Junts per Catalunya y Esquerra Republicana han presentado este martes enmiendas a la ley de amnistía con el objetivo, entre otras cosas, de blindar el Tsunami Democràtic y los CDR de las acusaciones de terrorismo. Los juntaires, además, proponen avanzar dos meses el origen del blindaje de la ley (del 1 de enero del 2012 al 1 de noviembre del 2011; para proteger todavía más la consulta del 9-N) e incluir la protección a todos aquellos damnificados por "operaciones policiales artificiosas y/o prospectivas orientadas a la criminalización de cargos públicos y/o su entorno, siempre que no hayan comportado efectivamente un incremento patrimonial de origen ilícito". Se trata de una clara alusión a las operaciones de la denominada policía patriótica, como las reveladas estos días por ElNacional.cat; alguna de estas operaciones han afectado a la familia Pujol. Junts ha presentado enmiendas en solitario, y también lo ha hecho ERC. Pero los republicanos han presentado algunas pactadas con el PSOE, Sumar, BNG y Bildu. Se tratan, estos últimos, de retoques "técnicos" a la norma, tal como apuntan los republicanos. Sea como sea, los socialistas han mantenido en sus enmiendas la negativa en un mayor blindaje a Tsunami y CDR. En total, se han presentado 87 páginas de enmiendas, que se traducen en doce de Junts, cuatro de ERC y ocho de conjuntas entre PSOE, ERC, BNG y Bildu.

Otra vez, todo ha llegado al último minuto. Ha pasado más de un mes desde que el Congreso de los Diputados encauzó la ley de amnistía; y todavía más semanas desde que el PSOE se mostró predispuesto a pactar y aprobar de la mano de los independentistas una ley que reparara la persecución judicial a este movimiento político. Una anécdota que es probable que tenga consecuencias y que deje de ser anecdótico: el PSOE ha registrado sus enmiendas un segundo más tarde de lo que permite el registro telemático, cuando pasaba un segundo de las seis de la tarde. Fuentes del PP denuncian esta "anomalía" e indican que los representados populares en la Mesa de la Comisión de Justicia han votado en contra de aceptarlas. El PP anuncia que presentará un escrito a la Mesa pidiendo los informes técnicos y jurídicos oportunos que aclaren el motivo por el cual la Cámara ha aceptado la presentación de estas enmiendas.

Prejudiciales ante el TJUE

Sí que los dos partidos independentistas coinciden en enmendar la ley de amnistía para que los jueces españoles no puedan dejar de aplicar la ley cuando se presenten cuestiones prejudiciales ante el TJUE. Señalan, tanto ERC como Junts, que hay que levantar las medidas cautelares a un procesado aunque se pique a la puerta de Europa. Pretenden, pues, que la norma tenga una aplicación inmediata. Ahora bien, en las enmiendas que el PSOE ha pactado con ERC, no se menciona este aspecto; de manera que los socialistas se desmarcan.

 

 

Tsunami, CDR y terrorismo

Junts argumenta en su exposición, lisa y llanamente, que "no hay ninguna obligación para excluir del ámbito de aplicación de la ley actos que, no siendo terroristas, están siendo presentados como tales". Los juntaires justifican que, aunque durante todo el proceso independentista "no existe ningún acto que pueda ser tipificado como delito de terrorismo", hay dos procedimientos (el del Tsunami Democràtic y los de los CDR, los dos en manos del juez Manuel García-Castellón) en los que "arbitraria e injustificadamente", se investiga y persigue independentistas catalanes por "hechos que no serían tipificables" como terrorismo, pero que lo están siendo.

El escrito de justificación rubrica que, "viendo el uso indebido que se hace del Código Penal y de los instrumentos del Estado para perseguir a los independentistas catalanes" y habiendo comprobado que desde que se presentó la amnistía "se han reactivado procesos que se asumía estaban destinados al sobreseimiento", hay que excluir el terrorismo de las exclusiones. El objetivo es "conseguir que el ámbito objetivo de esta amnistía abarque el número mayor posible de ciudadanos perseguidos por su militancia o proximidad con el independentismo catalán". Por su parte, ERC se limita a apuntar que es una "mejora técnica".

 

 

Cánones internacionales sobre genocidio

Uno de los pocos puntos en los que Junts, ERC y el PSOE coinciden es en la incorporación dentro de las exclusiones de los delitos contra la Comunidad Internacional comprendidos en el Título XXIV del Código Penal. Estamos hablando, por ejemplo, de los delitos de genocidio, de lesa humanidad y contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado. Los juntaires justifican que añadir este título permite "cumplir con los cánones internacionales en esta materia", y los republicanos y los socialistas aseveran que es un precepto "congruente con la limitación de la amnistía a supuestos de genocidio y otros crímenes". "No se contempló porque no existe una casuística que hiciera necesaria su consideración, sin embargo, viendo cómo se puede confrontar la legalidad de la norma, resulta más adecuado", concluye el escrito de Junts.

Multas

Hay divergencias, sin embargo, en las enmiendas que ha presentado Junts y las que ha presentado ERC. Con respecto a las multas, recogidas en el artículo 7.2, los republicanos mantienen la previsión de que la amnistía no da derecho "a la restitución de las cantidades abonadas en concepto de multa", pero añade la excepción de las satisfechas por la imposición de sanciones vinculadas a la Ley Mordaza, "siempre que, a criterio de la administración que impuso la sanción, concurran los supuestos necesarios". Fuentes de ERC apuntan que el objetivo es que la Generalitat pueda reanimar estas mulas. En cambio, los juntaires abogan directamente por eliminar el precepto.

 

 

El recorrido de la amnistía a partir de ahora

El plazo para presentar enmiendas ha terminado este martes a las seis de la tarde. Una vez el reloj ha marcado esa hora, será el turno de la ponencia, un grupo formado por un diputado de cada grupo parlamentario que trabajará la ley a puerta cerrada y decidirá qué modificaciones acepta y si añade nuevas. Eso llegará el próximo jueves, 18 de enero. De aquí saldrá el informe de la ponencia. A continuación, entrará en juego la Comisión de Justicia, que estudiará, debatirá y votará el informe que le remita la ponencia y se pronunciará sobre las enmiendas que no se acepten en la ponencia y que los grupos parlamentarios quieran mantener vivas. La sesión de la comisión, que será pública y tendrá lugar el día 23 de este mes, aprobará, previsiblemente, el dictamen.

Este texto se enviará al pleno, que celebrará un último debate. Tendrá que someter a votación las enmiendas que no se hayan aprobado hasta el momento. Y tendrá que dar luz verde a la proposición de ley en una última votación de conjunto que requerirá la mayoría absoluta (176 diputados). Fuentes de la presidencia del Congreso señalan que Francina Armengol se está pensando si situar este Pleno la semana que empieza el 29 de enero o la que empieza el 5 de febrero.

Cuando el texto sea aprobado en el Congreso, la amnistía se remitirá al Senado. La Cámara Alta seguirá la tramitación en ponencia, comisión y pleno. Y, después de la reforma del Reglamento que impulsó el PP y que el PSOE recurrió al TC, podrá retener la proposición de ley hasta dos meses. Como el Senado vetará la amnistía o aprobará enmiendas que reduzcan su contenido a la mínima expresión, la proposición de ley volverá al Congreso, que la aprobará definitivamente en un último pleno, rechazando cualquier variación que haya propuesto el PP. Llegados a este punto, la amnistía estará a punto para ser publicada en el Boletín Oficial del Estado y entrar en vigor.