Nuevo frente judicial para el Gobierno. Y más problemas para Pedro Sánchez. El juez Juan Carlos Peinado (que desde hace más de un año está investigando a Begoña Gómez) da un paso más y quiere que el Tribunal Supremo investigue al ministro Félix Bolaños por malversación por la contratación de Cristina Álvarez (la asesora personal en la Moncloa de la mujer del presidente español) y por falso testimonio en su declaración como testigo. Así lo solicita en una exposición razonada a la que ha tenido acceso ElNacional.cat. El magistrado puso la lupa sobre Bolaños en marzo porque era el secretario general de Presidencia (lo fue entre julio de 2018 y julio de 2021) cuando se contrató a Cristina Álvarez. A raíz de la declaración de un testigo, decidió abrir una pieza separada por presunta malversación de caudales públicos y citar al actual ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes como testigo. Su declaración se produjo hace dos meses y Bolaños aseguró que él fue ajeno por completo a esta contratación y la enmarcó en la normalidad.

🔎 El juez que investiga a Begoña Gómez vuelve a la Moncloa para interrogar a Bolaños con la malversación en la diana

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Ahora, “ante la imposibilidad de continuar la instrucción sin realizar diligencias de investigación que afectasen de manera directa al aforado”, es decir, citarlo como investigado, el juez la envía al Supremo. Ahora bine, como diputado y ministro, Bolaños es aforado y, por lo tanto, si la Sala Penal del Supremo comparte la tesis de Peinado y aboga por investigarlo, tendrá que pedir el suplicatorio al Congreso. Esta investigación discurre en paralelo a la principal que Peinado tiene encima de la mesa: la causa por los presuntos delitos de corrupción en los negocios en el sector privado, tráfico de influencias, apropiación indebida e intrusismo contra Begoña Gómez por el máster que codirigía en la Universidad Complutense. Por cierto, es la quinta vez que Peinado decide investigar a alguien después de que haya declarado como testigo (con la obligación de decir la verdad): Félix Bolaños sigue la estela de Cristina Álvarez, Juan Carlos Barrabés (empresario), Joaquín Goyache (rector de la Complutense) y Juan José Güemes (directivo del Instituto de Empresa).

“Tenía bajo su responsabilidad la correcta administración del patrimonio público que estaba a su cargo”

Para justificar la necesidad de investigar a Félix Bolaños, el juez Juan Carlos Peinado sostiene que los trabajos de Cristina Álvarez “no se han limitado a los de asistenta en las actividades llevadas a cabo por la esposa del presidente del Gobierno en su condición de tal, meramente protocolarias y sin ánimo de lucro o de carácter benéfico”, sino que también se ha dedicado a “atender las necesidades que ha llevado a cabo en actividades de carácter privado”. Recuerda que sus retribuciones iban a cargo de los presupuestos generales del Estado y recalca que Félix Bolaños tenía “bajo su responsabilidad” la “correcta administración del patrimonio público que estaba a su cargo”. Y es que, siguiendo con su hilo argumental, subraya que, en términos genéricos y abstractos, “todas las personas que tuvieren bajo su responsabilidad la administración del correcto destino del patrimonio público” deben ser “consideradas partícipes” en un delito de malversación si “no llevan a cabo las actuaciones necesarias para evitar que se continúe dando un destino distinto al que es propio para los caudales públicos”.

Cuando declaró como testigo, Félix Bolaños aseguró que él no participó en el nombramiento de Cristina Álvarez ni fue su jefe, pero subrayó que la contratación se hizo conforme a la ley y que es una figura que ha existido siempre. Previamente, el vicesecretario de Presidencia cuando él era secretario general de Presidencia, Alfredo González Gómez, lo responsabilizó de la contratación de Cristina Álvarez. Alfredo González señaló que él propuso el nombramiento de la asesora, pero puntualizó que se limitó a elevar la propuesta. Cuando le preguntaron quién era su superior, señaló directamente a Bolaños. “Me limitaba a remitir al órgano competente para el nombramiento las propuestas de personal eventual que, como el Estatuto Básico del Empleado Público establece, al tratarse de personal eventual, su nombramiento y cese es libre”, esgrimió.

