El Gobierno hará una propuesta para oficializar el catalán en Europa de aplicación progresiva. Los 27 estados miembros de la Unión Europea se reunirán el próximo martes, 27 de mayo, en una convocatoria ordinaria del Consejo de Asuntos Generales, y España ha incorporado de nuevo a la agenda del encuentro la votación sobre la oficialidad de la lengua catalana, vasca y gallega. Según ha adelantado la agencia Europa Press y fuentes del Ministerio de Exteriores han confirmado a ElNacional.cat, España planteará un plan para la implementación progresiva y realista del catalán, pero lo que se votará será la oficialidad total.

No obstante, según la información publicada por Europa Press, la oficialidad no se materializará hasta el 2027, cuando se traducirían los reglamentos del Consejo y del Parlamento Europeo, cosa que en la última legislatura supuso menos del 3% de todos los actos jurídicos. Eso comportaría que la reforma incluiría una "derogación" inmediata de ella misma. Es decir, que las instituciones europeas no estarían obligadas a redactar todos sus actos legislativos ni a publicarlos en el Diario Oficial de la UE en catalán, vasco y gallego. Los estados, según esta versión de Europa Press, tendrían que abordar en un plazo de como máximo cuatro años la revisión del acuerdo para decidir si se mantiene o se pone fin a la derogación.

Resolver dudas

Aunque desde el ministerio se evita entrar en concreciones sobre los términos de la propuesta que se trasladará el martes al Consejo, fuentes consultadas por ElNacional insisten en que el Gobierno "trabaja con todos los estados miembros para que la redacción final del documento resuelva cualquier duda que puedan tener".

La razón es que cualquier cambio tendría que volver a decidirse por unanimidad, que es exactamente el mismo consenso que se necesita para aprobar esta oficialidad de la lengua catalana en Europa. Es el motivo, al fin y al cabo, por el cual al Gobierno le está costando tanto cumplir uno de sus compromisos adquiridos en el 2023 con Junts per Catalunya a cambio del nombramiento de Francina Armengol como presidenta del Congreso de los Diputados; una institución donde, también a consecuencia de este pacto, estas tres lenguas ya se pueden utilizar. Los independentistas insisten en que todo es cuestión de voluntad política y capacidad de presión y acuerdo con los otros 26 países de la Unión Europea. Pero el Gobierno de Pedro Sánchez ha insistido siempre en que es difícil porque cada Estado tiene su respectiva realidad lingüística (temen que abrir la puerta al catalán, vasco y gallego implique tener que abrirla a otros idiomas), y otros ejecutivos conservadores quieren ser fieles al PP español.

Países como Francia, Alemania, Suecia, Croacia, República Checa y Finlandia dieron apoyo a la petición de Italia —gobernada por la ultraderechista Giorgia Meloni— para que hubiera una explicación más detallada sobre las implicaciones legales y los costes económicos de la medida. El Gobierno, en anteriores propuestas, ya había intentado seducir a los socios europeos asegurando que asumiría él mismo este gasto. Hay países que dudan de que España pague este dinero de forma indefinida. Ahora mismo, hay una decena de países que no acaban de ver claro esta puesta en marcha de la oficialidad del catalán, el vasco y el gallego. Sí que están a favor de la medida países como Portugal, Bélgica y Hungría.

El coste, para España

Además, para superar las reservas de los países con dudas sobre el coste de la reforma, el Gobierno añade una declaración en la que afirma que será España quien asuma todos los costes de la oficialidad del catalán, vasco y gallego, aunque no pone de momento una cifra de lo que supondría. Sin un plan detallado sobre cómo aplicar en la práctica la introducción de tres nuevas lenguas oficiales, España apunta que "en los próximos meses" y "antes de que se aplique el acuerdo" se coordinará con las instituciones de la UE para presentar al Consejo una propuesta de los recursos materiales, técnicos y humanos necesarios para "no aplicar o reducir gradualmente" la derogación prevista en el reglamento para cada una de las tres lenguas.