La Audiencia Nacional recoge el guante del Tribunal Supremo. El juez Ismael Moreno, que investiga una presunta organización criminal que supuestamente cobró comisiones por la venta de mascarillas durante la pandemia, ha decidido abrir una pieza separada para investigar los pagos en metálico que hacía el PSOE a José Luis Ábalos (que fue ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE) y Koldo García (que era su asesor). La Audiencia Nacional hace este movimiento después de que Leopoldo Puente, el magistrado que está investigando a Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García por una presunta trama de corrupción de cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones de obras públicas en el Supremo, le remitiera el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre los sobres que recibieron Ábalos y Koldo y toda la información que facilitó el PSOE.
“No se comprende con facilidad que resultara necesario contratar, al menos para esos casos, una empresa de seguridad con el propósito de trasladar desde la cuenta de funcionamiento a la caja del partido importantes cantidades de dinero para entregarlas después en metálico a la persona que ellos designaran, en lugar de proceder, más cómodamente y sin incurrir en gastos adicionales, a realizar las compensaciones que resultaran procedentes a través de las correspondientes trasferencias”, esgrimió Leopoldo Puente. El magistrado justificó su movimiento alegando que hay muchos interrogantes por responder, sobre todo después del informe de la UCO y de los últimos testigos que declararon, la trabajadora del PSOE y el exgerente del partido: “Es claro que todas estas incógnitas deben ser despejadas, en la medida en que pudieran denotar la eventual existencia de conductas o actividades irregulares, e incluso potencialmente delictivas”.
El magistrado del Supremo recordaba que el informe de la UCO reflejaba la existencia comunicaciones sobre posibles pagos en metálico por parte del PSOE a José Luis Ábalos y Koldo García que “no constarían ni por sus fechas ni por sus importes” en la información facilitada por el partido. Y justificaba que, como Ábalos y Koldo se acogieron a su derecho a no declarar cuando fueron citados hace tres semanas, “no ofrecieron ninguna clase de información complementaria que pudiera contribuir a explicar esta aparente falta de sintonía entre las mencionadas comunicaciones y la información facilitada”.
El juez del Supremo sospecha de un presunto blanqueamiento
Leopoldo Puente esgrimió que las explicaciones que dieron Celia Rodríguez (que era trabajadora de la Secretaría de Organización del PSOE) y Mariano Moreno (que era gerente) no le convencieron. E hizo sobrevolar la sombra de duda sobre un presunto blanqueo de dinero: “No se comprobaba si los pagos habían sido realizados en metálico o por intermediación bancaria, de tal manera que no fuera posible que, adelantado el dinero para satisfacer esos gastos eventualmente con fondos procedentes de una actividad ilícita (o, incluso delictiva), no se estuviera, al compensarles dichos gastos, blanqueando su procedencia”, argumentaba.
“Tampoco quedó explicado, de manera suficiente, quién era la persona, y cuál el procedimiento, que comprobaba las facturas presentadas”, añadía el auto, que destacaba que el gerente reconoció que la sola firma de Ábalos justificaba la devolución, “sin necesidad de ninguna comprobación sustancial posterior”, y que tampoco se comprobaba si la persona era, efectivamente, quien había hecho los pagos. “No quedó tampoco suficientemente explicado el origen de las cantidades en metálico de las que el partido político dispondría en su propia sede para hacer frente con ella a las compensaciones de gastos”, apostillaba.