Parece que el gobierno español ha aprendido bien poco de dos derrotas parlamentarias sonadas en lo que llevamos de año con la tramitación de lo que denominaba el escudo social y que, en la práctica, eran muchas otras cosas que afectaban claramente de manera negativa a las clases medias. Este martes ha dado el pistoletazo de salida a la que puede ser su tercera derrota en el Congreso de los Diputados cuando quiera convalidar el nuevo decreto ley en unas pocas semanas. La guerra de Irán y el aumento evidente de los precios de la energía, tanto el barril de petróleo como la luz, ha llevado al gobierno de Pedro Sánchez a anunciar que el próximo viernes el Consejo de Ministros aprobará una contención del precio de la electricidad y liberará hasta 11,5 millones de barriles de petróleo de reservas estratégicas. Una medida que equivale, aproximadamente, a 12,3 días de consumo nacional y que forma parte de la respuesta coordinada de la Agencia Internacional de la Energía, que ha acordado liberar 400 millones de barriles a nivel global. 

Pero, como pasa siempre, el gobierno español sabe que si busca el apoyo de Junts para su aprobación, hay algunas cosas que están vetadas poner en el real decreto y otras cosas que debería incorporar si lo que busca son los siete votos del partido de Carles Puigdemont. Si no quiere hacerlo así, le pueden pasar dos cosas: que pierda la votación o bien que lo salve con los votos del Partido Popular, cosa difícil, aunque nunca imposible. En ningún caso se aprobará este real decreto, que se tramitará con carácter de urgencia en las Cortes y se incorporará para su votación en el pleno del Congreso del próximo jueves, el día 19, si Sumar pide ir más allá e incorporar medidas sobre vivienda, como podría ser la prohibición de desahucios o limitar el precio del alquiler. Para Sumar, hay que intentar negociar con los independentistas y asumir que los puigdemontistas lo pueden acabar tumbando, sea porque están en contra o porque las relaciones entre socialistas y juntaires están rotas.

Parece que el Gobierno ha aprendido bien poco de dos derrotas parlamentarias sonadas en lo que llevamos de año con la tramitación de lo que denominaba el escudo social

Seguir el camino de Sumar, necesitado de marcar perfil propio, una vez que se han vuelto a estrellar en unas elecciones, este domingo en las de Castilla y León, donde han quedado fuera del parlamento autonómico, sería un camino directo al barranco más cercano, que es donde acabaría el real decreto. El Gobierno asume que habrá que concretar ayudas selectivas a los sectores más expuestos y rebajas fiscales, pero el tema es dónde, cuánto y cómo, algo sobre lo que siempre hay miradas diferentes. El objetivo del nuevo paquete de medidas anticrisis —que dice mirar muy especialmente a los sectores del transporte, la agricultura y la pesca— incluye rebajas fiscales en la luz y en los carburantes. Busca paliar la inflación, aunque se descartan las bonificaciones, como las que se llevaron a cabo tras la invasión rusa de Ucrania, cuando se aplicó una rebaja de 20 céntimos en los precios de la gasolina y el diésel, ya que los resultados no fueron los previstos.

Desde Junts se espera que el gobierno español haya aprendido la lección de las dos derrotas con sendos decretos del escudo social. En el Congreso de los Diputados ha presentado una proposición no de ley (PNL) en la que está el esqueleto de sus demandas. Una deflactación del IRPF para ajustar los tramos del impuesto a la inflación actual y evitar así que la subida de precios suponga una subida de impuestos encubierta para las rentas medias y bajas. Una rectificación urgente de los presupuestos generales del Estado para adaptarlos a la crisis económica derivada de la guerra en Irán; una propuesta para ganar soberanía energética, que incluye paralizar el cierre de las centrales nucleares para garantizar el suministro eléctrico ante la inestabilidad de los mercados de gas por el conflicto en el estrecho de Ormuz y, finalmente, la supresión del impuesto del 7 % a la generación de electricidad, que permitiría rebajar la factura de la luz a familias y empresas ya que el impuesto se traslada directamente al consumidor final y es una demanda antigua y constante del tejido empresarial catalán para recuperar competitividad.

Gobierno y Junts no van a negociar, o al menos no lo están haciendo. La situación entre ambos es la que es y ninguno de los dos se esconde. Eso no quiere decir que el equipo económico de Pedro Sánchez vaya a ciegas, ya que la PNL da pistas suficientes para que, esta vez, el resultado de la votación pueda ser diferente. Pero si no hacen nada, el final ya está escrito.