Pena ratificada. El Tribunal Supremo ha confirmado este jueves la condena de seis años y medio de prisión y 18 años de inhabilitación del juez Salvador Alba por conspirar contra la jueza Victòria Rosell cuando era diputada de Podemos. De esta forma, ha ratificado la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que el año 2019 declaró culpable al magistrado por tres delitos cometidos durante el tiempo que sustituyó a la actual delegada del Gobierno para la Violencia de Género al frente del juzgado de instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria: prevaricación, soborno y falsedad. Por los dos primeros, tres años de prisión; por el tercero, tres años y medio.

Los magistrados han desestimado los recursos de Alba, pero también los de la acusación particular ejercida por la misma Rosell (y la cual se adhirió a Podemos), que solicitaba incrementar la condena hasta los diez años prisión. Es decir, mantiene la sentencia del TSJ de Canarias que condenaba al juez a seis años y medio de prisión, así como la pena de 18 años de inhabilitación. El tribunal también le impuso una multa de 12.000 euros y una indemnización de 60.000 euros en concepto de daños morales.

Perjudicar el prestigio de Rosell

El Tribunal Supremo ha concluido que Alba utilizó "un procedimiento penal para alcanzar finalidades ajenas" al mismo y "perjudicar el prestigio" de la jueza Rosell. En este sentido, ha considerado probado que el condenado se reunió en su despacho con un investigado a quien le prometió que le ahorraría una investigación a cambio de que aportara información y documentación a la causa para afectar a Rosell.

Los magistrados han añadido que la finalidad principal no era interrogar al imputado, "sino crear y aprovechar una ocasión para introducir en la causa aquellos datos que pudieran perjudicar el crédito o el prestigio del anterior juez de instrucción". En definitiva, Alba "torció" el procedimiento para obtener de manera ilícita contratos que pudieran incriminar a Rosell, incluso ofreciendo al empresario imputado la posibilidad de archivar su caso.

Conexiones contrarias a la jueza

La sentencia del TSJ de Canarias que el Supremo ha confirmado declaró probado que Alba manipuló una investigación abierta al empresario Miguel Ángel Ramírez para perjudicar a la jueza que lo había dirigido antes que él, la misma Rosell, cuando esta ya era diputada en el Congreso. La resolución afirmaba que Alba se reunió de forma reservada con el empresario para expresarle su intención de conseguir pruebas que Rosell había intervenido en la causa a pesar de tener intereses económicos indirectos en el asunto, unas supuestas relaciones comerciales entre su pareja y las empresas de quienes entonces era el propietario de Seguridad Integral Canaria.

La posible conexión habría obligado a Rosell a apartarse del caso, si hubiera sido cierta. Pero resulta que fue objeto de una investigación disciplinaria iniciada a instancias de la Fiscalía de Las Palmas, que finalizó con dos resoluciones favorables a la jueza, tanto del Consejo General del Poder Judicial como de la sala contenciosa administrativa del TSJ de Canarias.

 

Imagen principal: El juez Salvador Alba y su abogado llegan a la Audiencia Provincial de Las Palmas / Europa Press