Tensión y chispas en la Asamblea de Madrid. Ha sido cuando Más Madrid estaba presentado una iniciativa para llevar al Congreso de los Diputados una reforma de la Ley del Poder Judicial para que los jueces tengan que declarar sus bienes y actividades cada año. “El principal problema que tiene institucionalmente España ahora mismo es el secuestro que tiene la derecha sobre el poder judicial y el acoso al que está sometido el Gobierno por parte de algunos jueces”, ha denunciado el diputado Hugo Martínez Abarca. Acto seguido, ha recibido la reprimenda del presidente del parlamento madrileño, Enrique Ossorio. Lo ha llamado a la cuestión y él ha seguido hablando en “nombre de la independencia de los diputados”. “El nombre que le puso Aznar a esto que está pasando es ‘El que pueda hacer que haga’ y Ayuso lo ha decorado explicándonos que ‘Algunos jueces y periodistas están dando lo mejor de sí mismos’. Es decir, están acosando al Gobierno democrático”, ha insistido. Y, después del tercer aviso, el presidente le ha retirado la palabra: “En este parlamento no se va a criticar el poder judicial”, ha justificado. “[Francina] Armengol, [presidenta del Congreso], lo permite, aquí no se permite”, ha añadido.
Esto ha indignado a la bancada de Más Madrid (el principal partido de la oposición), que ha respondido con gritos de “libertad” desde los escaños, y ha originado una discusión entre Ossorio y la líder de Más Madrid, Manuela Bergerot, que le ha reprochado su “censura” y que haya “cruzado una línea [roja]” y le ha recordado que “ni la doctrina del Tribunal Constitucional ni el Reglamento de la Asamblea permiten” hacer lo que él ha hecho. Finalmente, los diputados de Más Madrid han abandonado el hemiciclo. “En este parlamento no se va a criticar la justicia, nadie lo va a hacer”, ha reiterado Enrique Ossorio. Y ha remachado su justificación: “Siento que no les guste la actuación de la justicia y que sea independiente. Aquí no se va a hablar mal de la justicia. Hay separación de poderes, somos el legislativo y no tenemos derecho a criticar a la justicia y aquí no se va a hacer”.
Posteriormente, en una rueda de prensa, Manuela Bergerot ha denunciado que Enrique Ossorio había aplicado “criterios políticos para decir a los madrileños de qué se puede hablar”. “Es el parlamento que más censura en España de toda la democracia. Defendíamos al poder judicial de la corrupción. Enrique Osorio ha usado criterios políticos para afirmar que no hay división de poderes. Es intolerable y un ataque contra la democracia”, ha lamentado. Por su parte, la portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, también ha cargado contra la actitud de Ossorio: “Se está perdiendo a marchas forzadas la calidad democrática de la Asamblea. No pueden retorcer el reglamento así”.
“Quién diga que los jueces son unos seres de luz que nunca van a ser corruptos, miente”
Concretamente, la proposición de ley impulsada por Más Madrid quería reformar la Ley del Poder Judicial con el objetivo de que los jueces y magistrados tengan que declarar sus bienes y sus actividades cada año, incluyendo todos los bienes inmuebles, vehículos, acciones, participaciones en sociedades, depósitos bancarios, deudas y cualquier otro derecho patrimonial en España o en el extranjero que tengan. La propuesta plantea que tengan que presentar estas declaraciones en un plazo máximo de un mes desde que toman posesión y que las actualicen anualmente y si cesan en sus funciones. Además de los bienes patrimoniales, también tendrían que informar de cualquier actividad profesional que “pudiera generar ingresos o contraprestaciones”, así como su participación en sociedades, asociaciones o fundaciones.
Durante el debate, antes de que se le retirara la palabra, Hugo Martínez Abarca ha defendido su iniciativa como una “medida de transparencia, de lucha contra la corrupción y para proteger la independencia del poder judicial”, dado que los “conflictos de intereses hacen que haya una dependencia de unos intereses económicos en vez de la mera aplicación de la ley y de los principios judiciales”. “Aquellos que defendemos un poder judicial limpio y transparente estamos muy a favor de poner medidas para señalar y aislar y separar de su cargo a aquellos jueces que son corruptos y la declaración de bienes y actividades es un instrumento para ello”, ha defendido.
“Quien diga que todos los jueces son unos corruptos, miente y hace un favor a los jueces corruptos. Pero quien diga que los jueces son unos seres de luz que, por haber aprobado una oposición, nunca van a ser corruptos, también miente. Y lo que está haciendo es tapar las manzanas negras y podridas que haya en la judicatura”, ha verbalizado. Y ha mencionado el caso del juez Salvador Alba, condenado a seis años y medio de prisión y a dieciocho de inhabilitación por conspirar contra la jueza Victoria Rosell cuando era diputada de Podemos.
Para subrayar la necesidad de la ley, Hugo Martínez Abarca ha puesto un ejemplo: “Imaginemos que alguien pone una demanda contra el banco X porque las cláusulas de las hipotecas que pone a sus clientes son abusivas. Y esta demanda le cae a una jueza que tiene, legítimamente porque con sus ahorros hace lo que quiera, un millón de euros en acciones del banco X. Según la Ley del Poder Judicial, debería abstenerse o ser recusada por tener intereses directos o indirectos en la causa. Si no se abstiene, el abogado de la demanda puede presentar una recusación [solo] si sabe que tiene un millón de euros en acciones del Banco X”. Y esto es lo que Más Madrid quería corregir con esta ley.