Como dicen los americanos, here we go again… Un juez federal ha vuelto a bloquear este viernes el último intento de la administración Trump de impedir la entrada de estudiantes internacionales a la Universidad Harvard. La Casa Blanca y la prestigiosa institución académica se encuentran en medio de una escalada de tensiones: el presidente no deja de intentar prohibir la matriculación de estudiantes internacionales, pero de momento los jueces no lo permiten. Este es el segundo intento bloqueado a Donald Trump, que firmó el miércoles la proclamación que pretendía suspender durante seis meses la entrada en los Estados Unidos de cualquier estudiante extranjero que quisiera estudiar o participar en programas de intercambio en Harvard —la orden también instaba al secretario de Estado, Marco Rubio, a revisar y, si procede, revocar los visados de los estudiantes internacionales que ya se encuentran matriculados en la universidad.
Si alguna cosa le falta a la administración Trump es tranquilidad. Desde que los Estados Unidos eligieron al nuevo presidente, los jueces se han dado un hartón de trabajar para repasar unas leyes que a menudo juegan conscientemente con los límites de la legalidad. Después de las deportaciones y los aranceles, ahora es el turno de las universidades. De momento, el presidente ha ido saliendo con la suya en los dos primeros ámbitos, pero habrá que ver si consigue restringir también el histórico alcance internacional de la educación norteamericana. En pocas palabras, el argumento de Trump es que en los últimos años la presencia de estudiantes y visitantes extranjeros ha puesto en riesgo la seguridad nacional —facilitando la infiltración de actores potencialmente peligrosos o de ideologías contrarias en el país—, mientras que el poder judicial expone que estas medidas vulneran derechos constitucionales —como la Primera Enmienda sobre la libertad de expresión y de asociación—, exceden los límites del poder ejecutivo y ponen en peligro la continuidad de la institución.
El tira y afloja entre el poder judicial y el ejecutivo
Esta nueva Casa Blanca es tozuda de mala manera; sabe que tiene que jugar fuerte si quiere conseguir lo que se propone —y no duda a hacerlo. El ejecutivo justifica la medida en cuestión con motivos de “seguridad nacional”, alegando que la presencia de estudiantes extranjeros en Harvard podría ser “perjudicial” a los intereses norteamericanos, citando supuestos vínculos preocupantes de la universidad con países adversarios y un aumento reciente de conductas delictivas en el campus. La administración Trump también acusa a Harvard de no proteger adecuadamente a los estudiantes judíos ante el antisemitismo y de no colaborar con las autoridades en la identificación de actividades ilegales por parte de estudiantes extranjeros.
Ante la nueva prohibición, Harvard presentó el jueves una petición urgente a los tribunales federales para parar la proclamación, argumentando que se trata de una represalia inconstitucional que proviene de su desafío a las exigencias de la Casa Blanca y de su firme defensa de la autonomía institucional —recordemos que Harvard se negó a cumplir las exigencias de Trump sobre conductas que “socavan el prestigio de la institución”. Dicho de otra manera, los abogados de Harvard señalan que estas acciones no buscan proteger los intereses de los Estados Unidos, sino que forman parte de una “venganza gubernamental” contra la universidad.
El juez Allison Burroughs, del tribunal de distrito de Massachusetts, ya había emitido una orden de restricción temporal el mes pasado para parar a Trump, y la universidad pide que esta protección se amplíe para cubrir también la nueva proclamación presidencial. La medida afecta potencialmente a unos 6.700 estudiantes internacionales, que representan aproximadamente el 27% de la matrícula total de Harvard para el curso 2024-2025. Según la universidad, la incertidumbre generada por las acciones de la administración Trump pone en riesgo la continuidad académica y personal de miles de estudiantes y podría tener consecuencias a largo plazo para la búsqueda y la reputación internacionales de la institución.
El juez Burroughs ha dictaminado ahora que Harvard “sufriría un daño inmediato e irreparable” si la prohibición entrara en vigor, y ha concedido una nueva orden de restricción temporal mientras se resuelve el litigio a los tribunales. Así pues, la batalla legal, que gira en torno a la libertad académica, la inmigración y la respuesta institucional al antisemitismo, continúa abierta y el futuro de Harvard y del resto de universidades es del todo incierto.