Esquerra Republicana ha exigido al president de la Generalitat, Salvador Illa, que presente un recurso de casación contra la sentencia hecha pública por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya que decapita buena parte del decreto del Govern que blindaba el catalán en la escuela, votado a favor por el PSC en la pasada legislatura. Así lo ha reclamado la secretaria general del partido, Elisenda Alamany, en un encuentro para presentar la nueva imagen gráfica del partido. La también presidenta del grupo municipal de Esquerra en el Ayuntamiento de Barcelona, y que ha manifestado su intención de ser la candidata a la alcaldía en las elecciones municipales del 2027, ha asegurado que esta decisión del TSJC es uno "amenaza para el país" y en un contexto de emergencia lingüística muy grave, tal como demuestran los datos de uso social del catalán en el país, hechas públicas en los últimos meses. Para Alamany, la decisión del tribunal es una mala noticia, pero que ya no los sorprende: "Los jueces siguen haciendo política, contraviniendo todos los criterios pedagógicos y poniendo todos los obstáculos que puedan y podrán".

Por otra parte, en un tuit, el presidente del partido, Oriol Junqueras, se ha manifestado de una manera muy similar a su número 2, dejando claro su rechazo a la sentencia: "Supone un ataque al modelo lingüístico de la escuela catalana, ignora la diversidad de nuestra sociedad y pone en riesgo la escuela inclusiva e integradora. Exigimos que se presente un recurso de casación con urgencia y se garantice el derecho de los alumnos a aprender en catalán", ha añadido Junqueras. La reacción del president de la Generalitat, Salvador Illa, no se ha hecho esperar demasiado, ya ha asegurado que su Govern presentará un recurso contra la decisión del tribunal: "No permitiremos que nadie haga un uso político de la lengua porque es lo peor que se puede hacer para la convivencia", ha aseverado desde las Terres de l'Ebre. 

La sentencia del TSJC 

Concretamente, el TSJC ha anulado varios artículos clave del decreto lingüístico educativo de la Generalitat del 2024, dando parcialmente la razón a la Asamblea para una Escuela Bilingüe (AEB). Los artículos declarados nulos establecían el catalán y el aranés como lenguas principales de enseñanza, gestión administrativa y relación con las familias, así como en materiales y evaluaciones escolares. La sentencia todavía se puede recurrir. También se han eliminado las partes del decreto que establecían el catalán como lengua prioritaria para enseñar idiomas extranjeros o como única lengua de acogida para alumnos recién llegados. Igualmente, se ha suprimido la obligación que todos los docentes y el personal no docente hablaran catalán y cumplieran estrictamente el proyecto lingüístico del centro.  Entre los artículos anulados había los que garantizaban una presencia mínima del castellano para asegurar la competencia lingüística del alumnado y los que equiparaban la lengua de signos catalana con el catalán y el aranés para los alumnos sordos. Esta medida afectará a las escuelas que actualmente aplican modelos con un 25% de castellano.