Los abogados de la decena de empresarios que se sientan en el banquillo de los acusados con los siete hijos de Pujol Ferrusola han coincidido en pedir al tribunal de la Audiencia Nacional que declare nula la imputación por blanqueo de capitales –por el que el fiscal les pide 3 años de prisión– porque la Fiscalía Anticorrupción no detalla el delito de origen que lo provocaría. Además, han añadido que el delito de falsificación documental, que también les imputa y les pide 2 años de prisión, está “clamorosamente prescrito”, como el blanqueo, que prescribe a diez años y la mayoría se habría cumplido en 2004.

En la segunda sesión del juicio, este martes en la sede de San Fernando de Henares, los penalistas también han denunciado la vulneración de derechos fundamentales porque aseguran que Anticorrupción les imputa hechos por los que no se han podido defender porque no se les preguntó en fase de instrucción. Los empresarios son acusados de hacer negocios con Jordi Pujol Ferrusola, para quien la Fiscalía pide 29 años de prisión. Todas las defensas han insistido al tribunal que depure las irregularidades antes de iniciar el juicio. El miércoles, en la tercera sesión, el fiscal anticorrupción Fernando Bermejo, y el abogado del Estado José Ignacio Ocio deberán responder a todas estas irregularidades denunciadas.

Antes, uno de los abogados de los Pujol, Pau Ferrer,  ha aportado un libro del caso Banca Catalana y un número del Boletín Oficial del Estado (BOE) sobre los fondos de su abuelo, Florenci Pujol Brugat, en Suiza para probar que la fortuna oculta en Andorra procede de un legado familiar, y no de acciones ilícitas.  También ha insistido en que Anticorrupción no detalla el origen de los fondos en Andorra, que legalizaron en 2014.

El ‘pendrive’ de Pino

En este sentido, el abogado Óscar Morales, defensor de Luis Delso Heras, exresponsable del Grupo Isolux, ha denunciado  el “fraude de ley” de la investigación hecha por el Grupo 24 de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la policía española,  relacionada con la policía patriótica del PP y la operación Catalunya, ya expuesta por la defensa de los Pujol, el lunes.

Morales ha asegurado que la información obtenida ilegalmente y que el entonces número 2 de la policía, Eugenio Pino, intentó incluir en la investigación y por el cual fue condenado, “continuó en la instrucción” con los informes policiales, y en concreto ha citado al agente de la policía española con el número identificativo 89.140 como el principal autor y firmante.

Irregularidades con Andorra

En la vista, el penalista Fermín Morales, abogado de ciudadano andorrano Francesc Robert Ribes, acusado de hacer negocios con Pujol Júnior, ha pedido la prescripción del delito de blanqueo que se le imputa. Además, tal como expusieron los abogados de Pujol, ha  recordado que la justicia española usó de forma irregular unos datos bancarios aportados por Andorra, sobre las cuentas de los Pujol Ferrusola, porque, como alertó la juez de Andorra, el 2015 los delitos fiscales y contra Hacienda del Estado español "no tenían una homogeneidad" con  la legislación del Principal -hasta la reforma hecha el 2017- y la doble incriminación obligada para usar los datos en una causa penal en España u otro país, no se cumplía en Ribes ni en los Pujol.

Por su parte, el abogado  Luis Jordana, defensor del ciudadano mexicano  Bernardo Domínguez Cereces, también ha descartado que él o su padre, muerto, hubiera cometido un delito al haber prestado dinero al primogénito de Pujol. Sandra Rodríguez, abogada de Jorge Barrigón, de la sociedad Helicópters cat, ha apelado a la vulneración de la tutela judicial efectiva porque la Fiscalía tampoco concreta su imputación por préstamos hechos a Júnior.

"Imputados por ser amigos de los Pujol"

El abogado Diego Artacho, defensor de Carles Sumarroca Claverol,  también ha denunciado el “carácter prospectivo” de la investigación policial hecha en esta causa y contra el exvicepresidente de la sociedad COMSA EMTE. Ha añadido que se le imputan unos hechos del año 2008, que habrían firmado otros responsables de la empresa, pero “aprovechan que se llama igual que su padre”. Carles Sumarroca Coixet, uno de los fundadores de Convergència, fue excluido del procedimiento  en 2021, ha recordado. El abogado ha calificado de "surrealista", que se impute a Sumarroca  el delito de blanqueo por haber pagado unas facturas a Pujol Júnior porque este, supuestamente, recuperara el dinero en metálico de Andorra, y ha emplazado al fiscal que lo aclare.

“Se lo imputa porque son amigos o afines a la familia Pujol”, ha espetado Artacho, y ha recordado que son pagos "cuando ya no gobernaba el president Pujol", que estuvo al cargo hasta marzo de 2003. 

En el grupo de los empresarios, conocidos de los Pujol, está Carles Vilarrubí, el abogado del cual Emilio Zegrí, ha denunciado que en su caso es más extremo porque "no se le ha hecho una imputación genérica como el resto; es que no se le ha imputado nada". El penalista catalán ha sido cortado varias veces por el presidente del tribunal, el magistrado José Ricardo de Prada, para ser el último en intervenir en la vista de este martes. Zegrí también ha reclamado la prescripción delictiva.

Por su parte, Jorge  Ayo, defensor de Josep Cornadó, presidente de Copisa hasta el 2012, ha expuesto que de los hechos  imputados, entre los años 2003 al 2011,  "pocas administraciones eran gobernadas por  Convergència", además de denunciar que se lo imputan pagos de facturas del 2011 al 2015 por las cuales no se ha podido defender