Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) han alertado de que el preacuerdo entre el PSC y ERC para avanzar hacia una hacienda propia en Catalunya podría vulnerar la Constitución y poner en peligro la solidaridad entre territorios. En un comunicado este miércoles, han avisado que los funcionarios de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) en Catalunya rechazarán incorporarse a la Agencia Tributaria Catalana (ATC), ya que la gran mayoría de ellos "procede de las últimas promociones y no tiene arraigo en la región". El acuerdo prevé que la Generalitat recaude el 100% de los impuestos y establezca una Agencia Tributaria propia con plenas competencias.
Los técnicos ponen en duda la viabilidad práctica del traspaso de personal del AEAT en la Agencia Tributaria Catalana (ATC). Según sus datos, la mayor parte de los 5.000 trabajadores estatales en Catalunya rechazaría este cambio, hecho que dificultaría gravemente la gestión fiscal. Gestha apunta que, aunque los funcionarios estatales de estas últimas promociones cobran menos, no irán a la ATC por mayores retribuciones, ya que también pesa su escaso arraigo a la región, hecho que "dificultaría un eventual traspaso del personal estatal a la Generalitat de Catalunya".
La ATC "es muy pequeña" y "no estaría preparada"
Por otra parte, los técnicos de Hacienda aseguran que la Agencia Tributaria Catalana "no estaría preparada", ya que la dimensión "es muy pequeña para la gestión de los 5.238 millones recaudados por los impuestos cedidos y propios al contar con 832 personas empleadas, solo 29 inspectores y 41 técnicos tributarios autonómicos". Además, según Gestha, en estas circunstancias, "se vaticina que la ATC tendrá que aumentar su plantilla a medio plazo hasta los 5.200 empleados, de los cuales unos 2.000 serán inspectores y técnicos autonómicos, los dos del subgrupo A1, para hacer el control tributario del IRPF," dice el comunicado.
Gestha considera que este modelo se parece al régimen foral, pero sin el reconocimiento constitucional que tienen Euskadi y Navarra. Recuerdan que la Carta Magna reserva al Estado el poder exclusivo sobre el sistema tributario (artículos 133, 149 y 157) y advierten que el proyecto requeriría reformas legales complejas y un amplio consenso político. Además, critican la propuesta de limitar la solidaridad entre comunidades por el principio de ordinalidad, y alertan de que este enfoque podría romper el equilibrio entre regiones.