Junts per Catalunya, Esquerra Republicana y PSOE han acercado posiciones y este martes han presentado tres enmiendas transaccionales conjuntas para mejorar la ley de amnistía. Una de ellas está encaminada a retocar el gran escollo que ha provocado la norma: la excepción por terrorismo. Los independentistas han conseguido desenrocar a los socialistas de su posición y hacerlos avanzar algunos metros, con el fin de barnizar a Tsunami Democràtic y CDR con una capa extra de blindaje. Es decir, proteger a los 12 miembros de CDR y 10 de Tsunami Democràtic encausados por la Audiencia Nacional. Concretamente, se ha acabado haciendo lo que desde hacía días había sobre la mesa: incluir un añadido que especifique y delimite qué se considera terrorismo. La intención es esquivar las maniobras de jueces españoles como Manuel García-Castellón que quieran acusar a independentistas de terrorismo, cuando claramente no han cometido este delito.
Se ha acabado pactando el siguiente añadido a la excepción de terrorismo, el punto 2.d: "Siempre que, de forma manifiesta y con intención directa, hayan causado violaciones graves de derechos humanos, en particular, las previstas en el artículo 2 y 3 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, y en el derecho internacional humanitario". Los puntos 2 y 3 de este convenio hacen referencia al derecho a la vida y a las torturas. Es por eso que García-Castellón quiere colar a Carles Puigdemont y Marta Rovira un francés muerto por ataque cardiaco en el aeropuerto del Prat. A fin de que, incluso con este blindaje extra, puedan quedar fuera de la amnistía. Pero la enmienda transaccional apunta que esta violación del convenio se tiene que producir "de forma manifiesta y con intención directa", cosa que claramente no pasó con aquel ciudadano extranjero. Además, se ha eliminado la necesidad de que, en estos casos, haya sentencia firme para aplicar la amnistía, cosa que era necesaria para proteger todavía más la norma ante los recursos de inconstitucionalidad.
Las cuestiones prejudiciales ante el TJUE
Por otra parte, una enmienda transaccional hace que también quede reflejado en la exposición de motivos qué pasa cuando se presentan cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Se acuerda de que "el eventual planteamiento" de una cuestión de inconstitucionalidad o de una cuestión prejudicial ante el TJUE "no afecta la vigencia o eficacia de las leyes". Hasta ahora, la ley de amnistía mencionaba al Tribunal Constitucional, pero no hacía referencia al tribunal europeo.
Es decir, se evita que los jueces españoles puedan dejar en standby la aplicación de la norma llamando a la puerta de Europa. Asimismo, en el artículo 4 se añade que "la suspensión del procedimiento penal por cualquier causa" no impedirá "el levantamiento de las medidas cautelares" que se hayan acordado con anterioridad en la entrada en vigor de la ley y que "implicaran la privación del ejercicio de derechos fundamentales y libertades públicas".
Las enmiendas del independentismo, vivas hasta el Pleno
A pesar de los acuerdos de este martes, los independentistas mantendrán vivas enmiendas que todavía pueden aprobarse cuando se celebre el Pleno del Congreso, previsiblemente el día 30 de enero. Se trata de retoques que van pasos más allá de los conseguidos hasta ahora, con la esperanza de hacer avanzar al PSOE unos metros más. Este martes, de las propuestas de los partidos independentistas, no se han aceptado las enmiendas de Junts para avanzar la fecha de inicio de la amnistía al 1 de noviembre del 2011 y para incluir a los damnificados por "operaciones policiales artificiosas y/o prospectivas orientadas a la criminalización de cargos públicos y/o su entorno, siempre que no hayan comportado efectivamente un incremento patrimonial de origen ilícito".
Asimismo, tampoco hay cambios con respecto a las multas. El redactado final es el mismo que el que registró el PSOE y que fija que la amnistía no da derecho "a la restitución de las cantidades abonadas en concepto de multa". ERC quería que la Generalitat pueda volver las multas derivadas de sanciones de la Ley Mordaza y Junts quería eliminar esta exclusión. Además, ERC mantiene su enmienda que reclama eliminar el "umbral mínimo de gravedad" en la exclusión de los actos tipificados como "delitos de torturas o de tratos inhumanos o degradantes".