"No son los títulos los que honran a los hombres, sino los hombres los que honran los títulos"
Maquiavelo

Un fiscal general del Estado no puede ser juzgado; Álvaro García Ortiz, sí. Por ese motivo, Álvaro García Ortiz, por su honor y por el de la carrera fiscal a la que pertenece, no puede permitir que el cargo se someta a juicio. Ya está en el banquillo, ya solo falta la fecha para juzgarle, y el tiempo corre para evitar que el desdoro alcance a la institución. La institución no tiene presunción de inocencia, él sí. Por ese motivo, debe liberar al Ministerio Fiscal, al Ministerio Público, de la pena de banquillo. Toda la carrera fiscal se lo exige... menos sus amigos, eso es verdad.

El Tribunal Supremo decidió ayer sentarlo en el banquillo. ¿Quién respetará al Tribunal Supremo si el fiscal general del Estado no lo respeta y los fiscales que lo sustentan tampoco? Si lo respetas, asumes que debes ser sentado en el banquillo, y si debes ser sentado en el banquillo y defender tu inocencia en juicio, ¿cómo seguir con esa toga de jefe de todos los fiscales de España? El gobierno ha salido inmediatamente a proclamar que lo respalda, y me pregunto ¿quién coño es el gobierno para respaldarlo o no? El fiscal general no es del gobierno, este no puede cesarle, no le debe obediencia, ¿a qué viene, pues, ese respaldo público cuando la decisión solo le compete a él? Una intromisión sospechosa que se suma a los indicios. Le compete a él dimitir porque el legislador nunca previó que esto pasara, de haberlo hecho, la norma marcaría su cese como marca el de todos los demás fiscales de España en su situación. No es un espaldarazo de la norma, sino la constatación de que es de locos que pretenda seguir.

Vayamos a la resolución del recurso sobre el auto de transformación en procedimiento abreviado (equivalente al procesamiento) que le ha sido adversa. El auto del Supremo sobresee el caso para la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez. Menos mal que Rodríguez se dio cuenta a tiempo, renunció a la defensa de la Abogacía del Estado que la mantenía ligada a García Ortiz en su estrategia, y fichó al exfiscal Daniel Campos para que la defendiera. Le ha ido bien. Igual de bien que le fue a Diego Villafañe, jefe de la secretaría técnica; cuando prescindió de la Abogacía del Estado y contrató a Cristóbal Martell, también fue desimputado. Esto solo significa que o los abogados del Estado son peores que los privados o que estaban empeñados en salvaguardar los intereses del fiscal general cayera quien cayera. Esta novedad aporta una circunstancia nueva: la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, acudirá al juicio, pero no se sentará ya en el banquillo, sino que lo hará como testigo y con obligación de decir verdad. La cosa se pone interesante.

Respecto a la resolución del recurso en el Tribunal Supremo, separemos las contingencias de la esencia. Las primeras pasan por los avatares sufridos por el tribunal antes de llegar a donde estamos. El ponente designado, el magistrado Andrés Palomo, planteó a sus compañeros un proyecto de resolución para deliberar que sobreseía el caso para el fiscal general. Se quedó en minoría y perdió así la ponencia, que pasó a Eduardo de Porres. Los tribunales funcionan así, puede haber unanimidad, pero no tiene por qué, basta con una mayoría. Pues bien, Andrés Palomo, no contento con esta solución, anunció un voto particular que resulta ser su ponencia inicial, la que no fue respaldada. Es raro. Un voto particular en un auto de un incidente dentro de un procedimiento abreviado, yo no lo había visto nunca. No digo que no pueda hacerse, sino que es controvertido. Todo depende de la interpretación que se dé al artículo 260.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial: "También podrá formularse voto particular (...) respecto de los autos decisorios de incidentes". Técnicamente, cabe preguntarse si el auto de transformación en P.A. de unas diligencias previas pone término a un incidente o lo abre. En todo caso, Palomo debió empeñarse, han tardado semanas en las que le habrán intentado convencer en más deliberaciones, y el tribunal, me consta, no le ha discutido la emisión del voto por no impedir que expresara su opinión. En todo caso, el discutido voto contiene los elementos para armar la defensa de Álvaro García Ortiz. A ver si la Abogacía del Estado lo aprovecha.

