Álvaro García Ortiz reitera que es inocente. El abogado del fiscal general del Estado ha presentado el escrito de defensa en el Tribunal Supremo y pide que se le absuelva en el futuro juicio por la presunta revelación de secretos de Alberto González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Tal como también sostiene la Fiscalía, alega que los hechos “no son constitutivos de delito”. Asimismo, pide una batería de una decena de testigos entre los que destacan cinco nombres: el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, el mismo Alberto González Amador, su abogado, Carlos Neira, y los dos fiscales que han investigado el presunto fraude fiscal. El escrito denuncia que ha sido víctima de una “operación perfectamente orquestada desde el aparato institucional” de la Comunidad de Madrid para “contrarrestar la repercusión política negativa de la noticia” sobre el supuesto fraude fiscal de la pareja de Ayuso con el objetivo de “construir un relato alternativo en el que se presentaba a Alberto González Amador como la víctima de una operación política llevada a cabo desde el Gobierno” con la “ilícita complicidad” de la Agencia Tributaria y de la Fiscalía para “desacreditar” a Isabel Díaz Ayuso. Justo esta mañana, el Supremo ha confirmado que el tribunal que lo juzgará será de mayoría conservadora.
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En su escrito, el fiscal general del Estado lamenta que el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso distribuyó entre “medios afines” un “relato alternativo” según el cual los “problemas de Alberto González Amador con la Hacienda Pública se debían a una persecución política” con la voluntad de “neutralizar urgentemente el presumible impacto político negativo de la noticia”. Posteriormente, cuando los medios de comunicación intentaron confirmar la información, él pidió el expediente del caso viendo que había aparecido una “gran preocupación ante lo que se estaba publicando en algunos medios y difundiendo en las redes sociales, tanto por la poca verosimilitud de lo que se decía sobre una supuesta propuesta de conformidad de la Fiscalía como por la gravedad de las conductas que se atribuían a la Fiscalía y a los profesionales que la integran”. Durante esas horas, Álvaro García Ortiz quiso elaborar una nota de prensa desmintiendo a Miguel Ángel Rodríguez y ahora alega que la “causa desencadenante” de su actuación fue la estrategia de la Comunidad de Madrid de intentar “neutralizar y desviar” la noticia sobre el presunto fraude fiscal.
Un mensaje de WhatsApp contradijo la versión que dio Miguel Ángel Rodríguez delante del juez
El jefe de gabinete de la presidenta madrileña declaró como testigo durante la instrucción. Delante del juez (con la obligación de decir la verdad), reconoció que él filtró a un grupo de periodistas un correo del fiscal Julián Salto: “El texto dice que ‘no es obstáculo para poder llegar a un acuerdo’, y este es el texto que yo difundo. Dicen que había un e-mail anterior, que yo desconocía y que Salto tampoco cita”, justificó delante de los periodistas a la salida. “Podría haber dicho que ‘estamos en condiciones de llegar a un acuerdo tal como usted pidió el 2 de febrero’. Si no consideró importante citar el e-mail el 12 de marzo, ¿por qué hoy es tan importante?”, añadió.
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Sin embargo, los mensajes de WhatsApp que él intercambió con Alberto González Amador y que aportó al Supremo lo desmintieron y demostraron que sí que conocía la propuesta de su abogado. Es un mensaje que el abogado Carlos Neira mandó a González Amador y que él reenvió al jefe de gabinete de Ayuso a las 9.09 horas del 12 de marzo, doce horas antes de que se publicaran las noticias sobre el acuerdo con la Fiscalía: “He recibido correo del fiscal. Parece que todo sigue en pie. [...] La idea mía es que al final solo haya un condenado. Y multa mínima”.
Las contradicciones entre Alberto González Amador y su abogado delante del juez
Alberto González Amador y su abogado también testificaron durante la instrucción. La pareja de Ayuso se desmarcó de la confesión en la que reconocía que había cometido dos delitos de fraude fiscal y aseguró el letrado lo hizo “por su cuenta” y sin que él lo supiera ni lo autorizara. De hecho, él tuvo constancia de ello más de un mes después, el 14 de marzo. González Amador solo quería la “solución que causara menos ruido” y la “mejor para continuar en el anonimato”. Sin embargo, cuatro días más tarde, Carlos Neira lo contradijo y aseguró que el empresario sí le pidió que llegara a un acuerdo, aunque admitió que no envió a la pareja de Ayuso la propuesta concreta, por lo que González Amador “no tenía conocimiento del correo”. Él lo escribió de la forma que pensó que era “necesaria para agilizar lo máximo posible la conformidad”.
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El letrado relató que explicó a González Amador que podía defender la causa o llegar a una conformidad y que la pareja de Ayuso le dijo que su prioridad era “causar el menor daño a su pareja” con la solución con “menos ruido y más rápida” y el abogado le aconsejó una conformidad, que implica aceptar los hechos. González Amador le replicó que entendía lo que es, que “adelante” y que “lo dejaba” en sus manos. Hay partes de la cronología que la pareja de Ayuso admitió delante del juez, como su voluntad de causar poco ruido o su desconocimiento del escrito concreto del correo, pero obvió que él hubiera autorizado la confesión.
¿Cuál es cada correo?
El correo que filtró MAR es el que envió el 12 de marzo al fiscal Julián Salto y del que se hizo eco El Mundo el 13 de marzo por la noche. “Aunque también se ha denunciado a otras personas, no será obstáculo para poder llegar a un acuerdo si usted y su cliente lo estiman posible”, decía el mensaje. Ahora bien, previamente, hay un correo del abogado de Alberto González Amador del 2 de febrero, el e-mail de la discordia. “Estudiado el asunto, y de común acuerdo con Alberto González, os comunico que es voluntad firme de esta parte alcanzar una conformidad penal, reconociendo íntegramente los hechos. Ciertamente, se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública”, admitía el letrado de la pareja de Ayuso. Es el correo al que accedieron algunos medios el 13 de marzo por la noche y que ha dado lugar a la investigación contra el fiscal general del Estado.