Se supone que el delito de "desórdenes públicos agravados" rebajará la pena de prisión e inhabilitación a un máximo de cinco años, pero hay personas como Lluís Llach que piensan que la reforma de la sedición esconde algo: "La operación sedición tenderá a permitir la extradición del Molt Honorable President en el exilio (Carles Puigdemont) y los Honorables consellers que lo acompañan (Toni Comín, Clara Ponsatí y Lluís Puig)". "Y, también, la represión de la participación popular en el movimiento de liberación nacional. Una decapitada por arriba y por debajo", ha añadido en un tuit de este viernes. Recordemos que el mimso PSOE se ha vanagloriado de facilitar la extradición de exiliados con la reforma, cuando Patxi López ha asegurado que "se han acabado los santuarios para los que atentan contra el orden público".
Es por esto que Llach ha reconocido que, "como trilero", Pedro Sánchez es "muy bueno". "Al ver lo que llegará de los tribunales europeos, intenta salvaguardar al ejecutivo hispánico cambiando la legislación para que todo siga igual. Su estrategia es buena; la de aquí, un espanto", ha concluido en otro tuit. Sea como sea, los expertos en derecho todavía analizan cómo afecta a la reforma de la sedición a los condenados por el procés y los exiliados y se hacen diferentes preguntas: "Derogada la sedición, ¿qué pasa con la malversación?", por ejemplo.
El debate empezó este jueves noche, cuando el presidente del Gobierno anunció una reforma para cambiar la sedición a "desórdenes públicos agravados". Pero no dio más detalles y hemos tenido que esperar hasta este viernes por la mañana para conocer concretamente la propuesta de reforma del Código Penal que deroga la sedición, que incluye la reforma del delito de desórdenes públicos. Un paso adelante que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha celebrado. Es así como ha reivindicado la mesa de diálogo y ha llegado a asegurar que la sedición ha quedado eliminada. Sin embargo, ha avisado de que "habrá que hacer más".
Lejos del entusiasmo tanto de Aragonès como de ERC, muchos independentistas han mostrado su rechazo a la iniciativa legislativa y Junts ha avisado de que ningún partido catalán puede aceptar que en el 2017 hubo delito. La presidenta del partido, Laura Borràs, ha alertado de que "el remedio de los desórdenes públicos" puede ser peor que "la enfermedad de la sedición". Y el secretario general de la formación, Jordi Turull, ha reiterado que "lo que pasó el 1-O no es delito". Por otra parte, la CUP ha reprochado "un intercambio de cromos" con el PSOE a cambio de los presupuestos.