Cuando una persona entra en un juzgado, no solo debe tener derecho a defenderse, sino que debe poder hacerlo en su lengua. En Catalunya, eso significa en catalán. Pero hoy este derecho, reconocido por ley, todavía es papel mojado en demasiadas ocasiones. El derecho a ser atendido en catalán no se ha garantizado nunca plenamente en el sistema judicial, y eso vulnera los principios más básicos de igualdad y seguridad jurídica.

Por eso en el Consell de l’Advocacia Catalana hemos decidido adherirnos al Pacte Nacional per la Llengua. Lo hemos hecho porque es un compromiso realista que recoge medidas específicas para cambiar una situación injusta como es la escasa presencia del catalán a la Administración de justicia. Una situación que hace demasiado tiempo que dura y que ha generado una percepción muy extendida: en los juzgados, hablar catalán es complicado, y hacerlo como abogado o ciudadano muchas veces se vive como una excepción, o incluso como un estorbo.

El catalán es lengua oficial, sí, pero en los juzgados es casi invisible. Y no precisamente por falta de voluntad ciudadana, sino porque el sistema no lo facilita. Hay jueces y fiscales que no entienden el catalán. Hay interinos que atienden a la ciudadanía, pero no lo hablan. Y hay abogados que quieren ejercer en catalán y no pueden. Esta realidad, que llevamos años denunciando, vulnera derechos lingüísticos y crea desigualdad entre ciudadanos y entre profesionales del derecho. No es admisible que, en Catalunya, todavía haya personas que tengan que cambiar de lengua para acceder a la justicia o que vean cuestionada la validez de un documento legal por el simple hecho de estar redactado en catalán.

El Pacte incorpora una medida esencial: impulsar los cambios legislativos necesarios para que el conocimiento del catalán sea un requisito para acceder a puestos de trabajo públicos en la Administración de justicia. Es una reivindicación histórica que ya no puede esperar más. La igualdad de oportunidades y el respeto institucional pasan por que jueces, fiscales y funcionarios entiendan y puedan utilizar la lengua propia del territorio donde trabajan. También se recogen otros compromisos importantes, como ampliar el fomento del catalán al turno de oficio, asegurar que los cuerpos policiales desplegados en Catalunya respeten el derecho de opción lingüística, y garantizar que los registros digitales del Estado estén plenamente disponibles en catalán.

No es admisible que, en Catalunya, todavía haya personas que tengan que cambiar de lengua para acceder a la justicia

Estas medidas no son ningún privilegio para nadie, sino un modo de equilibrar una balanza que lleva años inclinada. Porque hoy, ser catalanohablante ante la justicia a menudo significa ceder en la lengua, ceder en las garantías y ceder en el derecho. Es urgente corregirlo.

Hablar en catalán ante un juez no es una cuestión simbólica, ni identitaria, ni anecdótica. Es una cuestión de seguridad jurídica, de dignidad institucional y, sobre todo, de derechos. Cuando la lengua de una parte de la ciudadanía queda excluida del sistema judicial, el derecho a una tutela judicial efectiva también se ve comprometido. Si no puedes utilizar tu lengua sin que te suponga un obstáculo, no tienes las mismas garantías. Si no puedes presentar una demanda, realizar una vista oral o recibir notificaciones judiciales en tu lengua, la igualdad es solo aparente.

También es una cuestión de confianza. El sistema judicial es uno de los pilares del Estado de derecho y debe generar seguridad. Pero si una persona siente que tiene que renunciar a hablar como piensa o como siente para defenderse, esa seguridad se hace añicos y la justicia pierde credibilidad. La lengua es un derecho, pero también es una herramienta de proximidad institucional. Cuando el sistema habla la lengua de la ciudadanía, también se vuelve más accesible, más humano y más justo.

Desde el Consell seguiremos trabajando para revertir esta situación. Y lo haremos con la convicción de que una justicia de calidad, moderna y arraigada al país debe tener el catalán como lengua viva, útil y habitual. No basta con la oficialidad. Es necesario el uso real y que el catalán en los juzgados sea tan normal como lo es en otros ámbitos de la sociedad.

Garantizar el uso del catalán en la justicia no es un gesto simbólico, sino una condición imprescindible para hacer efectivo el derecho a la igualdad y a la no discriminación. Solo así podremos construir un sistema judicial que sea también una herramienta de equidad, de proximidad y de confianza. Y, sobre todo, solo así transformaremos un sistema que todavía hoy da la espalda a la realidad lingüística del país.

Joan Martínez i Garcia es presidente del Consell de l’Advocacia Catalana