Más de un año después, la Unión Europea vuelve a debatir sobre la oficialidad del catalán, el vasco y el gallego. Este martes se reunirá nuevamente en Bruselas a las diez y media de la mañana el Consejo de Asuntos Generales del club comunitario y los 27 estados miembro tendrán sobre la mesa una propuesta del Gobierno para que esta oficialidad se implante progresivamente. Las reticencias de algunos socios se mantienen vivas, por lo que el Gobierno negocia a contrarreloj para conseguir cumplir in extremis uno de sus compromisos adquiridos con Junts. Quien estira la cuerda desde el otro lado es el PP, que ha emprendido una cruzada catalanófoba para convencer a los gobiernos europeos de su familia política para que tumben la medida. Los populares han llegado incluso a pedir ayuda a Vox para que también inste a los ejecutivos comunitarios de extrema derecha a oponerse a ella. El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, no estará presente en la cita; irá un secretario de Estado.

Será la tercera vez que España lo intente. Ya probó suerte en diciembre de 2023, durante su presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea. Y también en marzo del 2024, cuando era el turno de Bélgica. En estos dos casos, la medida no llegó a votarse; el Gobierno retrocedió al ver que no tenía los acuerdos atados. Para sacarlo adelante, se necesita el aval unánime de los 27 estados. Albares ya advirtió el pasado mes de septiembre que si se mantiene la negativa de los socios comunitarios a oficializar las tres lenguas cooficiales con el castellano en el Estado, el ejecutivo de Pedro Sánchez está dispuesto a ir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Para evitar este escenario, el ministro aseguró este lunes que su equipo negociaría hasta el último minuto de este martes para "resolver" las "dudas y reticencias" de algunos países, como es el caso de Francia, Alemania, Italia, Suecia, Croacia, República Checa o Finlandia.

Para el presidente socialista, conseguir esta oficialidad es crucial: se trata de una deuda alcanzada con Junts per Catalunya en el prólogo de la actual legislatura, a cambio del nombramiento de la socialista Francina Armengol como presidenta del Congreso de los Diputados. Es, junto con la ley de amnistía y la delegación de las competencias en inmigración a la Generalitat, el compromiso más importante que ha adquirido en este mandato con el partido de Carles Puigdemont. Los independentistas insisten en que todo es cuestión de voluntad política y capacidad de acuerdo con los otros 26 países de la Unión Europea. Pero el Gobierno ha insistido siempre que es difícil porque cada estado tiene su respectiva realidad lingüística (temen que abrir la puerta al catalán, vasco y gallego implique tener que abrirla a otros idiomas, como el ruso en el caso de los países bálticos), y otros ejecutivos conservadores quieren ser fieles al PP español.

 

La propuesta y los argumentos de España

Los argumentos que utiliza actualmente Madrid para pedir al resto de capitales que avalen la medida es que el catalán, el vasco y el gallego son tres lenguas tan "españolas" como lo es el castellano, en tanto que están reconocidas como oficiales en la Constitución, ya se pueden utilizar con normalidad en el Congreso, y se trata de garantizar los derechos lingüísticos de los millones de personas que viven en los Países Catalanes, Euskal Herria y Galicia. La actual propuesta de España es oficializar el catalán con un plan de implementación progresiva. No se materializaría hasta 2027, cuando se traducirían los reglamentos del Consejo y del Parlamento Europeo, cosa que en la última legislatura supuso menos del 3% de todos los actos jurídicos. El Gobierno también se compromete a asumir el gasto económico de la medida.

Una nueva cruzada anticatalanista del PP (y de Vox)

De los creadores de la recolecta de firmas para tumbar el Estatuto, llegan las llamadas internacionales para dinamitar la oficialidad del catalán. En una nueva cruzada catalanófoba, el PP ha emprendido una ofensiva diplomática para pedir a los gobiernos europeos de su familia política que se opongan a la medida. Santi Rodríguez, portavoz de los populares catalanes, incluso se vanagloriaba este lunes de ello. Vox ha revelado, incluso, que el PP también les ha pedido a ellos que "intercedan" y convenzan a gobiernos europeos afines —de extrema derecha— para que veten la oficialidad del catalán en la Unión Europea.

 

Explicaba el periódico ABC este sábado que ha dado frutos la buena relación entre Alberto Núñez Feijóo y Antonio Tajani, actual ministro de Asuntos Exteriores de Italia. Según este medio, las conversaciones entre los dos habrían provocado que el ejecutivo de Giorgia Meloni esté dispuesto a reventar la oficialidad de estas tres lenguas. Los italianos, sin embargo, habrían pedido a los populares españoles que consigan sumar a otro país al veto para no quedarse solos en este 'no'.

Presiones del Gobierno al resto de países

Podría ser que para Pedro Sánchez el fin justifique los medios. Este lunes, el Financial Times publicaba que el Gobierno habría presionado a los países bálticos amenazándolos con reconsiderar sus planes sobre Defensa, así como la presencia de tropas españolas en la frontera con Rusia si no votan a favor de oficializar la lengua propia de Catalunya. "Es acoso, y escandaloso en un momento como este", se ha limitado a decir un diplomático en declaraciones a este medio.

El acuerdo administrativo en el Parlamento Europeo

Otra vía que intenta el Gobierno es la de un acuerdo administrativo para permitir el uso del catalán en el Parlamento Europeo. Albares se ha llegado a reunir con la presidenta de esta institución, Roberta Metsola, para convencerla de algo que es mejor que nada, pero no es lo mismo que la oficialidad de una lengua. Con la oficialidad, la legislación tendría carácter oficial en catalán y se aplicaría directamente en esta lengua, y detendría su discriminación actual en los procesos para conseguir becas o pasar oposiciones en las instituciones europeas, en las que el conocimiento del idioma propio de Catalunya no da ningún punto.

El gaélico, última lengua oficial en la Unión Europea

El gaélico o irlandés es la última lengua que obtuvo el estatus de oficial en la Unión Europea, en 2007. Irlanda se adhirió al bloque comunitario en 1973, pero no fue hasta 2005 que presentó formalmente la petición al Consejo de la UE para que el gaélico fuera reconocido como lengua oficial en la UE. En 2007, tal como explica la agencia ACN, los estados miembro dieron luz verde a la petición, pero la falta de traductores e intérpretes de la lengua, con menos de 200.000 hablantes habituales, hizo imposible la oficialidad de esta a la práctica hasta el 2022. Sin embargo, todavía ahora la Eurocámara aplica una excepción al irlandés y solo garantiza su traducción en los plenos, pero no para todos los documentos oficiales o en otros casos como las ruedas de prensa.