El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) emitió en enero de 2023 una sentencia favorable a los exiliados independentistas, Puigdemont, Comín, Ponsatí y Lluís Puig, sobre las euroórdenes. Aquella sentencia, más allá de ser una estocada para el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, recogía un concepto que no pasó nada desapercibido: el de Grupo Objetivamente Identificable de Personas (GOIP). Y es que el alto tribunal europeo identificaba a los líderes independentistas como un GOIP, una expresión que también ha utilizado el comité de derechos humanos de la ONU. A partir de esta expresión, el abogado Gonzalo Boye y el magistrado Guillem Soler han querido explicar la importancia de este concepto y cómo se tiene que desarrollar de aquí en adelante para la lucha y la defensa contra el Estado español. Lo han hecho acompañados del presidente Torra en la Universitat Catalana d'Estiu (UCE), que esta semana se celebra en Prada, en la Catalunya Nord.
"El hecho de que el TJUE haya configurado el concepto de GOIP es uno de los éxitos. Siempre se ha hablado del derecho a la autodeterminación como un derecho inherente de todos los pueblos, pero cuando libramos la batalla jurídica europea vimos la necesidad de adaptarlo a conceptos y realidades europeas, que, aunque no lo parezca, es diferente del internacional", ha explicado Gonzalo Boye, que pone sobre la mesa que el confederalismo choca con el derecho europeo. Boye apunta que por eso se tenía que adaptar en dos fases: la primera, reconocer el concepto de minoría catalana atrapada en contra de su voluntad dentro del Estado español; la segunda, reconocer esta minoría como un grupo sujeto a protección. El abogado apunta que vieron las euroórdenes como una "oportunidad". "Igual que la tenemos con la ley de amnistía", afirma Boye, que advierte que la desmovilización psicológica del independentismo ha provocado que esta herramienta esté sobre la mesa en vez de estar utilizándola. "Es una herramienta de uso general, como una llave inglesa", dice el abogado de Carles Puigdemont.
Extender el GOIP a otros ámbitos
Por su parte, el magistrado Guillem Soler ha reivindicado aquella sentencia del TJUE: "Primero se decía que las euroórdenes solo se podían denegar de acuerdo con unos condicionantes que establece una normativa europea, pero, a partir de entonces, se hizo una ampliación si hay deficiencias sistémicas del Estado", explica Soler, que asegura que la gran novedad de aquella sentencia es que subrayaba que también se podía denegar deficiencias contra un grupo objetivamente identificable. "Mi propuesta, entonces, es extenderlo a otros ámbitos", explica Soler, poniendo de ejemplo las decisiones "anómalas" de la justicia española, como la sentencia del procés y el TSJC con la lengua catalana en las escuelas.
Además, expone la tesis de que el GOIP podría englobar el concepto de lawfare, el derecho penal del enemigo y el concepto de minoría nacional. "El problema de utilizar solo el concepto de derecho penal del enemigo es que solo se aplica al derecho penal y gran parte de las causas van más allá de lo penal", explica Soler. Por otra parte, también ha explicado que el concepto de minoría nacional es que "va ligado al nacionalismo". "Eso tiene un componente problemático para la historia europea", explica Soler, que también recuerda que ya es un concepto articulado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ahora bien, Soler advierte que el GOIP se tiene que utilizar más bien "a la defensiva. "Es más bien una herramienta de denuncia y defensa de discriminaciones. Creo que sería un error vincular el GOIP al derecho a la autodeterminación", defiende al magistrado. Finalmente, Soler expone tres pasos para identificar un GOIP: cuando pasan cosas extrañas jurídicamente, poniendo de ejemplo las manifestaciones de los jueces antes de que se aprobara la ley de amnistía; el segundo paso es la confirmación del hecho GOIP, a través del método comparativo; mientras que la tercera es determinar la gravedad del GOIP.
Asimismo, el presidente Torra ha puesto sobre la mesa que hay hasta tres tendencias desde la guerra de Sucesión de 1714. "Hay la idea de derecho de conquista, la de que teníamos que ser territorios a asimilar y que nos hemos convertido en el enemigo interior del Estado español". Torra, que cree que Catalunya es un país conquistado, considera que ha habido un intento de asimilación cultural y, por eso, cree que la lengua "es esencial".