Un juez ha imputado por primera vez a altos cargos del gobierno madrileño de Isabel Díaz Ayuso con motivo de los llamados "protocolos de la vergüenza", que bloquearon el traslado de personas mayores de las residencias a hospitales durante la pandemia del covid. El juzgado de instrucción número 3 de Madrid ha citado a declarar como investigados al director de Coordinación Sociosanitaria en marzo de 2020, Carlos Mur, y al entonces coordinador del protocolo técnico y luego sustituto de Mur en el cargo, Francisco Javier Martínez Peromingo.
El proceso se conoce más de cinco años después de la pandemia, cuando el debate en torno a la responsabilidad del Ejecutivo de Díaz Ayuso y sus protocolos sobre la alta mortalidad en las residencias de mayores de Madrid durante la pandemia se ha convertido en un puntal de la política madrileña —el controvertido número 7.291, que alude al supuesto número de muertes en residencias es ya un símbolo reconocible que la oposición usa a menudo—. El juez decidió reabrir el caso el pasado 1 de abril, a petición de la Fiscalía de Madrid, después de que la causa se hubiera archivado provisionalmente casi tres años antes.
Asociaciones de familiares apuntan al consejero y a Ayuso
La causa se reabrió tras la denuncia colectiva presentada en octubre de 2024 por parte de 109 familias de fallecidos en las residencias, agrupados bajo las entidades Marea de Residencias y 7291: Verdad y Justicia. La denuncia se dirigía contra los altos cargos del Gobierno de Díaz Ayuso, acusándolos de la presunta comisión de un delito de denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria, castigado en el artículo 511 del Código Penal. Las entidades, de hecho, han celebrado este viernes la imputación de los dos altos cargos, en una nota emitida a los medios, si bien van más allá y piden que se dirima la responsabilidad del entonces consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y de la propia Ayuso en las decisiones adoptadas, "que tuvieron un impacto brutal".
En el comunicado, las familias de los fallecidos en las residencias lamentan que hasta ahora las investigaciones judiciales solo se habían centrado en directores de residencias o médicos, "pero nunca en quienes elaboraron, dictaron y aplicaron los Protocolos o quienes tomaron las decisiones de no medicalizar las residencias y no atender a los residentes enfermos con discapacidad en el hospital de campaña creado en Ifema o en los hospitales privados que estaban bajo el mando único de la Consejería de Sanidad".
92 causas abiertas
Además del procedimiento judicial abierto por la denuncia colectiva, otros familiares de residentes acordaron presentar directamente querellas en los Juzgados, también por el delito de denegación discriminatoria de la prestación sanitaria. En total, hay 92 procedimientos relacionados con denuncias o querellas que alegaron la comisión del delito del artículo 511 del Código Penal. Algunos están todavía pendientes que los Juzgados decidan sobre su admisión, mientras que hay cinco causas que ya han llegado a la Audiencia Provincial, después de los recursos presentados por los denunciantes o querellantes después de que los juzgados de instrucción rechazaran investigar los hechos denunciados. El resto de juzgados todavía tienen que pronunciarse. La defensa jurídica de denunciantes y querellantes la realiza un equipo de tres abogados –Carlos Castillo, Alejandra Jacinto y Eduardo Ranz—.