El exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, utilizó su posición en el Gobierno para recibir información de personas a las cuales consideraba rivales políticos y con fines partidistas, entre las cuales habría Jordi Pujol Ferrussola, hijo del expresidente Jordi Pujol, y otras personalidades políticas y sociales, según informa el ABC. Así lo recoge el sumario de la causa abierta al exministro y a otras 27 personas - entre ellas altos cargos del Gobierno y empresarios - por delitos de tráfico de influencias y corrupción.

La documentación del sumario, a la cual ha tenido acceso ABC, indica que el director general de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, habría enviado una serie de correos electrónicos al ministro Montoro en los cuales se le informaba de la situación fiscal de personalidades políticas y sociales. La documentación fue aportada por la agencia el año 2023, y revela que entre las personas afectadas estaría Jordi Pujol Ferrussola, el primogénito del expresident Pujol; Rodrigo Rato, exvicepresidente del Gobierno; Josep Piqué, expresidente del Partido Popular catalán; el tenista Rafel Nadal y la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, entre otros.

Aunque todavía no ha habido ninguna reacción por parte de Pujol Ferrussola, otras personalidades de la lista sí que se han pronunciado sobre los hechos que se han hecho públicos. Rodrigo Rato, exvicepresidente del Gobierno con Aznar y condenado por delitos fiscales, blanqueo y corrupción, afirma haberse sentido "perjudicado" por Montoro. Por su parte, Esperanza Aguirre ha dicho que "seguro que allí estará el mío" en referencia a las múltiples piezas abiertas por el juez que investiga el caso y la filtración de su declaración de la renta pocos días antes de las elecciones municipales de 2015, cuando era candidata a la alcaldía de Madrid.

Montoro y la Operación Catalunya

Sobre el primogénito del expresidente Jordi Pujol, el ministerio dirigido por Montoro también habría sido implicado en la operación Catalunya. Así lo demuestra un correo del Sepblac del 2014, que da información no veraz a investigadores de Lichtenstein, ya que sostenía que se lo estaba investigando en la Audiencia Nacional "desde el 2013" cuándo, en realidad, el juez José de la Mata asume la investigación contra toda la familia Pujol Ferrussola en diciembre de 2015.

El juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona ha mantenido durante siete años en secreto la investigación sobre si el exministro utilizó su influencia como miembro del Gobierno para cobrar cantidades millonarias a través del despacho de consultoría que él mismo fundó, de parte de empresas que habrían influido para que se redactaran leyes que las favorecieran. A las 28 personas investigadas se las acusa de soborno, prevaricación, tráfico de influencias, fraude a la administración, corrupción en los negocios y falsedad documental.

En los inicios de las indagaciones, el año 2017, la fiscal del caso, Carmen García Cerdá, habría querido abordar el posible hecho delictivo de revelación de secretos que suponía la información que contenían los correos requisados en aquel momento, pero el jefe de la Fiscalía Anticorrupción lo desestimó. El juez instructor ha negado al periódico ABC personarse a la causa por la filtración de secretos de uno de sus periodistas, afectado por la búsqueda de información de los técnicos de Hacienda. Fuentes jurídicas afirman que la investigación del delito de filtración sería difícil a estas alturas, ya que los hechos, fechados en el 2017 o 2018, habrían prescrito.