El gobierno español intentó rebajar las críticas que los relatores independientes de la Comisión de Venecia hacían a la reforma del Tribunal Constitucional. A pesar de que las presiones de España, no pudieron conseguir eliminar del todo el tono crítico de la Comisión, que considera una "excepción" la atribución de poderes del alto tribunal. Este lo equipara a países como Albania o Armenia, y critica la potestad del TC para suspender autoridades y trabajadores públicos.
Con la reforma del TC, España se equipara al modelo seguido en algunos países de la Europa del Este. Es por este motivo que la Comisión pide que se reconsidere la atribución de estos nuevos poderes en el TC español, para generar la percepción que es un "árbitro neutral". Desde el Consejo se observa con preocupación la situación de España. Se considera que aparece como punto de un orden del día que incluye el grave caso de Turquía y Hungría, o la situación en países como Armenia, Georgia, Kazajistán o Moldavia.
En las medidas concretas previstas en la reforma del tribunal, la Comisión establece que la mayoría no plantean problemas aunque pide que "las decisiones ejecutivas" se regulen "de manera más clara". También señala la reiteración de pago de multas coercitivas por parte de individuos, y la suspensión de las autoridades y trabajadores públicos que se niegue a ejecutar las decisiones del tribunal.