Bronca jurídica. El abogado de los Pujol, Cristóbal Martell, ha explotado este miércoles en el juicio en la Audiencia Nacional y, con respeto y contundencia, se ha quejado al tribunal de que el fiscal Anticorrupción Fernando Bermejo hace afirmaciones no probadas documentalmente en el procedimiento. “¿Sabía que recibieron estos millones de una transferencia de una cuenta de Jordi Pujol Ferrusola?“, es la pregunta polémica que el fiscal ha seguido haciendo a nuevos testigos que en los años 90 tenían cuentas en Andorra, primero en Banca Reig, que pasó a Andbank. Para el fiscal, estas transferencias millonarias constan en la comisión rogatoria que pidieron a las autoridades andorranas, pero los testigos no tienen constancia de ellas, "ni extractos bancarios de estos ingresos", según Martell, ni cuando liquidaron las cuentas.
Precisamente, uno de los testigos, Belarmino Lerma, ha explicado que regularizó su cuenta con la Hacienda española en 2009, y que no pagó por estas supuestas transferencias que constan a la Fiscalía. Finalmente, el presidente del tribunal, el magistrado José Ricardo de Prada, ha respondido a la defensa que entendía que el interrogatorio era “para ser más ágiles”, pero ha invitado al fiscal a reformular la pregunta. A partir de entonces, el fiscal Bermejo ha preguntado: “Nos consta que tuvo una transferencia”. Para la Fiscalía, estas supuestas transferencias eran para ocultar supuestas comisiones ilegales que recibían los Pujol. El gestor de Banca Reig, Josep Maria Pallerola, y Antonio Zorzano —constantemente citados por el fiscal— tendrán que aclararlo en el juicio, cuando declaren como testigos.
Nuevo intento de implicar los Pujol en la financiación ilegal de CDC
Además, en la sesión, un empresario imputado en el caso 3%, Joan Albert Arqués, de Benito Arnó e Hijos, ha descartado cualquier vínculo con Jordi Pujol Ferrusola con la concesión de obra pública. En esta ocasión, ha sido el abogado del Estado, José Ignacio Ocio, quien ha preguntado a Arqués por una concesión del Consorci Educatiu de Barcelona, incluida en la causa del 3% de financiación ilegal de Convergència, y donde no hay ningún Pujol imputado. El martes fue el fiscal que intentó incriminar a la familia Pujol al resucitar el caso Palau, donde no fueron ni investigados ni condenados.
Ninguna acción irregular de Oriol ni Josep
Otro testigo, Josep Maria Montserrat, ha descartado que Oriol Pujol -por primera vez citado en el juicio- hubiera interferido en el Gobierno para que se les concediera un crédito del Institut Català de Finances, en 2010, cuando gobernaba el tripartito de Pasqual Maragall, no CiU. Montserrat era profesor universitario del hijo grande del president Pujol y ha explicado que tuvieron un negocio de un aparato para reducir la contaminación de camiones y autobuses y que fue "él mismo" quien le explicó al entonces conseller Josep Huguet "porque era de Manresa como él", pero que no les aprobaron ninguna ayuda pública. Oriol Pujol fue presidente del grupo parlamentario de CiU del 2010 al 2013 y secretario general de Convergència entre los años 2012 y 2013.
Montserrat también ha explicado la dinámica de la banca andorrana en 90, donde se tenía que ir presencialmente para ser informado, y que cerró su cuenta en Andbank por la falta de transparencia y los "chanchullos" que veía.
De Josep Pujol Ferrusola —citado en la sesión el martes por primera vez— tampoco se ha imputado nada irregular, según el interrogatorio de otros testigos.
Critica a los policías
Finalmente, el empresario y exdirectiu del Barça, Carlos Javier Tusquets Trías de Bes, ha declarado como testigo que conoce a la familia Pujol y que Jordi Pujol Ferrusola le preguntó dónde podía invertir y le recomendó un fondo de inversión, pero que no era paso suyo. Tusquets o se ha mordido la lengua y ha afirmado: "Soy experto en fondos y los policías en esta investigación cometieron un grave error. En los fondos de inversión las personas entran y salen cuando quieren, y no lo gestionaba yo, sino Morgan, a quien pedí una aclaración porque la filtración a la prensa sobre ello me perjudicó". También ha explicado que la inversión que hicieron en un negocio en Ibiza no funcionó, y que "todo era capital privado; nada público".
