Ante la absoluta vacuidad de ideas del “cocapital” alcalde Collboni y del “cocapital” alcalde “cocapital” de Madrid, en un acto reciente en el que hablaban de medidas contra la monstruosa crisis habitacional que vivimos, me ha alegrado leer una (también reciente) entrevista al alcalde de Sant Cugat. Josep Maria Vallès propone establecer criterios de arraigo para acceder a la vivienda pública. Lo apuntamos hace meses (si bien no solo en referencia a la vivienda), y parece que la idea va tomando cuerpo. Nos encontramos ante un debate que va mucho más allá de nuestra capital, evidentemente, pero Barcelona puede intentar resolverlo perfectamente por sí sola. Y dentro de su término municipal. De hecho, el municipio solo tiene competencias sobre este trozo de espacio entre ríos, montaña y mar. Y, sin ninguna duda, dentro de este espacio puede dar ejemplo, y ser pionera, para el resto de ciudades del país. Sin buscar excusas en eso tan socialista de la “Barcelona de los cinco millones”, que no es más que una forma vergonzosa de escurrir el bulto.
Y es que la “Barcelona en grande” que varias voces mencionan, como si el Área Metropolitana fuera un nuevo “Eixample” mal entendido (y profundamente artificial, por cierto), no resuelve el problema: primero, porque el Área Metropolitana ni tiene la culpa ni debe pagar los excesos y la venta barata del suelo perpetrada por los gestores municipales barceloneses de las últimas décadas; y, segundo, porque con el estado actual de Rodalies ya me dirán a quién (nacional o expat) se le propone como alternativa ir a vivir a las cercanías. Por lo tanto, señores: Barcelona debe abordar el problema con las competencias y el espacio que tiene. Sin excusas de mal pagador, o de mal alcalde. No es fácil, claro: lo que a primera vista podría parecer una cuestión técnica (el uso del padrón para priorizar el acceso a pisos de protección oficial) se adentra evidentemente en interrogantes sobre qué entendemos por dignidad urbana, por comunidad y por derecho a la ciudad. Y Barcelona, como ciudad cosmopolita, pero a la vez con identidad profunda y una densidad de población grande y variada, debe afrontar esta encrucijada con valentía y, al mismo tiempo, con pleno respeto a los derechos fundamentales. Los de todos.
Es bien visible que los precios del alquiler y de compra han crecido de forma insostenible en la última década, expulsando a vecinos de barrios enteros, fragmentando la vida comunitaria y convirtiendo el acceso a una vivienda digna en un proyecto inalcanzable para muchas familias y jóvenes. Pero en el debate sobre a quién debe priorizarse el acceso a la vivienda (los “vecinos de toda la vida” o también quienes han llegado recientemente), debemos recordar dos cosas: primera, que Barcelona ha sido y debe seguir siendo hogar para todo aquel que construye aquí su vida. Y, segunda, que construir una vida se demuestra con tiempo y con acreditada voluntad de permanencia. Y eso, evidentemente, puede tener grados y recompensas. Ventajas abiertas a todo el mundo, sobre todo a través del ancestral fenómeno del paso del tiempo (que es algo que ocurre por sí solo, universalmente, de forma gratuita).
Defender criterios de arraigo, como la antigüedad en el padrón, no es, por lo tanto, levantar muros ni vulnerar derechos fundamentales: es, simplemente, reconocer que las ciudades no son hoteles ni mercados abstractos, sino comunidades humanas construidas a lo largo del tiempo. Y si los recursos públicos son limitados (vivienda protegida, escuelas infantiles, ayudas sociales, plazas residenciales), es legítimo que prioricen a quienes han hecho de la ciudad su hogar de forma sostenida. Y estas personas pueden ser de cualquier origen y condición, y es bueno que así sea. Por supuesto.
El padrón no es ninguna herramienta ideológica: es una herramienta administrativa, abierta a todos, que certifica una relación estable con el territorio
En muchas capitales europeas esto no genera ningún trauma. En Viena, el acceso a buena parte de la vivienda pública requiere años de residencia acreditada. En Ámsterdam, el tiempo de empadronamiento es clave para entrar en los circuitos de vivienda social. En Copenhague, el arraigo es un criterio central para acceder a determinados servicios municipales. Nadie habla allí de exclusión, sino de cohesión. De proteger el tejido social frente a la presión de un mercado global desbocado y abusivo, que se carga día a día a la clase media. Barcelona parece tener miedo de manifestar esta obviedad, por razones de pura estética ideológica. Pero a estas alturas todo el mundo puede verlo con claridad: si no protegemos a los vecinos que viven, trabajan, pagan impuestos y construyen comunidad, la ciudad se irá vaciando de vida real. El padrón no es ninguna herramienta ideológica: es una herramienta administrativa, abierta a todos, que certifica una relación estable con el territorio. Puede servir para ordenar prioridades sin negar derechos básicos a nadie.
Evidentemente, nadie debe quedar fuera de la atención sanitaria, la educación obligatoria o los servicios sociales básicos. Pero en el acceso a recursos escasos y estructurales (vivienda protegida, ayudas al alquiler, determinadas bonificaciones o servicios municipales…), el arraigo tiene que pesar. No como castigo para quien llega, sino como reconocimiento para quien ya está y como invitación permanente para quien quiere estar. Extender esta lógica más allá de la vivienda es, de hecho, una manera de hacer la ciudad más justa. Evita el efecto llamada, reduce la competencia artificial por recursos limitados, reduce los conflictos (y las tentaciones racistas) y refuerza la idea de que vivir en una ciudad conlleva derechos, pero que conlleva todavía más derechos si se demuestra continuidad y compromiso.
Barcelona no puede competir con Londres o París en renta inmobiliaria, pero sí puede competir en saber encontrar la solución entre identidad y apertura. Esto, complementado con la necesaria (y ya muy tardía) construcción de vivienda pública, y con otras medidas que limiten el acceso a la compra por parte de grandes fondos inmobiliarios (como ya incluso propone Donald Trump), así como procurando no perjudicar en exceso a los pequeños tenedores (e incluso ampliando su concepto si es necesario, ya que el pequeño tenedor debe ser aliado y no enemigo del inquilino), exige decisiones incómodas. Continuar como ahora, con medidas efectistas y leyes tan dogmáticas como contraproducentes, solo acelera la gentrificación y la expulsión silenciosa de vecinos y comercios. Proteger el arraigo es, paradójicamente, una política de inclusión a largo plazo. Y es que la pregunta no es si medir el padrón vulnera derechos: la pregunta es qué pasa con los derechos (a la vivienda, a la ciudad, a una vida digna) cuando esos derechos ya no sabe garantizarlos nadie. Y Barcelona ya conoce la respuesta.