Luz en el final del túnel de la tramitación de la ley de amnistía. Después de que ayer el PP confirmara que será el pleno del Senado del martes 14 de mayo el que apruebe el veto de los populares contra la ley, los cálculos que hacen en el Congreso de los Diputados es que el pleno final que selle definitivamente la ley sea el jueves 30 de mayo. Así lo confirman fuentes próximas a la Mesa de la Cámara Baja, que apuntan que actuarán con normalidad: la Junta de Portavoces del martes 21 diseñará el orden del día del pleno ordinario de la siguiente semana y será entonces cuando se incluya el último debate sobre la ley. “Cuando llegue, actuaremos”, señalan las mismas voces.
Después de que el Congreso levante el veto que apruebe el PP al Senado, la ley estará preparada para su publicación en el Boletín Oficial del Estado y su entrada en vigor. La disposición final tercera del texto establece que la amnistía entrará en vigor “el mismo día” que se publique en el BOE, pero en estos casos no está estipulado cuántos días tienen que pasar entre la votación del Congreso y que el texto aparezca negro sobre blanco en el BOE.
Así pues, el pleno definitivo sobre la amnistía llegará en plena campaña de las elecciones europeas, que se celebrarán el 9 de junio, y en medio de las negociaciones para formar Govern en Catalunya después de los comicios del 12 de mayo. Será pocos días antes de la constitución del Parlament, prevista para alrededores del 10 de junio, momento en el que empezarán a dibujarse las mayorías con la elección de la presidencia. Y cuando falten aproximadamente tres semanas para el debate de investidura, un momento en el que Carles Puigdemont ya ha anunciado que volverá a Catalunya.
El camino al Congreso: el registro del PSOE en solitario, el primer ‘no’ de Junts y la luz verde con retoques
De esta forma, se cerrará una tramitación que se habrá alargado cinco meses y medio. Los orígenes de la amnistía en la Carrera de San Jerónimo se remontan al 13 de noviembre, cuando el PSOE registró en solitario el primero redactado y después de negociar con ERC y Junts por separado. Tres días más tarde, el Congreso invistió a Pedro Sánchez con los votos de los partidos independentistas. El primer debate de la amnistía en el Congreso se celebró el 12 de diciembre, día en que la proposición de ley superó su primer examen parlamentario. El 10 de enero, la Cámara Baja rechazó las enmiendas a la totalidad de texto alternativo que presentaron el PP y Vox y que insistían en la judicialización del conflicto político y en la utilización del Código Penal contra el independentismo.
Una semana después, se cerró el plazo para presentar enmiendas al articulado: el PSOE pactó con ERC, el PNV, Bildu y el BNG, Junts presentó las suyas en solitario y los republicanos también registraron propias por separado. Los independentistas apostaban por blindar el Tsunami y los CDR de las acusaciones de terrorismo. El paso siguiente fue el 18 de enero: se incorporaron al texto las enmiendas técnicas conjuntas, pero siguió quedando en el aire el blindaje del Tsunami y de los CDR.
Hizo falta una semana más para que independentistas y socialistas pactaran una enmienda para delimitar qué se considera terrorismo. Sin embargo, las maniobras de los jueces españoles, especialmente de Manuel García-Castellón, ponían en duda la eficacia de este retoque, cosa que llevó a Junts a votar en contra del dictamen el 30 de enero. Un mes y medio más tarde, y después de que el PSOE, Junts y ERC encontraran la solución, la amnistía volvió al pleno del Congreso, fue finalmente aprobada el 14 de marzo y se envió al Senado.
Un recorrido de dos meses en el Senado en pleno choque institucional
Y aquí fue cuando la amnistía empezó el camino de obstáculos en la Cámara Alta. Un informe de los letrados concluyó que la amnistía es inconstitucional y que supone una “reforma encubierta de la Constitución” y señaló al PP una vía para entorpecerla: el conflicto entre órganos constitucionales. Al día siguiente que trascendiera el documento, la Mesa del Senado, con disputa entre el PP y el PSOE, admitió a trámite la iniciativa esgrimiendo que no podía no aceptarla.
Posteriormente, en una historia de tres capítulos, el PP anunció, registró y aprobó el choque institucional con el Congreso a raíz de la tramitación de la ley, cosa que abrió una brecha entre las dos cámaras con reproches mutuos y acusaciones entrecruzadas entre el Congreso y el Senado. La Cámara Baja denunció la “clara injerencia” promovida por el PP y contestó que no retiraría la ley. Después de dos semanas con comparecencias de juristas en la Cámara Alta, la ponencia del Senado envió ayer la ley a la Comisión Conjunta Constitucional y de Justicia, que se reunirá el próximo jueves 9 de mayo a las 10.30 horas como paso previo para aprobar el veto en el pleno.