El fiscal anticorrupción Fernando Bermejo ha admitido que la investigación contra la familia Pujol Ferrusola se inició con la declaración de la expareja del primogénito, Vicky Álvarez, primero a la policía española y después en el juzgado en 2012, a partir de la cual Hacienda (Seplac) investigó la situación tributaria de Jordi Pujol Ferrusola. Con este reconocimiento, en la tercera sesión del juicio contra los Pujol, este miércoles, el fiscal Bermejo ha denegado que fuera una “investigación prospectiva”, denunciada por las defensas de los Pujol y de los empresarios acusados. No obstante, el fiscal no ha citado a Álvarez como testigo clave en este juicio, ya que cobró fondos reservados del Estado español por esta declaración, según desveló el comisario jubilado José Manuel Villarejo, integrante de la policía patriótica del PP, en la operación Catalunya. "Nadie obligó a Victória a ir a declarar", ha llegado a afirmar el fiscal. Álvarez solo ha sido citada en el juicio por la defensa de Mercè Gironès, la exmujer de Pujol Júnior, y, en el último momento, podría renunciar.
Después de la intervención del fiscal y de los dos abogados del Estado, el juicio se retomará el próximo 11 de diciembre, donde el tribunal de la Audiencia Nacional tendrá que resolver las cuestiones previas, donde las defensas piden la nulidad de las principales pruebas incriminatorias sobre la fortuna oculta en Andorra. Y seguramente, ya se citarán los primeros testigos del total de 254 aprobados.
"No hay revelación de secretos"
Por su parte, el abogado del Estado José Ignacio Ocio, de forma sorprendente, ha asegurado que la publicación por parte del diario El Mundo, el 7 de julio de 2017, del pantallazo de cuentas en Andorra de los Pujol "no es una revelación de secretos porque es una información veraz", de la cual -ha añadido- se enmarca "es el derecho a informar a la ciudadanía" y que también fue usada por los investigadores. La defensa de Josep Pujol Ferrusola, el abogado Jaime Campaner, denunció que esta publicación al revelar secretos bancarios vulneró sus derechos y, por lo tanto, la investigación posterior tiene que ser declarada nula. Además, el abogado del Estado ha manifestado que la "confesión barroca" del president Pujol, que la familia tenía dinero oculto en Andorra, el 25 de julio de 2014, también valida esta investigación.
El representante del Estado ha asegurado además, que no se vulneró la Comisión Rogatoria Internacional (CRI) con Andorra porque los datos sobre las cuentas de los Pujol se extrajeron de otro lado: en el registro de la casa del asesor fiscal de la familia Pujol, Joan Antón Sánchez Carreté, el 2015, donde en un lápiz de memoria había los movimientos bancarios de la familia en Andorra desde el año 1995 al 2014.
Sin prescripción, según el fiscal
En la vista, el fiscal Bermejo también ha negado la prescripción de los delitos de blanqueo y de falsificación documental, además de defender la competencia de la Audiencia Nacional en juzgar al presidente Pujol, a sus siete hijos y a diez empresarios. Por todo ello, Bermejo ha reclamado al tribunal que el juicio continúe porque no se han vulnerado derechos, como han denunciado las defensas. Anticorrupción reclama de 8 a 29 años de prisión para los 19 acusados.