“Nos encontramos ante el paradigma de un oxímoron”

Sobre el delito de falso testimonio, Peinado hace un relato sobre la declaración de Bolaños. “Tras ser preguntado en reiteradas ocasiones por la persona, en concreto, que propuso y/o realizó el nombramiento de Cristina Álvarez manifestó en todo momento, tras negar que hubiera sido él, que no conocía el nombre de dicha persona”, expone. Acto seguido, el juez suspendió la declaración para que Bolaños “recabara la información necesaria para poder contestar adecuadamente a lo que se le venía preguntando”. Poco más media hora más tarde, “trascurrido el tiempo que se consideró razonable para la obtención de los datos necesarios”, Bolaños manifestó que la persona que había realizado el nombramiento era Raúl Díaz Silva.

Ahora bien, el 14 y el 28 de mayo Raúl Díaz Silva declaró como testigo y manifestó que él no había sido quien realizó el nombramiento. Esto llevó a Juan Carlos Peinado a concluir que la declaración de Bolaños había sido “incierta” y a acusarlo de un delito de falso testimonio. “Siendo el Notario Mayor del Reino, nos encontramos ante el paradigma de un oxímoron, cuando, estando bajo juramento y en una diligencia judicial, su testimonio, en una actitud totalmente proterva, no se ajusta a la realidad”, lamenta el magistrado. La RAE define protervo como algo “perverso u obstinado en la maldad”.

El juez subraya que el delito de falso testimonio se produce cuando un testigo “falta maliciosamente a la verdad” de tal forma que la falsedad “debe resultar evidente o puesta de manifiesto por el resto de las pruebas practicadas”. “Junto con este elemento objetivo, resulta precisa la concurrencia de un elemento subjetivo, el dolo, puesto que este delito es eminentemente intencional”, añade. “El dolo en este tipo de delitos se plasma en la prestación intencionada de una declaración falsaria. El tipo delictivo descrito tiene un dolo inherente que no exige más que abarcar la lesión jurídica que pueda producir consciente y voluntariamente”, remacha.

“La última vez que coincidieron fue en el tanatorio por la muerte de Begoña Gómez”

En un momento del escrito, el juez Juan Carlos Peinado repasa la declaración de Félix Bolaños como testigo. “Que el puesto de la señora Álvarez era de asistente de la señora Gómez, aunque no participó en su nombramiento. Y lo sabe porque era notorio”, apunta. “Y que en algunas ocasiones ha coincidido con las dos, una, dos o tres veces”, añade. Y enumera algunos ejemplos, añadiendo, incluso, la muerte de la mujer del presidente del Gobierno: “Alguno era un acto político, de presentación de la candidatura de presidente del Gobierno para las generales de 2019, pero no recuerda exactamente dónde. La última fue en el tanatorio por la muerte de la señora Begoña Gómez”. Esto ha levantado críticas en las redes sociales. “Parece que al juez Peinado le ha traicionado el subconsciente”, le ha reprochado el ministro Óscar Puente. “Yo entiendo que van con todo, pero un mínimo de decoro sería exigible”, ha denunciado el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián.

¿Quién es Cristina Álvarez?

Cristina Álvarez tiene la condición de investigada en la causa que instruye Peinado desde hace cuatro meses. Inicialmente, cuando testificó, el pasado diciembre, relató que la contrataron en 2018 para asistir a la mujer del presidente del Gobierno, gestionar su agenda pública y privada y llevar un control de sus actividades a efectos de seguridad. Además, trascendió que, a inicios de 2024, hizo gestiones con un patrocinador a favor de la cátedra de Begoña Gómez: comunicó a la empresa Reale el interés de la mujer de Sánchez en que la compañía aseguradora siguiera patrocinando la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva, la que ella codirigía a la Universidad Complutense.

Cuando volvió a declarar, en calidad de imputada, negó que hiciera gestiones con la Complutense o empresas patrocinadoras para beneficiar a Begoña Gómez antes de la creación de la cátedra, aseguró que no influyó sobre ningún trabajador de la universidad ni de ninguna empresa patrocinadora y subrayó que no se prevaleció de su cargo para ninguna solicitud.