Desde 1998, el este de la República Democrática del Congo arrastra un conflicto cronificado en el que conviven, a menudo de manera violenta, grupos rebeldes y fuerzas gubernamentales, a pesar de años de presencia de la misión de paz de la ONU (Monusco). La tensión se disparó de nuevo a finales de enero de 2025, cuando el Movimiento 23 de Marzo (M23), una de las milicias más poderosas de la región, conquistó Goma, capital de Kivu del Norte, y, al cabo de pocas semanas, también Bukavu, en la vecina Kivu del Sur, tras intensos combates con el ejército congoleño. Detrás hay un motor que alimenta la guerra con combustible inagotable: el dinero. Kivu del Norte y Kivu del Sur concentran minerales estratégicos como el coltán, esencial para la industria tecnológica y la fabricación de teléfonos móviles. Las disputas por el control y la explotación del territorio provocan miles de muertos cada año, pero no siempre por los disparos

El mundo depende cada vez más del coltán para fabricar dispositivos electrónicos, y esta demanda global convierte el este del Congo en una pieza codiciada del tablero. Según el Departamento de Comercio de los Estados Unidos, la mayor parte de la riqueza mineral de la RDC —valorada en unos 24.000 millones de dólares— aún no se ha explotado, un potencial inmenso que ayuda a entender por qué el M23 aspira a consolidar el control sobre zonas mineras y rutas de comercio. Pero esta abundancia no se traduce en bienestar, ya que la vida cotidiana de millones de congoleños continúa marcada por la precariedad, hasta el punto de que cerca del 60% de una población de unos 100 millones de personas vive por debajo del umbral de la pobreza. En este contexto, los accidentes en las minas son habituales, porque muchas explotaciones funcionan de manera artesanal, al margen de regulaciones y medidas de seguridad, y porque en numerosos casos la minería queda bajo la órbita directa o indirecta de grupos armados como el M23.

Precisamente un nuevo desastre en la minería del coltán ha vuelto a poner rostro a la tragedia estructural que vive la RDC. Este fin de semana ha trascendido que un desprendimiento de tierras en una explotación de Rubaya, en la misma región donde el M23 domina múltiples enclaves mineros, habría causado hasta 300 muertos. El derrumbe se produjo el jueves, tras un episodio de lluvia que debilitó el terreno. Una ladera entera colapsó de golpe mientras cientos de personas excavaban bajo tierra en busca del mineral, atrapándolas sin margen de huida. El caos posterior, marcado por la ausencia de un dispositivo de salvamento coordinado, ha agravado aún más la escena. “Se recogen cadáveres a cada hora y a cada minuto. Las tareas de rescate no están organizadas. Cada uno hace lo que puede para encontrar los cadáveres de sus conocidos”, dijo a EFE por teléfono Ngendu Mwabura, que ejercía como jefe local en la zona.


La tragedia de Rubaya es la enésima muestra de hasta qué punto el país paga el precio de las ambiciones económicas externas, todo en medio de una violencia enquistada y de unas infraestructuras prácticamente colapsadas. La avalancha de tierra y barro no solo engulló el frente minero, según ha detallado Mwabura, varios caminos de los alrededores han quedado sumergidos e intransitables, dificultando aún más cualquier intento de respuesta y dejando la zona aislada. El impacto, además, se ha extendido a los núcleos habitados, con casas y otras estructuras sepultadas. La mayoría de las víctimas serían mineros que trabajaban sin protecciones, pero el balance también incluye a pequeños comerciantes que se ganaban la vida en los alrededores de la mina y a vecinos de las aldeas cercanas, algunos de los cuales fueron literalmente arrasados por el derrumbe.

“Sistema organizado de saqueo”

En medio de esta pugna por el control del territorio y de los beneficios de la minería, el gobierno congoleño ha señalado directamente al M23 como responsable último de la catástrofe de Rubaya, acusándolo de haber instaurado un “sistema organizado de saqueo y explotación ilegal” de los recursos naturales en las zonas bajo su dominio. El ejecutivo defiende que el derrumbe es consecuencia de este modelo de extracción forzado, sin regulación ni garantías, y ha recordado que, antes de que los rebeldes tomaran el control del área, el Estado ya había catalogado el sector como zona “roja”, es decir, de alto riesgo. “Esta clasificación impone la prohibición de toda actividad de explotación y comercialización de sustancias minerales, incluida la minería artesanal. Por lo tanto, las actividades de excavación que se llevan a cabo en este emplazamiento constituyen una flagrante violación de la ley y no respetan ninguna norma de seguridad”, ha aseverado el gobierno.