Lío en el Senado en los primeros pasos de la ley de amnistía en la Plaza de la Marina Española. La Mesa de la Cámara Alta ha admitido a trámite este martes la proposición de ley que la semana pasada recibió luz verde del Congreso y ha fijado el calendario de su tramitación, que marca cuándo podría estar definitivamente aprobada y entrar en vigor: la fecha límite para pronunciarse es el 16 de mayo, lo que podría situar el pleno definitivo del Congreso en el 23 de mayo, once días después de las elecciones catalanas y dos semanas antes de la constitución del Parlament de Catalunya. La decisión que ha tomado hoy el órgano de gobierno del Senado se sustenta en un informe de los letrados, que argumenta que la Mesa “no podría adoptar un acuerdo de no admisión”, puesto que rechazar tramitar la proposición de ley “no se ajustaría a la Constitución” y “disminuiría considerablemente los derechos de los senadores”. Los letrados hablan de un “acto de continuidad, que no se puede interrumpir, entre la remisión del Congreso y el sometimiento de la iniciativa al Senado”.

¿Y qué ha pasado en la reunión de la Mesa? Las versiones del PP y del PSOE no coinciden en casi nada. Lo que se ha sometido a consideración del órgano de gobierno de la Cámara Alta es una propuesta elaborada por los letrados que incluye la admisión a trámite de la iniciativa, pero haciendo constar “expresamente” las “dudas sobre su constitucionalidad desde el punto de vista material y formal”. Los letrados sostienen que se trata de una “reforma constitucional encubierta” y de una “utilización fraudulenta del procedimiento legislativo” y apuntan que “no hay una previsión en la Constitución que faculte a las Cortes Generales a otorgar amnistías”. Fuentes del PP en la Mesa explican que esta ha sido la forma de continuar la tramitación (dado que no había ninguna otra alternativa) “habiendo sido advertidos de la cantidad de cuestiones de dudosa constitucional”. En cambio, fuentes del PSOE presentes en la reunión apuntan que es “anormal” que un acuerdo incluya estas consideraciones jurídicas (que ponen en duda la amnistía) porque el Reglamento delimita claramente que en estos casos solo hace falta un “puro trámite obligatorio”. Los socialistas denuncian que ha sido una “trampa” de los populares.

El PP replica que “no hay una norma que diga” como tiene que ser la propuesta de acuerdo presentado por los letrados y que “no hay ningún precepto que impida” que hagan este tipo de indicaciones. Las mismas voces esgrimen que, en este caso, con una ley “profundamente especial y convulsa”, había que dotarse de todos los argumentos jurídicos. Todo, en una especie de partido de ping-pong a través de los periodistas. En todo este escenario, el PSOE relataba al salir de la reunión que no podían votar la propuesta de acuerdo tal como estaba redactada y, después de las insistentes preguntas de los periodistas, reconocían que no habían votado. Sin embargo, segundos más tarde, un miembro del PP de la Mesa indicaba que los socialistas habían votado en contra, un extremo que ha confirmado la Secretaría General de la Cámara Alta. “Una paradoja que no pensábamos que veríamos”, en palabras de un senador del PP. Más tarde, el PSOE mantenía su versión.

 

Otros detalles que se han sellado hoy en la Mesa del Senado son que la amnistía se tramitará por la vía ordinaria en una comisión conjunta de la Constitucional y la de Justicia. Por lo tanto, tal como adelantó ElNacional.cat el domingo, el plazo máximo para pronunciarse sobre la ley será el jueves 16 de mayo, día en el cual no hay un pleno convocado (el día anterior es fiesta en Madrid), aunque se podría convocar una sesión aquella semana. El 3 de abril es el primer plazo fijado para presentar enmiendas y propuestas de veto, un margen que se podrá prorrogar hasta el 9 de abril. Además, en las próximas semanas podrán comparecer expertos y juristas para opinar sobre la amnistía.

ERC presenta una reconsideración por la tramitación ordinaria de la amnistía

Minutos después de la reunión de la Mesa, Esquerra Republicana ha registrado una solicitud de reconsideración en la Mesa sobre la tramitación por el procedimiento ordinario de la amnistía. El órgano de gobierno de la Cámara Alta lo ha decidido después de la reforma del Reglamento que impulsó del PP para poder revertir una declaración de urgencia hecha por la Mesa del Congreso con la clara voluntad de dilatar al máximo el calendario. Una modificación que está estudiando el Tribunal Constitucional a instancias del PSOE. Sara Bailac, portavoz de ERC en el Senado, ha denunciado “el uso partidista del Senado por parte del PP con la clara intención de torpedear la tramitación de la amnistía” y ha lamentado que “la voluntad de poner obstáculos a la tramitación” de la ley y “el evidente lucha entre el PP y Vox por ver quién es más «anticatalán»”.

 

Vox pide iniciar los trámites para plantear un conflicto entre órganos constitucionales

Por su parte, Vox ha registrado un escrito para empezar los trámites por el planteamiento de un conflicto entre órganos constitucionales. La formación de extrema derecha ha solicitado al órgano de gobierno del Senado la inadmisión de la ley de amnistía y lo insta a requerir el Congreso para que revoque la decisión de remitirla a la Cámara Alta. Esta es una hoja de ruta que dibujaban los letrados del Senado en uno de los informes que han elaborado sobre la amnistía. Desde el PP, no aclaran todavía si impulsarán este mecanismo, que tiene que ser requerido por un grupo parlamentario o 25 senadores y tiene que ser aprobado por el pleno.

A todo esto, la admisión a trámite de la iniciativa había abierto un conflicto jurídico entre el PP y Vox. Hace pocas horas, la portavoz de la extrema derecha en el Congreso, Pepa Millán, se escudaba en el informe de los letrados del Senado para reclamar que no se podía admitir la tramitación en el Senado porque “no se puede admitir una ilegalidad manifiesta”. Hace semanas, el líder del partido ultra, Santiago Abascal, pedía al PP que fuera “imaginativo” y tomara decisiones “valientes y arriesgadas” en este sentido. Además, el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, llegó a afirmar que sería “lógico y coherente” que Vox promoviera una querella contra la Mesa del Senado (igual que hizo contra la del Congreso) si acepta tramitar la proposición de ley.