Yendo a la miga. Lo he explicado desapasionadamente varias veces: hay indicios suficientes para llevar a juicio al fiscal general. Obviamente, con menos indicios y menos fuertes se está juzgando a gente todos los días. Es en el juicio donde se sustancia si hay prueba suficiente o no. Nunca se ha tratado de lawfare ni de desmentir al bocazas de Miguel Ángel Rodríguez ni de nada por el estilo. Se trata de dilucidar no solo si hubo revelación de secretos, sino si esta se produjo para darle una ventaja política al Gobierno disponiendo de un material reservado que le permitió armar el relato del "delincuente confeso" en sus ataques al novio de Ayuso, es decir, a la propia rival política. Un fiscal general no puede faltar a su deber para dar ventaja política a unos frente a otros.

Lo he explicado desapasionadamente varias veces: hay indicios suficientes para llevar a juicio al fiscal general

Los indicios ya apuntaban a ello desde el principio y el acta notarial del secretario general del PSOE de Madrid y sus chats, que entregó voluntariamente, terminaron de dejar claro que ese correo en el que un abogado torpe afirmaba "se han cometido efectivamente dos delitos fiscales" estuvo en Moncloa y desde allí se lo pasaron a él para que lo utilizara. Todos los esfuerzos por demostrar que otras personas lo tuvieron antes se han adornado permanentemente de una confusión interesada, puesto que no es lo mismo que los periodistas conocieran el contenido antes a que tuvieran la copia exacta del correo y esa copia la tuvo el fiscal general y luego la tuvo Moncloa. Aun así, que los periodistas tuvieran conocimiento de lo que contenía, no impide la revelación de secretos, "lo que pudiera eliminar la condición de dato reservado a efectos penales es el conocimiento público a través de su publicación", dice el auto. Y la publicación del pantallazo del mail no se produce hasta que desde Moncloa le dicen a Lobato que no se preocupe, que ya lo va a publicar un medio, y lo hace uno directamente ligado al partido, como El Plural.

Los indicios claramente apuntan al fiscal general del Estado, al que la propia fiscal jefe le preguntó si había filtrado el correo —es decir, si había cometido un delito— y él respondió: "eso ahora no importa", sin molestarse en negarlo o en indignarse por ello. Una actitud tan extraña para su alta dignidad como la del borrado sistemático e insistente de sus mensajes, en los que podía haber quedado acreditada su inocencia. El voto particular del magistrado Palomo los pone en duda, unos con más fortuna y otros con menos. Por toda esta disensión es bueno que haya un juicio y que allí, frente a un tribunal que puede deducir testimonio por falsedad, los testigos declaren y se analicen los indicios y los datos que hasta ahora se han recabado. De eso va la justicia, y si alguien debe saberlo es Álvaro García Ortiz.

A estas alturas, el susodicho ya ha anunciado que no piensa dejar su cargo. Otro que va a resistir. Alguien que pasó antes que él por Fortuny habló del vuelo de las togas y el polvo del camino, aunque nada dijo del fango, y ahí es donde va a hundirla García Ortiz como obligue al fiscal general del Estado a sentarse en el banquillo. Solo tiene que irse. Si es inocente, será rehabilitado. Podrán nombrarle cualquier cosa, como sucedió con Antonio Costa, digno entre los dignos. En caso de que no sea así, tendrá su plaza como fiscal de Sala del Tribunal Supremo y su sueldo. No tiene que temer nada si es inocente. Lo que no puede insinuar es que no cree que el Tribunal Supremo vaya a hacer justicia con él, ya que si de verdad lo cree lo que tiene que hacer es irse: un fiscal no puede no confiar en la Justicia.

Y lo siento, porque me cae bien y he tenido mucho trato con él.

Le deseo que alguien que le quiera le haga ver la realidad y actuar con honor.