsabilidad penal”. De la segunda reconocía que se dedicó a “desarrollar el trabajo que se le va contagiando y percibir la cantidad que tiene asignada”.
Ahora bien, semanas después, la Audiencia de Madrid lo animó a poner la lupa en ello. “Una clara y palmaria desviación de las labores de un funcionario público respecto de las que tendrían que ser sus funciones puede haber sido voluntariamente utilizada como un indebido apoyo o desviación de recursos públicos en favor exclusivamente de intereses privados”, esgrimió. Ahora bien, lo circunscribió en el delito de tráfico de influencias y dejó de lado la malversación. Aducía que el funcionario “ilícitamente destinado a cubrir necesidades o utilidades privadas” de su superior “no puede cometer” este delito y apuntaba que solo lo comete “quien lo destina, aprovecha o consiente esta decisión” o sí “cobrara un sueldo sin prestar ninguna de las funciones para las que estaba contratada”. Y era partidaria de investigar “si se sobrepasó en el cumplimiento de las funciones públicas que le fueron encomendadas para favorecer el plan delictivo” de Begoña Gómez.
Y ahora el juez Peinado se ha escudado en esto para dar un paso más en el terreno de la presunta malversación. “Consciente” de que inicialmente lo descartó (en mayo, cuando admitió la querella de Vox y puso el foco Francisco Martín), justifica que la “delimitación del objeto del proceso” es de “cristalización progresiva” y que una querella no ofrece una “imagen fija del desenlace de la fase de investigación”. Niega que haya habido una “vulneración del principio de expectativas legítimas” y esgrime que cuándo un proceso penal arranca la “delimitación objetiva” tiene una “nitidez que no siempre es definitiva”.
“Me dice Begoña que te traslade que le encantaría que seguís como patrones de la cátedra”
El juez empezó a investigar a Cristina Álvarez después de saberse que en febrero de 2024 hizo gestiones con un patrocinador a favor de la cátedra de la mujer de Pedro Sánchez: “Me dice Begoña que te traslade que le encantaría que seguís como patrones de la cátedra”, comunicó a la empresa Reale en una posdata de un correo electrónico. Hablaba de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva, que ella codirigía en la Universidad Complutense. La Audiencia de Madrid considera que esto “supera claramente sus funciones”, mientras que el abogado de Begoña Gómez, Antonio Camacho, lo enmarca en un “favor a la persona para quien trabajas y con el que mantienes una relación de amistad”. Además, arguye que es “difícilmente sostenible” que una conducta “aislada y habitual en los usos sociales” pueda ser un delito de malversación.