El juzgado de instrucción 6 de Barcelona ha rechazado la primera querella presentada contra los Mossos d’Esquadra por el uso de gas pimienta en una manifestación a favor de Palestina el pasado 15 de octubre en la estación de Sants. Cinco manifestantes y una fotoperiodista, presentaron la querella contra los agentes y mandos de los Mossos por los delitos de lesiones, contra la integridad moral, coacciones y contra los derechos de los trabajadores. La jueza entiende que "la actuación se ajustó a los protocolos".
Los querellantes, representados por una coordinación jurídica formada por Alerta Solidària, Irídia, la CGT, la Intersindical y la IAC, han avanzado que recurrirán contra la decisión de la jueza ante la Audiencia de Barcelona. Sostienen que la magistrada ha tomado la decisión de no admitir la querella dos días después de haberla recibido, sin haber practicado ninguna diligencia. Fue presentada el 16 de diciembre, y dos días después desestimada. “La resolución se dicta sin investigar los hechos, a pesar de las advertencias internacionales sobre el uso del gas pimienta y el deber de investigar de forma exhaustiva denuncias de malos tratos”, han denunciado en un comunicado este martes.
Actuación ajustada a los protocolos
También cuestionan la "ligereza" con la que la magistrada da por válida la actuación policial. Para reforzar la inadmisión de la querella, la magistrada señala que no está suficientemente acreditada la causalidad de las lesiones sufridas, así como tampoco es clara la identificación de los agentes actuantes. Los querellantes sostienen que sufrió irritaciones en los ojos, vómitos e inflamaciones en el cuerpo. Al menos tres agentes de los Mossos usaron gas pimienta, pero no pudieron ser identificados en su momento porque no llevaban visible el número de operativo policial (NOP), que es obligatorio, según recuerdan las entidades. Fueron gaseados y afectados unos 40 manifestantes sentados en el suelo, recoge la querella.
La magistrada entiende que la actuación fue ajustada a los protocolos, algo que ponen en duda los representantes legales de los querellantes, que recuerdan que la misma consejera de Interior, Núria Parlon, admitió que hay uno, en relación con el gas pimienta, que está en revisión. La consejera, en respuesta parlamentaria, hizo referencia reiterada a la guía de uso elaborada por las Naciones Unidas, que establece que “los irritantes químicos no deberían utilizarse en situaciones de resistencia puramente pasiva”. Los querellantes denuncian que la decisión de la jueza “contribuye a reforzar la impunidad policial y evita cualquier aclaración sobre unos hechos graves contra manifestantes pacíficos”.