Con Pedro Sánchez en Santiago de Chile presidiendo una cumbre de la izquierda latinoamericana y después en visita oficial a Uruguay, el PSOE sufrió en el Congreso (de los Diputados) su último revolcón parlamentario antes de vacaciones, quedando meridianamente claro que está muy lejos de poder sacar adelante iniciativas legislativas. El gobierno ya había tenido que retirar en las últimas semanas sus dos propuestas estrellas de cierre del curso político, con las que pretendía sacar algo de lustre a una legislatura agónica: las 37,5 horas semanales, un banderín político de Sumar y Yolanda Díaz para ganar musculatura política de un proyecto en horas bajas, y la reforma de la justicia que lidera el ministro Félix Bolaños y que tiene al sector en pie de guerra. En ambos casos, Junts se ha posicionado en contra, rompiendo así la mayoría de investidura de Pedro Sánchez, y ha obligado al gobierno a retirarlos del orden del día con un discurso falaz a día de hoy, como que el ejecutivo español quería seguir negociando estas dos leyes con el partido de Carles Puigdemont.

Asumidas el gobierno estas dos derrotas, aún se encontró con una nueva en el pleno de este martes, al no lograr los votos suficientes para sacar adelante el real decreto ley impulsado por el ejecutivo para dar respuesta al apagón general del pasado 28 de junio. En este caso, Podemos, Junts, BNG, Vox y UPN ya habían dejado claro que votarían en contra, pero los socialistas confiaban en que los populares les apoyaran con el argumento de que acabarían haciendo lo que fuera mejor para las empresas. Feijóo, que también tiene sus problemas internos por la eclosión del caso Montoro y cuya magnitud exacta es aún difícil de perimetrar, optó por el pragmatismo: lo que mejor le viene siempre a la oposición es la derrota del gobierno. El abrazo de las empresas puede esperar si con ello se traslada a la opinión pública española que Pedro Sánchez no consigue sacar adelante los proyectos legislativos que son complicados y tampoco aquellos que son aparentemente fáciles de que puedan prosperar.

Con este último revolcón parlamentario, queda meridianamente claro que el Gobierno está muy lejos de poder sacar adelante iniciativas legislativas

Sánchez desde Montevideo le pidió a Feijóo algo tan sencillo como la abstención y tener así un pequeño triunfo, pero el sector más duro del PP se mostró inflexible. Con solo una semana, políticamente hablando, por delante, lo más probable es que en unos pocos días se dé el curso por cerrado y los grandes debates se pospongan a septiembre. Pedro Sánchez ha logrado llegar al verano en unas condiciones mejores de las que pensaba cuando su secretario de Organización, Santos Cerdán, ingreso en la prisión de Soto del Real el pasado 1 de julio. Núñez Feijóo, en cambio, llega peor de lo que estaba el 16 de julio, la víspera de que un juzgado de Tarragona imputara al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro de varios delitos, como cohecho, fraude, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental. Todo ello por promover reformas legislativas por las que un despacho de abogados creado por el exministro, Equipo Económico, percibía importantes comisiones que pagaban las empresas beneficiadas.

Es cierto que es un caso de cuando el PP gobernaba, o sea de 2018, y el tiempo queda lejos de la trama actual de corrupción del PSOE y de la familia de Pedro Sánchez. Pero la figura de Montoro despierta tanta animadversión y el caso es de un individuo de mala catadura moral, que la onda expansiva es enorme. Quizás incluso superior al desarrollo judicial que pueda haber y sobre el que nos falta saber muchas cosas después de siete años de una cierta inacción judicial. Pero eso será harina de otro costal y, por ahora, lo relevante es el daño político causado al PP, que no es pequeño, y que, sin duda, amargará las vacaciones al presidente del PP en Galicia. Unas semanas estas del verano que también permitirán especular con un posible reseteo de la legislatura, algo que sueñan los socialistas para acercarse lo máximo posible a 2027, pero por el que, al menos hasta el momento, no están dispuestos a pagar lo que significaría una tranquilidad que ahora no tienen.