Después de un verano marcado por los múltiples incendios en comunidades autónomas del PP, Pedro Sánchez arrancaba el curso agitando dos banderas. La primera fue la de proponer crear una agencia estatal de emergencias —con tufo de recentralización de competencias— ante la mala gestión de las llamas por parte de los populares. Y después, reivindicar una causa que los socialistas perciben que los impulsa demoscópicamente: la condena del genocidio de palestinos por parte de Israel. El inicio del curso, a pesar de todo, no ha dejado de estar atormentado por dos temas que, a medida que avanza la legislatura, se agravan: el chubasco judicial en el entorno del presidente del Gobierno y la debilidad parlamentaria con unos socios cada vez más sublevados.

El día que el máximo líder socialista inauguraba el curso político concedió una entrevista a TVE en la que, sin tapujos, disparó contra los jueces que instruyen las causas de su hermano, David Sánchez, y su esposa, Begoña Gómez. Los acusaba de incumplir la ley y de hacer "política" para intentarlo derribar. Nada ha cambiado y los dos magistrados responsables de estas dos causas han apretado el acelerador. Juan Carlos Peinado ya ha advertido a Gómez que, en caso de previsiblemente ser juzgada, quedará en manos de un tribunal popular. Será juzgada "por el pueblo", aplaude el PP. En el caso del hermano, la jueza ya ha confirmado que lo envía a juicio por haber cometido presuntamente los delitos de prevaricación y tráfico de influencias. "El tiempo pondrá las cosas en su sitio; defenderemos la verdad, que es que los dos son inocentes", remarcaba este miércoles Sánchez en una rueda de prensa desde Nueva York.

El cerco judicial, evidentemente, no termina aquí. Hay el caso de Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García. No ha habido grandes noticias en el arranque del curso sobre esta trama, más allá de que la justicia mantiene en prisión preventiva al secretario de Organización más reciente que ha tenido el PSOE. Pero sí que se agrava cada vez más el caso del Fiscal General del Estado, que será juzgado por el Tribunal Supremo y ya ha tenido que pagar decenas de miles de euros como fianza por el caso de revelación de secretos de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Es decir, la publicación en los medios de los correos en los que Alberto González Amador admitía haber cometido un fraude fiscal y pedía llegar a un pacto con la Fiscalía.

 

Sánchez solo se muestra contundente en el caso de corrupción que afecta a los exdirigentes del PSOE. Para ellos no reivindica ninguna presunción de inocencia y da por buenos los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que los incrimina en un caso de cobro de comisiones por adjudicaciones de obra pública. En el caso del fiscal Álvaro García Ortiz, hace como con su esposa y su hermano: cierra filas, asegura que es inocente e insiste en que no hay suficientes pruebas que le incriminen; además de aseverar que no hace falta que dimita como jefe de la Fiscalía. Después de agitar la bandera palestina y de hacer tan evidente su intención de convertirse en paladín occidental de Gaza, la respuesta de la administración de Benjamin Netanyahu ha sido, por ejemplo, acusarlo de querer tapar con su cruzada contra el genocidio los casos de corrupción que lo asedian.

Un septiembre negro en el Congreso de los Diputados

Sánchez tampoco ha encontrado la paz en el Congreso de los Diputados. La suma de PP, Vox y Junts per Catalunya le tumbó una de las medidas estrella de esta legislativa; una medida de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que el jefe del ejecutivo también quiso hacerse suya: la reducción de la jornada laboral de 40 a 37,5 horas. Tampoco ha podido cumplir uno de los compromisos más importantes que ha adquirido en este mandato con el partido de Carles Puigdemont: la delegación a la Generalitat de las competencias en inmigración. Esta vez fueron Podemos y dos diputados díscolos de Sumar los que sumaron sus votos a los partidos españoles de derecha y extrema derecha.

También este miércoles, con las abstenciones de Junts per Catalunya, Esquerra Republicana, BNG y Coalición Canaria, la cámara baja reprobó a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, por la crisis de las pulseras para controlar a maltratadores. Y Sánchez, además, todavía no tiene garantizados los apoyos de sus socios a un decreto de embargo de armas a Israel con posibilidad de excepciones que tendrá que ser convalidado en el Congreso dentro de menos de un mes.

La Moncloa ya no confía en negociaciones en el último minuto

Ya hace tiempo que el Gobierno, cuando se encuentra a las puertas de una derrota anunciada en el Congreso de los Diputados, ya no apela a la esperanza de conseguir un acuerdo de última hora. En la legislatura pasada, también gobernando sin mayoría pero con una aritmética parlamentaria un poco más cómoda que la actual, el ejecutivo de Pedro Sánchez había conseguido salvar iniciativas en el último minuto. En el actual mandato, con unos equilibrios a veces imposibles de conseguir, los socialistas optan ya por el discurso de poner la venda antes de que aparezca la herida.

Fue una demostración de este cambio discursivo, por ejemplo, la rueda de prensa de este martes posterior a la reunión del Consejo de Ministros. La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, trataba de tranquilizar a Junts per Catalunya ocho horas antes de que se perdiera en el Congreso la votación sobre la toma en consideración de la delegación a la Generalitat de las competencias en inmigración. Aseguraba que el ejecutivo de PSOE y Sumar seguirá "consolidando el autogobierno" catalán con un Plan B para recuperar medidas que todavía no tiene ideado.

Sánchez promete presentar los presupuestos a pesar de la revuelta de los socios

Sea como sea, Sánchez ya ha vuelto a asegurar que presentará los presupuestos generales del 2026, aunque no lo hizo ni en 2024 ni en 2025. La advertencia de Esquerra Republicana es clara: no habrá nuevas cuentas ni españolas ni catalanas hasta que no haya avances importantes en la financiación singular para Catalunya. Por supuesto, la guerra abierta ahora con la ministra-candidata en Andalucía, María Jesús Montero, no ayuda. Junts se encuentra en la misma negativa y avisa a la vicepresidenta segunda y máxima responsable de Hacienda de que no habrá nuevas cuentas hasta que no se publique y se cumpla la ejecución previamente presupuestada para Catalunya. Y no solo eso, sino que el partido ya hace días que comunica que en las próximas semanas decidirá si continúa dando al PSOE su apoyo imprescindible en Madrid.