La Audiencia Provincial de Madrid le ha dado la razón al juez Juan Carlos Peinado, que investiga a Begoña Gómez, y ha avalado reclamar el registro de llamadas de la asesora de la mujer de Pedro Sánchez, Cristina Álvarez. Con todo, si bien dan vía libre para analizar las llamadas vinculadas con la Universidad Complutense de Madrid, las empresas que patrocinaban la cátedra codirigida por Gómez o con el empresario Juan Carlos Barrabés, excluye del registro llamadas relacionadas con el rescate de Air Europa, Globalia o el África Center del Instituto de Empresa. Así, según el auto al que ha tenido acceso ElNacional.cat, los magistrados de la Sección Número 23, se ha estimado parcialmente un recurso presentado por Álvarez contra la decisión del juez, que también quiere encargar un informe a la UCO. Para la defensa, esta voluntad de Peinado no tenía motivación y no se cumplían los requisitos para reclamar estos registros porque respondían a un momento en el que Álvarez era "testigo y no investiga al dictarse la resolución".
De esta manera, la Audiencia de Madrid resuelve que los registros solicitados por Peinado deben limitarse al objeto de la investigación y dejando fuera todo aquello que sea relativo a Globalia, Air Europa y África Center. Los jueces también afirman que el hecho de que Álvarez facilitara su número de teléfono durante una declaración como testigo que fue anulada, no implica que no se pueda hacer esta diligencia. A mediados de octubre, el juez Peinado prorrogó seis meses más la instrucción del caso que afecta a la mujer del presidente del gobierno español. El polémico magistrado investiga a Gómez por los presuntos delitos de corrupción en la empresa, tráfico de influencias, intrusismo y apropiación indebida.
Demanda de una causa unificada
El pasado nueve de octubre, la Audiencia de Madrid ordenó a Peinado que envíe a Begoña Gómez a juicio, pero que lo haga de forma unificada en un único tribunal popular, no en dos juicios con jurado, como había acordado, según una resolución comunicada este jueves. El tribunal expone que hay hechos conexos en las dos causas divididas por el juez instructor: uno por el delito de malversación y el segundo por tráfico de influencias, apropiación indebida, corrupción en el sector privado e intrusismo. A juicio del tribunal, la causa es la misma: supuestamente haber usado a la asesora que la mujer del presidente español tiene en la Moncloa, Cristina Álvarez (también imputada) para actividades personales, como la cátedra de la Universidad Complutense. La defensa de la mujer de Pedro Sánchez insiste en que no ha cometido ningún delito. Con la unificación de las dos causas, también se tiene que enviar a juicio, junto con Gómez, a Cristina Álvarez; Francisco Martín, delegado del gobierno español en Madrid, por su anterior cargo de secretario general de la Presidencia, y al empresario Juan Carlos Barrabés.